TOLEDO.- Redimensionar a la baja los trasvases de agua que en la actualidad están en servicio, entre ellos el del Tajo al Segura, es la recomendación que plantea el Congreso ante la expectativa de que los caudales y la disponibilidad de agua se vayan a reducir de forma considerable en los próximos años a causa del cambio climático.
Así lo recoge el dictamen que la Comisión de Transición Ecológica de la Cámara Baja aprobaba este miércoles, con el respaldo de PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC y Grupo Mixto -con Compromís y PDeCAT- y la oposición de PP y Ciudadanos, que recoge propuestas de política de agua en coherencia con los retos del cambio climático que, durante meses, ha elaborado la subcomisión creada a tal efecto.
Ambas formaciones argumentan su voto en contra al considerar que se trata de un texto "sesgado". Para el partido de Albert Rivera el planteamiento que recoge el dictamen "no soluciona los grandes retos del agua" al negar la existencia de déficit hídrico en diversas partes de España, mientras que desde la bancada que lidera Pablo Casado aseguran que son las propuestas de su partido las que buscan lograr "una buena gestión del agua".
Un texto al que se sumó una enmienda transaccional, que incluye la supresión de algunas frases en el apartado sexto, en las que se mencionan algunas localizaciones geográficas.
Además, se hace una nueva redacción del texto en ese mismo apartado, concretamente en su punto segundo, en el que se señala que "en lo que respecta a los trasvases de servicio es necesario tomar en consideración la expectativa de menores caudales por el cambio climático".
Aunque se trata de un documento "no de ley", servirá como base para la discusión de futuras normativas sobre políticas de agua y cambio climático, tal y como destacaba el diputado socialista Ricardo Antonio García Mira.
Un informe que pretende "anticiparse" al cambio climático y a la gestión del agua "para reducir la vulnerabilidad", por lo que respecto a los trasvases existentes el deseo es "mantenerlos para el equilibrio de las economías locales".
Por su parte el coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos, Juantxo López de Uralde, destacaba que el informe es "una buena expresión del impacto que va a tener el cambio climático sobre el tema del agua en España, y las derivadas que hay que hacerse para modificar la política del recurso".
El dictamen constata que todas las simulaciones y previsiones apuntan a notables incrementos de la temperatura media y a una disminución de las precipitaciones, de ahí que sea necesario "asumir" escenarios con menos recursos disponibles.
En este sentido, el informe recuerda que diversos organismos han señalado que la reducción de caudales medios desde 2010 hasta finales de siglo podría llegar a ser del 24 por ciento, llegando incluso a reducciones de entre el 30 y el 40 por ciento en las zonas más sensibles.
Asimismo, recuerda que distintos estudios prevén un fuerte aumento de la variabilidad climática, aumentando los riesgos de sequía, periodos que serán "más frecuentes, largos e intensos", pero también de inundaciones, con crecidas más frecuentes y caudales máximos más fuertes.
Junto a ello también se refiere a los numerosos expertos que han argumentado que los trasvases no son eficaces frente a las sequías, puesto que éstas afectan tanto a las cuencas receptoras como a las que ceden el agua, así como del hecho que la construcción de presas, cuando los escenarios auguran que habrá menos agua, llevará a inversiones ineficaces, puesto que esos embalses podrían estar vacíos.
Así, entre las recomendaciones recogidas en el dictamen aprobado en el Congreso, destaca la de hacer una auditoría sobre el estado y las capacidades de "regulación, transporte y distribución" de las infraestructuras hidráulicas que existen en España.
También recomienda condicionar cualquier proyecto hidráulico al compromiso previo de pago de los beneficiarios de esa obra, y que se pongan en valor productivo los suelos más fértiles y las vegas, defendiéndolos del "abandono" y la "depredación urbanística".
Por otra parte, establece que los planes de cuenca deban "frenar" las expectativas de nuevos usos y demandas, aunque también "redimensionar" las condiciones, de modo que se eviten las expectativas que genera la "sobreasignación de recursos".
Recoge también el dictamen aprobado en el Congreso, en España no existen cuencas excedentarias o cuencas deficitarias, considerando que es "imprudente y controvertido" contar con pretendidos caudales excedentarios en otras cuencas, siendo esto "ineficaz" de cara a gestionar los ciclos de sequía y contribuyendo a "alentar el crecimiento de la demanda, el déficit y la vulnerabilidad de las cuencas receptoras".
Finalmente, incide respecto a los trasvases en servicio la necesidad de "reajustar las necesidades y promover las fuentes complementarias que sean viables en las cuencas receptoras".
LA ESPERANZA FRENTE AL RECHAZO
Las reacciones al dictamen aprobado en la Cámara Baja no se hacían esperar. Desde Castilla-La Mancha su presidente, el socialista Emiliano García-Page, ha manifestado su satisfacción por la recomendación realizada sobre "redimensionar" los trasvases. Una decisión de fondo importante que "nos da esperanza", señalaba.
En este sentido, García-Page señalaba que la política y las instituciones "tienen que definir modelos" y el modelo de futuro de sostenibilidad ambiental "choca de frente" con lo que significa "hurtar una materia prima como el agua". Y es que, "si el agua fuera petróleo, quién iba a permitir que se fuera tanto", se preguntaba Page.
El jefe del Ejecutivo castellano-manchego saludaba así la decisión adoptada en el Congreso, aunque admitía que le hubiera gustado que hubiese sido por unanimidad.
No obstante, celebra que se haya empezado a cambiar el concepto de cuenca deficitaria, ya que considera que "eso de que sobra o que falta, eso que alguien ha dicho que está claro, no está tan claro".
Lo que sí tiene claro Castilla-La Mancha es que "donde sobra algo no es aquí, en el Tajo, que a veces parece una cloaca", sentenciaba Garcia-Page.
Una valoración de este informe que contrastaba con la que realizaba el Gobierno de Murcia, cuya portavoz, la ‘popular’ Noelia Arroyo, se ha apresurado a manifestar su "más enérgica oposición" al dictamen, asegurando que el cierre del trasvase del Tajo al Segura es algo que el Ejecutivo regional no va a permitir, y menos aún alegando "criterios ecológicos".
