TOLEDO.- El próximo 15 de marzo se cumple un año de la aprobación en las Cortes regionales de la ley 2/2018 de Caza de Castilla-La Mancha, por la que se modificaba el texto normativo anterior, aprobada en 2015 por el anterior Ejecutivo de María Dolores de Cospedal. Esta nueva ley se presentaba como un "cambio sustancial" en la normativa, al ser resultado de dos años de interlocución social -frente a la unilateralidad y polémica en la que se vio envuelta la anterior norma- y a su vez abría la posibilidad de "compartir el territorio" por parte de todos.
Una ley que nacía con la intención de mejorar la anterior, respondiendo a los intereses de cazadores y ciudadanos, y al mismo tiempo "desterrando" prácticas que no debían estar presentes en una normativa como ésta.
De este modo se señalaba como objetivo planificar de forma "más coherente y ordenada" la actividad cinegética, fomentando para ello la colaboración del propio sector con el resto de usuarios del medio natural y contando con el Cuerpo de Agentes Medioambientales, en su condición de agentes de la autoridad, entre cuyas funciones se destacaba la de policía judicial.
Uno de los aspectos más destacados de esta nueva ley, impulsada por el Gobierno de Emiliano García‑Page, ha sido su vertiente social. Una apuesta por un modelo de caza social e incorporación de elementos medioambientales, que habían estado 'olvidados' en la normativa anterior, y con los que se situaba así a Castilla-La Mancha "a la vanguardia" en la compatibilización de la caza con el disfrute del monte y del medio rural por parte de todos los ciudadanos con la actividad cinegética.
Se recuperaba así el uso de los caminos públicos para el conjunto de la ciudadanía, dando prioridad a actividades como el senderismo o la recolección de setas, sin necesidad de tener que pedir permiso al titular del coto como ocurría antes, al estar supeditado al desarrollo de la actividad cinegética, algo que desde el actual Ejecutivo autonómico se calificaba como "vergonzoso".
De este modo se incidía en la modificación "disruptiva" que representaba la nueva norma respecto a la ley del anterior Gobierno, al cambiar "radicalmente" la redacción para que fuese prioritario el disfrute del medio natural.
Pero además de la recuperación de los caminos públicos, también el nuevo texto recogía medidas 'sociales' para el sector cinegético, como la recuperación de los cotos sociales ‑desaparecidos durante la anterior legislatura‑ y de zonas colectivas de caza para las sociedades locales, de forma que se pudieran implantar sin necesidad de desarrollo reglamentaria, con lo que se eliminaban trabas burocráticas para la práctica de este tipo de actividad.
En esta misma línea, se introducían otras medidas para "avanzar" desde el punto de vista de la caza social, como era la modificación de la ley de tasas a través de la cual se eximía del pago de las mismas a los jubilados mayores de 65 años residentes en Castilla-La Mancha a la hora de obtener una licencia de caza o pesca, y que anteriormente debían desembolsar 41,62 y 8,84 euros respectivamente.
Asimismo, se establecían medidas para estimular la federación de los cotos, al reducir los costes para ello hasta un 30 por ciento.
Otra de las novedades introducidas por esta ley eran las relativas a las infracciones, las cuales se 'adecuaron' atenuando aquellas menos lesivas y agravando las más perjudiciales para la actividad cinegética.
En este sentido, la nueva regulación eliminaba la posibilidad de que la infracción fuese rentable -lo cual sí ocurría con la anterior norma- y se recuperaba entre las sanciones la responsabilidad de los titulares cinegéticos en el uso ilegal de venenos en el medio natural.
Además, y frente a la ley anterior que establecía que desde las 72 horas previas a la celebración de una batida o montería se debía señalizar correspondientemente en los caminos de entrada a la mancha a cazar, tiempo durante el cual no se podía entrar hasta la finalización de la cacería, con su modificación no se prohíbe expresamente transitar por estas zonas.
De este modo pasaban a ser consideradas como infracción grave aquellas actuaciones que "de modo directo o indirecto puedan producir restricciones en el libre tránsito de caminos o vías de uso público".
También se ampliaban las zonas de seguridad a parques eólicos y senderos públicos, estableciendo la posibilidad de enfrentarse a sanciones graves en caso de no respetar estas zonas.
Por otra parte, como novedad, la actual ley de Caza de Castilla-La Mancha introducía para los titulares de zonas de seguridad motivadas por la existencia de infraestructuras como autopistas, autovías, líneas férreas o infraestructuras hidráulicas la responsabilidad de controlar las especies cinegéticas en dichas zonas, así como de asumir las indemnizaciones por los daños agrícolas, forestales o ganaderos producidas ellas.
La norma incluía además otras medidas como la prohibición del empleo del calibres inferiores al 22 para el ejercicio de la caza, así como la obligatoriedad de descargar el arma a menos de 50 metros de los no cazadores.
También y frente a la anterior ley de Caza, el nuevo texto establecía la captura prioritaria en vivo de animales asilvestrados, como perros y gatos, los cuales según la norma anterior podían ser abatidos.
Asimismo, la modificación de la ley incorporaba otras novedades como la obligatoriedad de realizar una evaluación ambiental en zonas de caza intensiva que se encuentren en áreas naturales sensibles.
Medidas todas ellas con las que desde el Gobierno regional se defendía una caza "moderna y sostenible", de gente que "apueste de verdad por la actividad y el desarrollo del medio rural".
