TOLEDO.- El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra la ley de Caza de Castilla-La Mancha que fue aprobada el 15 de marzo del año pasado.
Así lo recoge hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE), que publica el acuerdo adoptado por el Pleno del Constitucional el pasado 15 de enero, según el cual da recorrido al recurso interpuesto por el Ejecutivo central al artículo primero, apartado cinco, de la ley castellano‑manchega de caza, que pese al rechazo del PP salió adelante con el apoyo de PSOE y Podemos, y por la que se modificó la normativa de 2015 impulsada por María Dolores de Cospedal.
Un recurso sobre el que el Gobierno de Sánchez informaba a la Junta el pasado 10 de enero, fecha en la que el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, lo hacía público durante una comparecencia ante más de medio centenar de medios de comunicación de la región.
Defendía entonces el jefe del Ejecutivo regional lo "avanzado" de esta norma recurrida por el Gobierno central en uno de sus artículos debido a un aspecto técnico "muy concreto" relacionado con las infraestructuras y la responsabilidad patrimonial del Estado. Una cuestión que ‑avanzaba‑ podía "llevar a confusión" y dar pie a "hacer demagogia".
En concreto, el artículo primero en su apartado quinto de la ley de Caza aprobada el pasado mes de marzo por las Cortes, hace referencia a la responsabilidad por daños causados por especies cinegéticas. Se modifica así el texto de la anterior norma del sector cinegético aprobada en 2015 por el Partido Popular, y se establece que si bien la responsabilidad de los daños de accidentes provocados por la irrupción de estas especies en las vías públicas atenderá a lo establecido en la legislación estatal y en el caso de los daños provocados en explotaciones agrarias por piezas de caza procedentes de cotos serán los titulares de estos responsables, en el caso de que provengan de zonas de seguridad de infraestructuras, se atribuye la responsabilidad al titular de las mismas.
Es en este punto en el que discrepa el Ejecutivo de Sánchez, que considera inconstitucional el planteamiento realizado en la ley de Caza castellano‑manchega. Una norma que señala que "la responsabilidad de la indemnización por los daños agrícolas, forestales o ganaderos producidos por especies cinegéticas provenientes de zonas de seguridad motivadas por la existencia de autopistas, autovías, líneas férreas o infraestructuras hidráulicas, será del titular de la infraestructura. Dicho titular será, además, el responsable de controlar en la zona de seguridad las especies cinegéticas que provoquen este tipo de daños".
Un planteamiento que hace al Gobierno central, por ejemplo, directamente responsable del control y de las responsabilidades derivadas de los daños que puedan causar los conejos ‑especie cinegética cuya proliferación ha resultado muy perjudicial para el campo castellano‑manchego en los últimos años‑ en explotaciones agrícolas y ganaderas, algo que el vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, ha reconocido que es una "copia literal" del artículo 69, apartado C, de la ley de caza que Aragón aprobó en 2015 y que "no se ha declarado inconstitucional".
Así pues, desde el Ejecutivo regional recibían la presentación de este recurso reafirmándose en la defensa y compromiso con el sector cinegético. Así lo explicaba el propio García-Page, quien aseguraba que serviría para "redoblar esfuerzos" en el apoyo que desde su Gobierno se ha brindado desde el principio al sector cinegético de la Comunidad Autónoma.
En este sentido, defendía la ley aprobada en Castilla-La Mancha como una "de las más avanzadas de España en protección de la caza". Un sector "clave y estratégico" en la región, "una seña de identidad" frente a la que su Ejecutivo no está dispuesto a admitir "una contracultura que intente acomplejar, prohibir ni vetar nada en este país", sobre todo ‑apostillaba‑ aquello que "ya está amparado legal y constitucionalmente".
Una defensa de la caza que García‑Page anunciaba se iba a plasmar en una macrocampaña publicitaria de explicación, información y apoyo al sector cinegético en la región.
EL PP SE APROVECHA
Por su parte, desde el Partido Popular regional su presidente y candidato a las autonómicas, Francisco Núñez, ha pedido que se modifique la ley de Caza al considerar que "es mala en el fondo y en la forma".
En declaraciones a los medios, Núñez ha considerado hoy que la ley ahora recurrida por el Gobierno central es "la ley anticaza de Page y de Podemos", porque el presidente autonómico "se echó a los brazos" de la formación morada, "solamente escuchó al ecologismo y aprobó una ley en contra de la Mesa de la Caza", aprobando así una ley que "es mala en el fondo y en la forma".
En la forma, ha señalado, porque el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno, y en el fondo porque "en lugar de auspiciar y proteger la caza, hace todo lo contrario".
LA EDAD MÍNIMA, CUESTIONADA
Mientras tanto, desde Podemos, su diputado y portavoz en las Cortes regionales, David Llorente, registraba en las Cortes una proposición para modificar la ley de Caza en lo relativo a la edad mínima permitida para cazar. Retomaba así el planteamiento realizado un año antes, en forma de enmienda, durante la tramitación de la nueva ley, trasladando así la petición de dos colectivos animalistas ‑Proanimal y Dejando Huella‑ para reformar el texto legislativo y elevar de los 14 a los 16 años la edad para poder cazar.
Una propuesta que se encuentra respaldada por un dictamen del Defensor del Pueblo, quien si bien no vio posible inconstitucionalidad en lo establecido por la norma, sí consideró oportuno trasladar al Gobierno autonómico una serie de recomendaciones relativas a la conveniencia de aumentar la edad legal para cazar, al deber primar la protección a los menores.
Consideraciones que no fueron tenidas en cuenta por parte del Ejecutivo castellano-manchego y que ahora el partido morado ha decidido llevar al Parlamento autonómico para tratar de enmendar la ley en este aspecto.
