TOLEDO.- El secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha y vicepresidente segundo de la Junta, José García Molina, se ha ofrecido hoy ‑horas antes de que comience el juicio‑ para mediar en el conflicto entre los seis jóvenes que decidieron recuperar, reconstruir y repoblar Fraguas, un pueblo abandonado en la Sierra Norte de Guadalajara, y el propio Gobierno al que pertenece, presidido por el socialista Emiliano García-Page.
En un mensaje escrito a través de sus redes sociales, García Molina ha hecho esta propuesta ante la "inminente cita judicial" contra los okupas, que mañana se sentarán en el banquillo tras haber sido denunciados por el Gobierno regional –de la que desde el pasado mes de julio forma parte también la formación morada‑ por usurpación de monte público, enfrentándose así a condenas que suman 26 años de prisión y más de 26.000 euros en sanciones. Un proceso judicial en el que la Junta se ha personado como acusación particular.
García Molina considera que la situación, que incluso ha saltado a la prensa internacional, merece una "solución justa", pues ha recordado que Castilla-La Mancha tiene un "grave problema de despoblación" y ha opinado que "castigar a un colectivo de jóvenes que están buscando alternativas para recuperar los pueblos, sería lanzar un mensaje muy negativo para la sociedad".
Por ello, se ha ofrecido como mediador para "encontrar una solución acordada entre las partes". "Estoy convencido que, si tenemos en cuenta que nadie duda del valor de este proyecto para nuestra tierra, podemos llegar a un acuerdo en el que prevalezca el sentido común, la proporcionalidad y la justicia", ha concluido García Molina.
En relación a este caso, cabe destacar que García Molina, a través de un artículo de opinión publicado en abril de 2017 ‑tres meses antes de entrar en el Gobierno de Page‑, acusó a la Junta de "perseguir a personas que están logrando devolver la vida a un pueblo derruido", e incluso llegó a exigir al Ejecutivo regional la retirada de su denuncia contra los okupas tras calificarla como "injusta".
Una postura que ahora sigue reivindicando el portavoz de Podemos en el Parlamento castellano‑manchego, David Llorente, que el pasado martes se desmarcaba del Gobierno autonómico al que pertenece su partido para no ser "cómplice silencioso" de su "represión" contra los repobladores de Fraguas.
LA JUNTA CONTRADICE A SU VICEPRESIDENTE
Mientras tanto, desde la Junta insisten en que tienen la "obligación" de ser acusación y aseguran que retirarse del proceso judicial "sería simple y llanamente prevaricar". Con estas palabras se ha pronunciado el portavoz del Gobierno de Emiliano García-Page, Nacho Hernando, que la ley es "muy clara".
En referencia a los jóvenes que han rehabilitado Fraguas, Hernando considera que "el motivo puede ser justo o que las intenciones de esas personas son buenas", aunque afirma que retirar la acusación particular no entra dentro de las "posibilidades legales".
Sobre el asunto también se ha manifestado el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, que recuerda que el procedimiento judicial se inició después de que agentes medioambientales, "en el ejercicio de sus funciones", levantaran un acta por la repoblación de Fraguas y que la Junta ha tenido que tramitarla porque lo contrario sería "un delito muy grave".
Martínez Arroyo ha explicado que se han reunido en varias ocasiones con los repobladores de este antiguo municipio a los que se han ofrecido "alternativas". "Tenemos pueblos abandonados en esa zona que no tienen complicaciones desde el punto de vista ambiental y que se podrían poner a su disposición, pero no lo han querido", sentencia el consejero.
