CIUDAD REAL.- Entre 20.000 y 30.000 euros es el coste que la Administración regional estaría dispuesta a asumir para proceder al sacrificio y posterior incineración de las cincuenta vacas y terneros que sobrevivieron al abandono de su dueño, ahora procesado por un delito de maltrato animal. Cincuenta reses sanas que no se infectaron de la tuberculosis sí detectada en otros tres ejemplares de la misma explotación ganadera y que siguen a la espera de una resolución judicial en la localidad ciudadrealeña de Navalpino.
Un sacrificio que es la única salida que el Gobierno de Castilla-La Mancha ofrece para estos animales, al considerar inasumibles por parte de la Administración los gastos de mantenimiento. Todo ello a pesar de que ya han sido varios los santuarios de animales e incluso algún ganadero a título particular que han manifestado su disposición a hacerse cargo de los animales.
Y es que ese sacrificio es "innecesario", tal y como sostiene el informe pericial al que ha tenido acceso PeriódicoCLM, firmado por el veterinario Jesús María Lombarte del Valle, que la asociación castellano‑manchega Proanimal ha presentado en el Juzgado de Instrucción número 1 de Ciudad Real, que conoce el procedimiento penal por maltrato animal que se sigue contra el propietario de los animales.
Un proceso en cuyo marco el pasado mes de febrero la Guardia Civil citaba a declarar en calidad de investigado al titular de esta explotación vacuna, donde se localizaron los cadáveres de diez vacas en avanzado estado de descomposición, mientras que los ejemplares que quedaban con vida se encontraban en situación de abandono y parte de ellos sin custodia alguna.
Investigaciones que se iniciaron tres meses antes, cuando unos vecinos de la zona dieron la voz de alarma a la patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), alertando de la presencia de ganado vacuno que transitaba sin custodia alguna por la carretera, además de la existencia de varios cadáveres en las inmediaciones de la vía.
A este proceso se adjunta ahora dicho informe veterinario, que se opone a la propuesta de la Junta de sacrificar y destruir todos los animales ya que "no hay incremento exponencial de animales positivos en sucesivas campañas sanitarias y, lo normal y más probable, es que la explotación se pueda recuperar y obtener su calificación sanitaria, siendo viable económicamente y realizando el saneamiento de la misma, lo que no supondría más riesgo para la salud pública y animal que cualquier otra explotación de vacuno".
Con este informe Proanimal persiste en su lucha por salvar del sacrificio a estos animales, frente a la "intención" de la Consejería de sacrificar a esas vacas y terneros "para deshacerse del inconveniente que les supone dar alimento a estos animales, sin importarles en absoluto el bienestar animal".
Recuerda la asociación que desde la Administración regional se alegan "dificultades y costes en su mantenimiento", y sin embargo no le importa asumir el coste de su sacrificio e incineración, estimado entre 20.000 y 30.000 euros. "No cabe pues alegar el coste de mantenimiento de estos animales cuando hay tres santuarios que están dispuestos a acogerlos", señalan.
Proanimal considera así que la actitud de la Consejería denota "incoherencia y falsedad en su discurso" sobre bienestar animal, respecto a la actuación que se está llevando a cabo en este procedimiento penal con las vacas y terneros abandonados en Navalpino.
Desde el colectivo también confían en que la Justicia valore positivamente este informe pericial veterinario que se ha aportado al caso, y proceda a dar una solución alternativa al sacrificio de los animales.
Una solución que podría pasar bien por encomendar la tutela de los animales a la propia Administración regional, que podría recuperar el coste del mantenimiento de los animales con el propio rendimiento de la explotación una vez revertida la situación de abandono, o bien por proponer a un nuevo responsable para que se ocupe de ellos.
Con la presentación de este informe veterinario, la organización Proanimal da un paso más en esta lucha contra el sacrificio de estos animales, después de que hace varias semanas se viese obligada a recurrir la resolución judicial que autorizaba el sacrificio de las vacas que sobrevivieron al abandono por parte de su propietario, tal y como había solicitado la Consejería de Agricultura.
Administración que en su propio informe reconocía haber adoptado medidas para evitar el riesgo para la salud pública, habiéndose reagrupado los animales en la explotación del denunciado y procedido a su saneamiento, por lo que desde el colectivo defendían no existiese ya causa alguna que justificara su sacrificio.
