GUADALAJARA.- Finalmente no hubo clemencia. La Audiencia Provincial de Guadalajara ha rechazado los recursos de apelación presentados por los seis condenados por ocupar, rehabilitar y repoblar sin autorización la aldea abandonada de Fraguas, en los que solicitaban su libre absolución, y ha confirmado las penas económicas y de prisión que les fueron impuestas en junio del año pasado.
En esta nueva sentencia, la Audiencia ha dado el visto bueno al fallo dictado entonces por el Juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara y determina "la total desestimación de los recursos interpuestos, confirmando íntegramente la resolución cuestionada". Un proceso en el que la acusación particular fue ejercida por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Así pues, se ratifican las penas de año y medio de prisión para cada uno de los seis jóvenes repobladores, como autores de un delito contra la ordenación del territorio, así como a pagar una multa de 12 meses a razón de 6 euros de cuota diaria, que suma un total de 2.160 euros a cada procesado.
En materia de responsabilidad civil se les condena a los seis acusados a abonar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de forma conjunta y solidaria, el coste de la demolición de las construcciones e instalaciones y de la retirada de residuos y restos de la finca ocupada.
Además, la sentencia les castiga por un delito de usurpación a una sanción económica de tres meses a razón de seis euros diarios, lo que asciende a 540 euros por cada activista. Sumado a todo ello, la Audiencia también les impone ahora las costas judiciales que se derivan los recursos que han presentado.
Sobre la sentencia, Isaac Alcázar, uno de los condenados, señalaba que "desde la Junta se intenta quitar peso diciendo que no vamos a entrar en la cárcel, al ser una pena menor de 2 años, pero eso es en caso de que paguemos la indemnización que estimamos en más de 50.000 euros", entre las multas de todos y el coste de responsabilidad civil para abonar la demolición de las construcciones e instalaciones y de la retirada de residuos y restos de la finca ocupada.
Los seis acusados, cuatro hombres y dos mujeres, pertenecen a la Asociación Repobladores Rurales de la Sierra Norte y desde 2013 trabajan en la rehabilitación de Fraguas, un antiguo núcleo poblacional, hoy perteneciente al municipio de Monasterio, en Guadalajara.
Para ello no disponían de la correspondiente autorización, lo que motivó la denuncia de la Junta castellano‑manchega y la correspondiente sentencia. Los ahora condenados defendieron ante el juez que en ningún caso su proyecto pretendía destruir la naturaleza sino, por el contrario, cuidarla, reconstruir la zona y permitir que fuera nuevamente repoblada.
La sentencia del juzgado de lo Penal número 1, que ahora ha confirmado íntegramente la Audiencia Provincial de Guadalajara, considera acreditada la ocupación de los acusados que se establecieron en la finca en la primavera de 2013 y la ocuparon durante determinados periodos de tiempo siguiendo en la misma dos de ellos.
También recoge que Fraguas es un monte de utilidad pública, formando parte del espacio protegido denominado Parque Natural de la Sierra Norte y que constituye suelo rústico no urbanizable de especial protección. Asimismo, la sentencia considera probado que los acusados, con conocimiento de que carecían de autorización administrativa y de que las obras que estaban realizado no eran autorizables, han llevado a cabo tareas de reconstrucción de edificaciones sobre las ruinas de las preexistentes, instalaciones y acopio de materiales.
Pese a que el fallo de la Audiencia Provincial de Guadalajara es firme, los seis jóvenes repobladores ya han anunciado que estudian presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional. Así lo ha indicado el propio Isaac, quien no obstante ha aclarado que acaban de conocer la resolución y no han podido analizar en profundidad las posibles acciones legales que pueden emprender contra esta sentencia, por lo que las van a estudiar con su abogado.
El activista se ha mostrado sorprendido con la sentencia de la Audiencia de Guadalajara, y ha aseverado: "Parece que esta locura sigue para delante y que nos quieren ver en la cárcel porque no vemos otra opción que entrar en prisión".
Sobre la obligación de abonar a la Junta el coste de la demolición de la aldea, Isaac también se ha mostrado tajante: "Ni lo podemos pagar, ni se lo podemos pedir a la sociedad, porque estamos en desacuerdo con demoler un trabajo de muchos años en un proyecto que consideramos pertinente".
Además, ha señalado que las personas condenadas por este caso "preferimos mantener nuestra integridad a traicionar nuestros principios y activismo". Por ello, van a seguir defendiendo el proyecto de repoblación de Fraguas frente a las políticas actuales de fomento del turismo que, en su opinión, "están fracasando".
Precisamente, en protesta de esa gestión política del medio rural y en defensa de proyectos como el de Fraguas ha avanzado que el próximo 23 de febrero se ha organizado una gran manifestación en Madrid contra la actual gestión política del medio rural, que partirá a las doce de la mañana de la plaza de Tirso de Molina.
Además, en protesta por la sentencia, mañana está prevista otra manifestación a las seis de la tarde, que partirá desde la Audiencia de Guadalajara a la sede provincial del Gobierno de Castilla-La Mancha.
