El Gobierno estudia recurrir la nueva ley regional contra la violencia machista aprobada por consenso

  • Pedro Sánchez planea llevar al Constitucional la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género de Castilla-La Mancha por discrepancias jurídicas sobre el concepto de víctima, que esta normativa pionera amplía a las mujeres que sufren acoso, violencia sexual o institucional.
  • Emiliano García-Page asegura estar preocupado por esta "tentativa" de recurso, pero confía en que el Ejecutivo central  "se lo piense" antes de tomar la decisión y recuerda que la novedosa legislación autonómica de 2001 en esta materia también recibió "ataques jurídicos".

TOLEDO.- El Gobierno que preside Pedro Sánchez estudia presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la pionera Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género de Castilla-La Mancha, aprobada por unanimidad en las Cortes el pasado 4 de octubre, al encontrar discrepancias jurídicas sobre el concepto de víctima. Una "tentativa" que "preocupa" al presidente de la Junta, Emiliano García-Page, quien confía en que el Ejecutivo central "se lo piense" antes de acudir al Tribunal Constitucional.

Así lo ha desvelado durante la comparecencia ante más de medio centenar de medios de comunicación castellano‐manchegos, celebrada este jueves en el Palacio de Fuensalida de Toledo, sede de la Presidencia regional.

Concretamente, el jefe del Ejecutivo autonómico ha señalado que, como sobre toda la actividad legislativa de las comunidades autónomas, existen análisis jurídicos respecto a las competencias de cada administración, pero recuerda que su nueva normativa contra la violencia machista "es una ley de máximos", siendo "la más avanzada" en la materia a nivel nacional, y ante esto "puede que haya algunos letrados"  que consideren que "protegemos más de lo que permiten las competencias autonómicas a las mujeres".

Ante esto, García‑Page ha señalado que si se pasa de frenada, prefiere que sea "haciendo residencias de mayores o protegiendo a las víctimas de maltrato".

No obstante, el presidente castellano‑manchego ha querido subrayar que tras este posible recurso no se encuentra una discusión de fondo ideológica, puesto que tanto en el Gobierno de Castilla-La Mancha como en el central, "pensamos razonablemente lo mismo" sobre esta materia. Se trata así de una discrepancia respecto "hasta dónde llegan las competencias" y en esto, ha afirmado, está dispuesto "a ir al máximo".

En este sentido, ha subrayado el esfuerzo realizado desde Castilla-La Mancha para "ampliar" el concepto de víctima, así como las ayudas y la protección hacia ellas. Y es que, la normativa aprobada por unanimidad recientemente en el Parlamento autonómico considera también la violencia sexual, el acoso o la violencia institucional como violencia de género.

Además, García-Page ha recordado que la ley sobre violencia de género aprobada en Castilla-La Mancha en 2001, pionera en Europa, "también tuvo ataques jurídicos en su momento", y hoy sus planteamientos se han extendido por todas las autonomías, haciéndose "viral" jurídicamente.

UN MILLÓN DE EUROS PARA EXPLICAR LA LEY

Sobre este asunto, Emiliano García-Page ha señalado sentirse "muy dolido" por el debate que se está abriendo en España sobre la igualdad y en contra de la violencia machista. "Pensé que estaban superados muchos debates", ha apuntado, convencido de que "aquel comienzo que tuvo el anterior Gobierno" de María Dolores de Cospedal, intentando suprimir los centros de la mujer en la región, fue solo "una mala pesadilla". Por ello le sorprende que haya gente "comprando" un discurso "reaccionario y bastante confuso" ‑en referencia al del partido de extrema derecha Vox‑, con el que no se puede permitir que se confunda a la sociedad española.

Recordaba en esta línea el carácter vanguardista de esta ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género, cuyo contenido se explicará a la ciudadanía desde ahora "hasta que sea imposible desde el punto de vista legal e institucional" mediante la puesta en marcha de una "macrocampaña" de publicidad, que no bajará del millón de euros.

Una campaña de difusión que perseguirá que los ciudadanos de la región "entiendan el objetivo y los logros alcanzados con la lucha contra la violencia machista". Y es que, apostillaba García-Page, no se entiende cómo se quiera enseñar a los hijos valores en educación y todavía se toleren "mensajes que, como mínimo, confunden a la opinión pública y legitiman una lacra" como la violencia de género.

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