TOLEDO.- La renta mínima garantizada en Castilla-La Mancha superará, por ley, los 600 euros mensuales. Así lo recoge el borrador del anteproyecto de Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas, que establece este derecho subjetivo que en su primer año de aplicación prevé llegar al 90 por ciento de nivel de cobertura de los hogares de la región con menores a su cargo y que tengan ingresos bajos.
Un nuevo derecho que "no permite comparativa", subraya en un artículo de opinión la consejera propuesta por Podemos para la Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas de la Junta, Inmaculada Herranz, puesto que se trata de un sistema de protección social "sin precedentes" en Castilla-La Mancha. Es, en su opinión, "un nuevo paso adelante" hacia el objetivo de alcanzar el cien por cien de protección, ya que "garantizar la igualdad social es garantizar la libertad individual".
Además de este derecho de nuevo cuño, Herranz destaca la incorporación a este anteproyecto de Ley de las principales prestaciones del Plan a través de un conjunto de garantías complementarias. Un borrador que surge de "un proceso riguroso" de implementación del Plan Integral de Garantías Ciudadanas, su evaluación y el "análisis científico" de las necesidades de la población, subraya la consejera.
Pero no todas las prestaciones contempladas en el Plan son nuevas, al existir previamente algunas de ellas. Esto, dice Herranz, "puede provocar que la comparativa directa con los años anteriores a la puesta en marcha del Plan se haga más compleja". No obstante, y hecha esta salvedad, la consejera apunta como "novedad radical" que "frente a la anterior descoordinación y dispersión de políticas públicas en materia social", por primera vez se ha procedido "a una integración y reordenación de medidas y prestaciones".
Una reordenación que, según la consejera, "ha podido trasladar confusión en los análisis de ciertos medios de comunicación" y es por ello que la consejera de Podemos pretende ofrecer su versión de los hechos, refiriéndose aparentemente a una información publicada este domingo por Europa Press, en la que se indicaba que las medidas del Plan de Garantías Ciudadanas solo están llegado al 6,5 por ciento de los 130.500 hogares con bajos ingresos que hay en Castilla-La Mancha.
Según explica Herranz, este Plan nacía con el objetivo de "mejorar la respuesta a las necesidades de una población duramente golpeada por la crisis económica". Para ello planteaba integrar medidas que anteriormente estaban dispersas y de las cuales se carecía de un histórico de evaluaciones sobre su impacto y efectividad.
Así, "a ocho meses de nuestra entrada en el Gobierno" ‑precisa la consejera de Podemos en el artículo de opinión remitido desde el gabinete de Comunicación del Ejecutivo regional‑ "se ha conseguido implementar el Plan con importantes mejoras de cobertura, se ha elaborado el primer informe de seguimiento del 2017, disponemos de un diagnóstico en profundidad de las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas de la región y se ha elaborado el borrador de anteproyecto de Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha ajustándolo a dicho diagnóstico". Y apunta, "rara vez en las políticas sociales de nuestra tierra se ha hecho tanto, y tan novedoso, en tan poco tiempo".
De este modo, y una vez recalcado el papel que ha jugado su entrada en el Ejecutivo regional que preside Emiliano García‑Page para esta reordenación de prestaciones ya existentes, la consejera da cuenta de las principales mejoras del Plan.
Entre ellas destaca así el "significativo aumento presupuestario en el 2018, que supone un incremento del 31,6 por ciento respecto a algunas de las medidas existentes en el 2016, y del 20 por ciento respeto al 2017", y "la integración de las medidas de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para una mayor cobertura a los hogares con escasos ingresos.
Por otra parte, señala también la mejora del Plan de Pobreza Energética, al establecer que se podrán percibir dos prestaciones al año "en lugar de la única que se había previsto en 2016".
Asimismo, y apelando al "compromiso político" de los miembros de la formación morada presentes en el Gobierno, Herranz destaca que el 20 de marzo se hacía público el primer informe de seguimiento de las medidas del Plan Integral de Garantías, "por primera vez en Castilla-La Mancha" ‑cabe recordar en este punto que el Plan en sí, fue aprobado por el Consejo de Gobierno a finales de octubre de 2017‑.
Un informe en el que se analiza la implementación y el impacto del Plan Integral, entre cuyos principales resultados globales Herranz destaca "la nueva concesión de 137.062 prestaciones en el 2017", de las cuales se han beneficiado un total de 100.000 perceptores. Respecto a 2016 se producía así "un incremento en el volumen de prestaciones del 23,4 por ciento".
Sin embargo, precisa la consejera, diseñar políticas sociales que se adapten a las situaciones reales de la población "requiere un diagnóstico en profundidad" que determine el conjunto de necesidades y la dimensión de las mismas. Para ello, añade, de nuevo "por primera vez" en la región, la Universidad de Castilla-La Mancha ha elaborado un estudio representativo "en todas las provincias y capitales" de la región con el objetivo de fijar la población de alta vulnerabilidad a la que deberá dirigirse esta nueva ley que tendrá como objetivo "proveer a la ciudadanía de los recursos necesarios para tener una vida digna".
Un diagnóstico del que se desprende que del total de hogares de la región, el 16,7 por ciento vive con bajos ingresos, mientras que en el conjunto de los hogares con menores "esta situación afecta al 14,7 por ciento", apostilla. A un 90 por ciento de ellos se prevé que pueda llegarse durante el primer año de aplicación de la renta garantizada.
