TOLEDO.- La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo investigará las ayudas sin fondos concedidas a la agricultura ecológica por el Gobierno regional de María Dolores de Cospedal, ya en funciones, y a tan solo dos meses de las elecciones autonómicas de 2015.
Una investigación que ha decidido encargar la Comisión de Peticiones de la Cámara europea, tras la reunión del pasado lunes, en la que se abordó la petición planteada en 2016 por parte del colectivo agrícola castellano‑manchego Unión de Uniones, en relación a las reducciones de los importes de las ayudas a la agricultura ecológica.
Sesión antes de la cual, el eurodiputado y secretario de Organización del PSOE de Castilla‑La Mancha, Sergio Gutiérrez, solicitaba la comparecencia ante el Parlamento Europeo de la expresidenta Cospedal y de la que fuera consejera de Agricultura de su Ejecutivo, María Luisa Soriano, "para dar cuenta de su nefasta gestión de las ayudas que en su día concedieron a la agricultura ecológica de nuestra comunidad autónoma".
Considera el socialista que es necesario que ambas expliquen a los responsables comunitarios "por qué, en su día, sacaron una convocatoria de ayudas a la agricultura ecológica, con un gobierno en funciones y a dos meses de las elecciones, sin haberse aprobado el Plan de Desarrollo Rural (PDR) por los responsables comunitarios", lo cual supuso que "esas ayudas no contaran con el necesario soporte económico".
Gutiérrez también criticó durante su intervención que las polémicas ayudas fueran convocadas por el Ejecutivo regional del Partido Popular pese a que unos meses antes la Comisión Europea ya le había remitido "más de 60 folios de alegaciones a su PDR, avisándoles de que era una auténtica chapuza". "¿Qué buscaba la señora De Cospedal con esa chapuza política?", cuestionaba el secretario de organización del PSOE castellano‑manchego.
Al margen de esta solicitud de comparecencia planteada por el eurodiputado socialista, durante la reunión de la Comisión de Peticiones los representantes de la Comisión Europea reconocieron el trabajo desarrollado por el Gobierno de Emiliano García-Page en favor de este sector. "Han puesto en valor que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que destina el porcentaje más alto a la agricultura ecológica, con un 15 por ciento del PDR, muy por encima de lo que se destina de media en la Unión Europea, que es el 6 por ciento", detallaba Gutiérrez tras la sesión.
Por su parte, el representante del Gobierno comunitario habría recordado que la propuesta inicial enviada a la Comisión Europea por el Gobierno de Cospedal recibió más de 300 alegaciones en noviembre de 2014, lo cual indicaba "la baja calidad del PDR propuesto por la Administración de Castilla-La Mancha". Además, el representante de la Comisión Europea ante la Comisión de Peticiones, reconocía que fue él mismo quien redactó las alegaciones, afirmando que el PDR de Cospedal era imposible de aprobar por parte de la Comisión y que finalmente pudo aprobarse, tras diversas modificaciones, en octubre de 2015.
EXPLICACIONES QUE NO CONVENCEN
Mientras tanto, los promotores de la petición, el colectivo Unión de Uniones, volvieron a ser escuchados en la Comisión de Peticiones. La organización, que estuvo representada por su presidente, Andrés García, quien acudió acompañado por un miembro de la Plataforma Ecológica, Felipe Ávila, que ejerció como portavoz durante la intervención en defensa de los agricultores ecológicos respecto a los recortes aplicados a las ayudas.
Una defensa en la que pusieron de manifiesto que "el recorte drástico y con carácter retroactivo de las ayudas a la agricultura ecológica de la región y los cambios de criterios en esta medida, llevaron a la expulsión de miles de agricultores del sistema". Cuestiones que, recuerdan desde Unión de Uniones, ya fueron tratadas por primera vez en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en julio del año pasado, con motivo de la queja presentada por la organización y a la que se adhirió la Plataforma Ecológica.
Una reunión en la que se acordó remitir una carta a las autoridades regionales subrayando la importancia de la sostenibilidad de la agricultura ecológica, a la que desde el Ejecutivo autonómico se daba respuesta a finales del mes de mayo a través de un escrito en el que la Consejería de Agricultura aseguraba compartir la preocupación de la Comisión por la sostenibilidad de la agricultura ecológica, teniendo en cuenta además que es una de las medidas establecidas en el PDR 2014-2020 para atender en prioridad, y para ello se ha comprometido a aumentar el número de hectáreas destinadas a la producción ecológica, "puesto que a mayor superficie beneficiaria, mayor será el beneficio medioambiental".
Por esta razón, explica el escrito que firma el consejero Francisco Martínez Arroyo, en la versión del PDR enviada en octubre de 2015 ‑cuando ya se había producido el cambio de Gobierno en la región‑ contenía como objetivo un total de 286.800 hectáreas, mientras que en la primera versión se incluía una superficie de 134.817 hectáreas, habiendo aumentado el presupuesto de 214,3 a 235,5 millones para este programa.
Un presupuesto que, dice el Ejecutivo de García-Page, "refleja el interés de este Gobierno por la agricultura ecológica, al destinar un porcentaje superior del gasto total del PDR".
Asimismo, recuerdan a la Comisión de Peticiones que la orden de 24 de marzo de 2015 del Gobierno de Cospedal, por la que se establecían las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, fue publicada antes de la aprobación del PDR de Castilla-La Mancha 2014-2020, por lo que contenía una cláusula suspensiva que condicionaba la concesión de ayudas a su aprobación final, y, por tanto, los importes que recogía no eran definitivos.
De este modo, en la versión final del PDR "se consideró aumentar el número de hectáreas y beneficiarios por lo que, finalmente, mediante la orden de 8 de marzo de 2016 se establecieron los importes de ayuda revisados y conformes a las disposiciones del PDR". Modificaciones del plan destinadas al apoyo a la agricultura ecológica que previamente fueron propuestas al Comité de Seguimiento, según establece el reglamento.
Explicaciones que, sin embargo, no convencen a los agricultores, que defienden que la cláusula suspensiva es aplicable si la medida no es admitida en el PDR, "pero no puede ser invocada para alterar con carácter retroactivo el importe de las ayudas y para cambiar los criterios de selección de los expedientes".
Según su versión de lo sucedido en la Comisión, únicamente se entró a ponderar la compatibilidad del PDR de Castilla-La Mancha con la reglamentación europea, "sin valorar decisiones adoptadas por la Consejería previamente a la aprobación del PDR por el Ejecutivo Comunitario". Sin embargo, aseguran que la Comisión se mostró "comprensiva" con la posición de los agricultores y los animó a acudir a los tribunales si entendían sus intereses perjudicados. Algo, subrayan en su comunicado, que los agricultores ecológicos ya han hecho ante el Tribunal Superior de Justicia de Albacete.
LA JUNTA SE ARREPIENTE DE NO DENUNCIAR
Ante esta situación, el Gobierno de Emiliano García-Page, a través de su portavoz, Nacho Hernando, si de algo se arrepienten ahora, es de no haber denunciado al anterior Gobierno de Cospedal por "posible prevaricación" al plantear ayudas a la agricultura ecológica sabiendo que "no había fondos para pagarlas".
A preguntas de los periodistas, ha explicado que el actual Ejecutivo no denunció "ante la fiscalía o a quien hiciera falta el reparto que había planteado Cospedal" en un "gesto de buena fe y de intentar buscar soluciones más que generar problemas".
Hernando ha explicado que el actual gobierno lo que hizo "fue modificar e intentar arreglar ese problema", sin embargo, ha lamentado que, "como en todo, hay personas que se ven beneficiadas y una minoría, en este caso, se vio perjudicada", y ha asegurado que a estas pocas personas hemos intentado buscar soluciones a cada problema concreto de cada persona".
