TOLEDO.- La Plataforma de Interinos de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha una campaña de microfinanciación colectiva para costear la redacción de la ley de concurso extraordinario de méritos en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam). En poco más de una semana han conseguido reunir el 60 por ciento de los 3.630 euros previstos, al ser esta la cantidad solicitada por el bufete de abogados al que se ha encargado la redacción del texto.

Una ley que consideran es la vía ”justa” para acabar con la situación de temporalidad e inestabilidad laboral que desde hace décadas vienen sufriendo cientos de empleados en fraude de ley de la sanidad pública, dotándoles así de la estabilidad que la Unión Europea ha requerido a España en varias ocasiones, y sin que esto suponga un mayor coste para las arcas públicas. De este modo se evitaría la ”expulsión” de trabajadores con amplia experiencia en el Sescam.

Una ley que una vez esté redactada -la previsión es que este mismo mes de febrero esté listo el documento- será entregada al grupo parlamentario de Podemos en Castilla-La Mancha, cuya presidenta, María Díaz, durante la reunión mantenida el pasado 10 de diciembre, ”se comprometió a presentarla en las Cortes e iniciar así la vía legislativa de manera inmediata”.

Trámites parlamentarios que ya se han iniciado en otras comunidades autónomas, con distintas suertes, aunque en el caso de Castilla-La Mancha en este momento el principal problema son los plazos, ya que la legislatura toca a su fin y va a ser complicado que pueda salir adelante antes que acabe la misma.

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A pesar de ser conscientes de ellos, desde la Plataforma de Interinos no escatiman esfuerzos y han puesto en marcha esta iniciativa para recaudar fondos, con el objetivo de poder presentar a la formación morada un texto legislativo y al menos buscar ”hechos y posicionamientos”.

Desde la Plataforma de Interinos de Castilla-La Mancha recuerdan que uno de cada tres contratos en la sanidad mantienen durante años el carácter temporal, precarios, sin ofrecer un destino fijo ni contar con indemnización por despido, siendo además los primeros en sufrir las consecuencias de los recortes.

Una situación que ha sido denunciada por numerosos interinos a los que los jueces han dado la razón, identificándolo como fraude de ley. Para resolver estos abusos, desde el Estado se pactó con algunos sindicatos la reducción de la temporalidad de estas plazas hasta el 8 por ciento, para lo cual -explican desde la Plataforma- se están convocando ofertas de empleo masivas ”donde no se genera empleo, sino que se ofertan las plazas en las que llevan trabajando estos interinos en fraude de ley durante décadas”. De este modo ”se consolidan las plazas, pero no las personas”, en contra del criterio de la Unión Europea.

De este modo, todos esos trabajadores que ”ya deberían ser fijos después de tantos años dedicados al servicio público”, se ven abocados a un sistema eliminatorio en el que ”sus años trabajados, si llegan a puntuar, lo hacen muy poco”, por lo que esto les supondrá ”irse al paro y además sin indemnización”. Algo que desde las plataformas de interinos de todo el país consideran ”un ERE encubierto”.

”Trabajadores y trabajadoras que ya han demostrado sobradamente su capacidad y conocimientos” durante cinco, diez e incluso veinte años, que ”por edad y la situación natural después de tantos años de vida profesional, no pueden afrontar con fiabilidad un proceso al que no deberían enfrentarse”, explican desde la Plataforma, ”en el que se juegan su puesto de trabajo, siendo sometidos a una situación de estrés e incertidumbre”.

De esta situación responsabilizan a la Administración que durante años no ha convocado plazas o lo ha hecho ”con tasas irrisorias” por los recortes presupuestarios, manteniendo y agravando así el problema aún más cada año, ”socavando las plantillas y la calidad de los servicios públicos”.

Es por ello que consideran que la Administración debe servirse de la vía ”justa, legal y real” de la que dispone para solventar este problema, el concurso extraordinario de méritos contemplado en el artículo 61, puntos 6 y 7, de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Una ley que debe ser aprobada en el Parlamento autonómico, de ahí el interés de la Plataforma por sacar adelante esta iniciativa lo antes posible.

Una solución ”real y viable, que necesita del trámite legislativo”, el cual a través de esta campaña de crowdfunding se pretende impulsar.

Una vía que no supondrá mayor coste al Estado, subrayan, puesto que ”se ahorrará millones en juicios e indemnizaciones”, evitando además ”el mayor coste de todos, la expulsión de personal muy formado y experimentado de los servicios públicos”.

El bufete al que se ha encargado la redacción de esta ley, es el mismo que ya se ocupó del texto remitido a la Asamblea de Madrid y que se sometió a votación el pasado 7 de febrero. Una propuesta de ley que no fue aprobada, al recibir 47 votos en contra, 25 a favor y 52 abstenciones.

A pesar de ello, la Plataforma de Interinos de Castilla-La Mancha no se rinde y considera -con el factor tiempo en contra- que todavía se puede avanzar en esta línea en la región.