GUADALAJARA.- La permisividad de los gobiernos del Partido Popular en la localidad guadalajareña de Yebes entre 2006 y 2009 con dos de los principales encausados de la trama 'Púnica', a los que adjudicó la construcción y concesión del colegio concertado 'Luz de Yebes', podría llevar a la quiebra a la Tesorería del municipio. 

Una denuncia que ha hecho el actual alcalde, el socialista Miguel Cócera, después de que este municipio sea el único de la provincia que, teniendo más de 3.500 habitantes, tiene acerada su deuda y acumula sucesivos superávits anules –el último de 645.000 euros-, y sin embargo no pueda hacer uso del remanente de 7 millones, debido a las responsabilidades económicas que se pudieran derivar de la gestión llevada a cabo por los dos gobiernos populares. 

Un remanente que se desearía emplear para mejorar servicios y equipamientos del municipio, pero que peligra a causa de las posibles responsabilidades ”multimillonarias” que se pudieran derivar del proceso judicial abierto, después de que Liberbank lo haya reclamado, en calidad de principal acreedor hipotecario de la concesión que existió sobre la infraestructura educativa. 

Una situación que ha llevado al regidor a dirigirse a la Audiencia Nacional para pedir al juez que instruye el sumario que depure las responsabilidades políticas que se encuentran en el origen de este conflicto judicial. 

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Para ello, el pasado mes de septiembre el alcalde de Yebes presentaba en el Registro de la Audiencia Nacional un escrito dirigido al juez Manuel García Castellón, en el que ponía en su conocimiento una serie de hechos que tuvieron lugar en la localidad guadalajareña en esos años y que podrían tener relación con lo investigado en el Juzgado de Instrucción número 6. 

Cóceres asegura en dicho escrito que no se hacen en él afirmaciones gratuitas, sino que se da cuenta de un procedimiento lesivo para los intereses generales de los vecinos de Yebes que, una década después, puede llevar a ”quebrar la solvencia” del municipio. 

En este sentido, el regidor yebero recuerda cómo entonces se planteó un concurso ”a medida”, al que concurrió una única empresa, que resultó ser la misma que unos meses antes había presentado un escrito en el Consistorio en el que comunicaba su interés por participar en un concurso público para la construcción y explotación de un centro privado concertado en la localidad. 

Un centro, apunta Cóceres, que dispondría de cuatro líneas completas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, con capacidad para más de 1.600 alumnos. Algo que, subraya el actual alcalde de Yebes, ”llama poderosamente la atención” puesto que por aquel entonces la localidad ”apenas contaba con un censo de población de 239 habitantes y menos de medio centenar de niños en edad escolar”. 

No obstante, en noviembre de 2006 el Pleno presidido por el Partido Popular adjudicó la concesión de uso privativo para ese colegio a una sociedad cooperativa representada por Alfonso Ferrón del Río, propietario de Alfedel, actualmente encausado en la 'Púnica'. Él mismo firmaba la única propuesta que se presentó al proceso de licitación. 

Un año después, y ya con un nuevo gobierno al frente del Ayuntamiento de Yebes, aunque también presidido por el Partido Popular, se iniciaban los trabajos de construcción de este complejo educativo, los cuales corrieron a cargo de la empresa Obrum, filial de un grupo constructor propiedad de David Marjaliza, otro de los encausados en la trama 'Púnica'.

Un centro que se ubicaría en el barrio de Valdeluz, levantado a la sombra de la estación del AVE que recientemente había abierto sus puertas.

La sociedad presentaría en 2009 concurso de acreedores. 

PARECIDO RAZONABLE 

Y es que, según recuerda el alcalde de Yebes, la investigación judicial que se está llevando a cabo ha desvelado que una veintena de colegios auspiciados por esta red eran construidos, en la mayoría de los casos, por empresas vinculadas a Marjaliza, socio y amigo de Francisco Granados –por aquel entonces secretario general del PP madrileño-. A cambio, Alfedel habría abonado comisiones a ambos, las cuales se ”enmascaraban” como presuntos trabajos de consultoría. 

Elementos todos ellos que también se encuentran en el caso de Yebes, puesto que el procedimiento que siguió el Ayuntamiento presidido por el PP fue ”idéntico” al que se pone de manifiesto en la pieza 11 del sumario, en la cual se investiga si hubo irregularidades en la adjudicación de los colegios promovidos por Alfedel. Un gobierno municipal que adjudicaba el concurso de concesión administrativa por un periodo de 50 años a una cooperativa de profesores sobre un bien de dominio público para que se construyera un colegio privado concertado, cuyas obras correrían a cargo de Obrum y otras empresas vinculadas a Marjaliza. 

Por otra parte, el regidor yebero también recuerda en su escrito dirigido al juez que poco después de que el colegio 'Luz de Yebes' abriera sus puertas para el curso escolar 2008/2009 -sin contar con concierto con la Junta de Comunidades-, el pleno municipal autorizó a la cooperativa Milenia a gravar con hipoteca los derechos de la concesión administrativa de uso privativo sobre la parcela en la que se iba a construir el centro. 

Éste, subraya, fue el detonante del proceso judicial que se sigue ahora, puesto que aquella autorización fue la base para que se concediera un préstamo hipotecario a la sociedad por valor de más de 18 millones, para la construcción y puesta en marcha del colegio. 

PIDEN AMPARO AL JUEZ 

Por ello, con su escrito el alcalde quiere pedir el amparo del juez para que se puedan sustanciar las responsabilidades políticas sobre lo sucedido. Considera que ”si de los tres que se sentaron en la mesa, dos son delincuentes confesos”, como es el caso de Alfedel y Marjaliza, ”es raro que estos señores viniesen aquí de vacaciones”, por lo que está convencido de que detrás de esto ”hay algo más”. 

No obstante, Cóceres lamenta que ”semejante disparate” deban pagarlo los vecinos diez años después. 

Y es que esta situación ha llevado a que el Ayuntamiento de Yebes esté obligado a retener ese remanente de Tesorería, para poder hacer frente a las posibles responsabilidades económicas y patrimoniales de este litigio. 

”Lo hacemos por un criterio de prudencia” ante la posibilidad de que hubiera que asumir una sentencia condenatoria, apunta el alcalde. Un remanente que de no encontrarse ante esta situación, podría haberse destinado a la construcción del edificio que ”evitaría tener que prestar servicios en casetas de obras” en lugar de en unas instalaciones dignas. Una ”losa” que ha venido impuesta al municipio por parte del Partido Popular ”y sus amistades peligrosas”. 

Cócera insiste en que el actual Gobierno municipal ”nada tiene que ver con este despropósito”, por lo que ha decidido poner a disposición del juez toda la información disponible. Precisa así que ”en lugar de recurrir a titulares mentirosos, preferimos acudir a los juzgados para que sea la justicia la que se encargue de dilucidar lo que ha sucedido en este caso”.