TOLEDO.-La Audiencia Provincial de Toledo ha confirmado la sentencia dictada el pasado mes de julio por el Juzgado de lo Penal número 3 de Talavera de la Reina, por la que se condena al alcalde de Lagartera, el ‘popular’ José Vicente Amor Jiménez, a siete años de inhabilitación especial para empleo y cargo público por un delito de prevaricación al intervenir en tres expedientes administrativos, iniciados ante la falta de clausura de dos granjas de cerdos, que debían ser cerradas por el Ayuntamiento.
Una sentencia, dictada por la Sección Primera del tribunal toledano y contra la que no cabe recurso, con la que el letrado José Antonio Bermúdez Alonso, que ha representado a los demandantes, considera que "se hace justicia".
En este sentido, explica que los afectados por los olores, insalubridades y molestias que provocan ambas granjas, "lo único que desean es que se cumpla la legalidad y las sentencias judiciales", de modo que "de una vez por todas y sin más demora" se clausuren ambas granjas. Instalaciones que llevan ya siete años abiertas "sin deber estarlo", precisa el abogado, y que al final van a cerrarse por decisión de los tribunales, en lugar del Ayuntamiento, como debería haberse producido.
Concretamente, el primero de los expedientes es por incumplir la orden de clausura de la granja porcina de un exconcejal de la localidad ‑también del PP‑, Andrés Igual Lozano.
Y es que, según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso PeriódicoCLM, el regidor lagarterano, en el cargo desde junio de 2011, se habría servido de "argucias jurídicas y administrativas" para no cumplir el cierre de la granja del exedil conservador, dictada antes de su llegada al Consistorio por el anterior equipo de Gobierno del PSOE, pero que él mismo habría ratificado tan solo unos meses después de su toma de posesión, después de conocer un informe emitido por los servicios técnicos de la Diputación sobre el recurso interpuesto.
A pesar de ello, el propietario de la granja, el exconcejal Igual Lozano, continuó realizando obras en ella. Trabajos que fueron denunciados por los vecinos, sin obtener respuesta por parte del Ayuntamiento, desde el que no se adoptaron medidas al respecto.
La sentencia de la Audiencia Provincial asegura que "desde el 2011 hasta la fecha no se ha realizado ninguna actuación efectiva tendente al cese de la actividad llevada a cabo en la granja", la cual sigue funcionando "pese a que la licencia presentada y aprobada es para nave agrícola, cuando en realidad su uso es de granja de cerdos y ésta no está aprobada por el Ayuntamiento".
El segundo se refiere a la apertura de una granja que, cuando tomó posesión como alcalde, tenía expediente abierto por no disponer de licencia de obras ni de actividad y "a pesar de las múltiples denuncias de los vecinos, no continuó con el expediente de legalización iniciado por la anterior Corporación municipal".
Y el tercero por inventarse un supuesto procedimiento para declarar lesivos ambos expedientes y así no tener que cumplir lo acordado en los mismos "conculcando la legalidad vigente".
De hecho, respecto a la granja del exconcejal del PP, el regidor dejó transcurrir en exceso los dos meses preceptivos para interponer la demanda contencioso administrativo para la declaración de lesividad, la cual no llegó a presentarse hasta casi diez meses después de su acuerdo.
Esto hizo que, en abril de 2013, los vecinos interpusieran una reclamación previa a la vía judicial, para que se procediera a la clausura de la granja. Petición que tampoco tuvo respuesta por parte el Consistorio gobernado por el PP, por lo que en junio optaron por interponer un recurso contencioso administrativo que aún sigue tramitándose en el Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Toledo.
Una serie de maniobras que dilataron la situación en el tiempo, obligando a varios vecinos a acudir a la vía judicial para materializar su cierre, algo que a fecha de hoy aún no se ha producido. Todo ello a pesar de que en julio de 2016 el Juzgado de lo Contencioso número 3 dictaba sentencia obligando a su "clausura inmediata".
Considera probado el juez que el proceder del acusado se condujo "con conocimiento de que su inactividad administrativa provocaba el mantenimiento y uso de instalaciones que carecían de las licencias y autorizaciones necesarias para su funcionamiento, contraviniendo el interés público y causando serio perjuicio a los vecinos afectados", recoge la sentencia.
Unos vecinos que, ante la "inactividad del Ayuntamiento", se vieron obligados a buscar el auxilio judicial que ahora les reconoce sus derechos, a pesar de lo cual la Alcaldía de Lagartera "no adopta los medios para su efectivo cumplimiento".
En su sentencia, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo desestima los cinco motivos expuestos por la defensa del regidor conservador en su recurso de apelación, entre los que se apuntaba a un error en la valoración de la prueba; la vulneración del principio acusatorio; una falta de motivación de la resolución recurrida "por la falta de lógica del discurso argumental", así como una infracción del principio de intervención mínima y lo que consideraba la defensa una incorrecta aplicación del derecho.
Además, el juez no solo desestima los motivos de José Vicente Amor, sino que también le condena a las costas del proceso.
