La Junta de Comunidades exige al PP ”responsabilidades” por el fraude de la desaladora de Escombreras 

El Ejecutivo castellano-manchego reclama que se conozcan ”todos los datos” de este nuevo ”pelotazo”, a través del cual se han hecho ”negocios turbios” con el agua. 

TOLEDO.- El Gobierno de Castilla-La Mancha exige ”responsabilidades” al Partido Popular por el presunto fraude de hasta 600 millones de la desaladora de Escombreras, en Cartagena, tras conocerse el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que tramita un juzgado murciano. 

Un informe en el que se recogen los detalles de la 'trama del agua', a través de la cual no solo se habría amañado la adjudicación de la desaladora a la empresa ACS, sino que mediante contratos falsos, facturas simuladas, informes jurídicos fabricados y diversas irregularidades contables, los populares habrían cargado las deudas de la compañía a los presupuestos regionales de Murcia. 

Una información adelantada por El Confidencial, que ha tenido acceso al informe remitido en enero al Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, tras dos años de investigaciones. 

Una trama en la que estaría implicado el exconsejero de Agricultura y Agua de Murcia entre 2007 y 2015, Antonio Cerdá, así como una decena de empleados de ACS y su filial Cobra. Todos ellos habrían tomado decisiones en este sentido, bajo el mandato del expresidente Ramón Luis Valcárcel, hoy 'retirado' de la política española como vicepresidente del Parlamento Europeo. 

Según recoge el informe, la trama se habría puesto en marcha cuando la compañía de Florentino Pérez pagaba más de un millón de euros en facturas ficticias para negociar con inversores locales que querían construir una desalinizadora con la que paliar el déficit de agua en Murcia. 

Tras ello, Valcárcel creaba la empresa pública Hidronostrum SA, a la que autorizaba la compra del 51 por ciento de las acciones de la desaladora de Escombreras, pasando así a ser gestionada mayoritariamente por la Administración regional. 

Poco después, y tras aliarse con el PP, ACS constituía en enero de 2006 la empresa Desaladora de Escombreras SA, con la totalidad de las acciones en su poder. El grupo de Pérez llegó a recibir así casi 600 millones por una desaladora que prácticamente no funciona, cinco veces más de su coste. 

Un ”pelotazo” que desde el Ejecutivo castellano-manchego se considera como algo ”muy grave”, por lo que instan a los populares a dar una respuesta, al tratarse de dinero público y poner en evidencia que ”de esa forma no se está repartiendo el agua entre todos, sino que se están beneficiando unos pocos”. 

Así lo manifestaba el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, quien criticaba que con el agua se hayan hecho ”negocios turbios”, por lo que ahora pide que se conozcan todos los datos. 

En este sentido, el consejero argumentaba la necesidad ”urgente” de que la Administración General del Estado ”incluya a todos” en el pacto nacional en materia de agua, para que de este modo la comunidad autónoma sea ”parte activa” de ese acuerdo. 

Considera Martínez Arroyo que es necesario que en materia de agua se trabaje ”de la mano”, aunque defendiendo los derechos de los ciudadanos de Castilla-La Mancha. ”Con nosotros que no cuenten con una guerra de agua entre regiones, sino que el agua genere desarrollo en la comunidad autónoma”, sentenciaba. 

Comentarios