TOLEDO.- La Vicepresidencia segunda del Gobierno regional busca apoyos en distintos ámbitos de la sociedad castellano-manchega para el borrador del Acuerdo Estratégico para la Paz y la Convivencia en el que viene trabajando desde hace meses. Un documento para el que se ha tomado en parte como guía el modelo contemplado en el Plan de Actuación del Gobierno Vasco frente al terrorismo internacional de pretexto religioso, al considerar algunas de sus iniciativas como "ejemplos de buenas prácticas" y ver en ellas posibles marcos de trabajo a implementar en Castilla-La Mancha.
Así lo recoge el borrador del Acuerdo, al que ha tenido acceso PeriódicoCLM, a través del cual se propone a quienes se adhieran a él, un compromiso de trabajo conjunto "en favor de la paz y la convivencia" en Castilla-La Mancha, impulsando para ello "políticas globales de prevención de los procesos de radicalización, estigmatización o exclusión social" basadas en un enfoque transversal, en una estrategia común articulada en torno a la elaboración y puesta en marcha de un Plan General de Prevención de la Radicalización Violenta.
Un marco de consensos y preacuerdo inicial en el que se establecen cuatro grandes ejes en torno a los cuales se articulan las líneas programáticas a implementar.
Por una parte, proyectos para la cohesión social, incidiendo en la universalidad de las políticas sociales, la deconstrucción de prejuicios y estereotipos, y promoviendo modelos de relaciones positivas de convivencia democrática pacífica entre personas, familias y grupos de diferente origen cultural o religioso.
Otro eje lo constituyen los proyectos para la convivencia interreligiosa, para lo cual se prevé el establecimiento de una agenda de diálogo interreligiosa, así como la creación de un foro anual de encuentro, en el que participen "las confesiones religiosas presentes en la vida social de Castilla-La Mancha".
Asimismo se contempla otro eje argumental dedicado a la promoción de la cultura de los derechos humanos, en el que se circunscribe la creación del Observatorio de los Derechos Humanos. Un órgano que se ocupará de la realización de diagnósticos y actuaciones "contra todo tipo de discriminación" y desde el cual fomentar la promoción de un discurso de tolerancia y respeto democrático.
Un cuarto eje se dedica al desarrollo de proyectos educativos, formativos y comunicacionales, orientados tanto al trabajo en los centros escolares, como a facilitar el encuentro entre investigadores "de ambos lados del Mediterráneo" -precisa el documento-. Asimismo se plantea la creación de "materiales y libros de estilo" orientados a favorecer "una mejor política de información y comunicación", tanto de la Administración como de los entes públicos. Materiales, recoge el texto remitido en busca de apoyos, que deberán hacerse eco de "lenguajes y fórmulas comunicativas que, desde la libertad de expresión, tengan en cuenta la pluralidad ideológica, política y religiosa", y que además eviten estigmatizaciones o vulneraciones de la dignidad de las personas o colectivos.
Un borrador en cuya introducción se subraya la importante lección aprendida de los episodios de ataques a las libertades y experiencias de agresión a la democracia sufridos, "una sociedad libre nunca debe ceder ante el terror".
Del mismo modo pretende dejar claro que frente a la violencia y el terrorismo no tienen cabida ni los cálculos electorales ni las posiciones partidistas, sino "una respuesta ética y políticamente sostenible: el rechazo frontal y absoluto".
Sin embargo, advierte que no basta mantener firme esa defensa del Estado de Derecho, de los derechos humanos y la igualdad ante la ley, sino que se precisa "proteger a la democracia de quienes la amenazan desde posiciones fundamentalistas, intolerantes y excluyentes".
Una tarea en la que junto a su persecución "con todas las herramientas del Estado de Derecho", debe impedirse que la radicalización pueda degenerar en terrorismo y de esta forma "llegar a salvar vidas".
Un documento que el vicepresidente segundo, José García Molina, presentaba a los grupos parlamentarios el pasado mes de mayo en las Cortes, tras varios meses de reuniones con organizaciones e instituciones que trabajan en distintos ámbitos.
Entre ellos, tal y como recoge el anexo del borrador del Acuerdo para el que se busca consenso, se han mantenido reuniones con representantes de entidades europeas, como el coordinador de la lucha contra el terrorismo de la Unión Europea, miembros de la Comisión Parlamentaria Mixta Marruecos-Unión Europea o el secretario general del Consejo Europeo de los Ulemas marroquíes.
A nivel estatal se han mantenido encuentros con miembros del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, y representantes del Gobierno del País Vasco.
En lo que respecta a las distintas confesiones religiosas, se han mantenido contactos con la Comisión Islámica Española y la Archidiócesis de Toledo; mientras que los encuentros con colectivos del tercer sector han sido más numerosos. Se citan así reuniones con Movimiento por la Paz; Cruz Roja Española; la Asociación Comisión Católica Española de Migraciones (ACCEM); el Comité Nacional Español del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR España); el Comité Nacional Español de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA España); la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR); la asociación Horuelo-Hogar de acogida de menores 'Al Amal' y la Asociación 11M de víctimas del terrorismo.
Colectivos todos ellos a los que se ha remitido el documento, así como a once organizaciones sindicales representativas de la región de distintos sectores, y a un total de 53 formaciones políticas "que tienen implementación regional e incluso local e institucional", tal y como detallaba el vicepresidente segundo.
Un proceso en el que desde el departamento que dirige confían en culminar con una firma "mayoritaria" del documento con el que se pretende lanzar "un buen mensaje de paz, de convivencia, y sobre todo de rechazo de cualquier forma de radicalización que pueda generar violencia", tal y como señalaba el propio García Molina durante la rueda de prensa que ofrecía el pasado 21 de junio para dar cuenta de los últimos pasos dados en la elaboración del Acuerdo Estratégico.
