TOLEDO.- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quiere que Bruselas "vigile y obligue" a la transposición de las directivas y el cumplimiento "milimetrado" en España de la normativa europea para garantizar el caudal suficiente del Tajo.
Así lo señalaba ante la oficina del comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marinos y Pesca, Kamenu Vella, donde acudía este martes junto a una delegación formada por varios miembros de su Gobierno para entregar el informe de evaluación del grado de conservación de la ribera y los hábitats de interés comunitario del río Tajo a su paso por Castilla-La Mancha.
"Hemos venido a decir lo que siempre hemos dicho de manera coherente con la Constitución, las leyes españolas y las leyes europeas aprobadas por España para defender nuestro agua, el agua de todos los españoles y por tanto también de Castilla-La Mancha", señalaba Page.
Por ello no quiere que nadie entienda que con este viaje se iba a celebrar nada, sino "al contrario", puesto que el mensaje era que "aunque se está agotando la legislatura", la próxima "va a tener un gran tema sobre la mesa", respecto al cual Castilla-La Mancha está dispuesta a "llegar hasta el final".
"Sabemos que tenemos la razón de Europa, la razón legal", que además se están ganando "no uno, sino varios pleitos" y aún quedan varios recursos que "estamos seguros se van a resolver positivamente para los intereses de Castilla-La Mancha" y en realidad, "para los intereses de una España que busca ser sostenible".
En este sentido, García-Page se mostraba convencido de que la posición de Castilla-La Mancha "no puede ser más firme y más sensata al mismo tiempo". Y es que, mientras que "otros" en España estarían dándose golpes de pecho y "sacando banderas", esta región ha llegado con su paciencia "hasta donde tenía que llegar".
Recordaba así cómo Europa ha dado la razón a Castilla-La Mancha con la Directiva Marco y ahora el Tribunal Supremo "lo acaba de convertir en ley".
Por ello apuntaba que le gustaría que "todas las autoridades españolas", tanto en las comunidades autónomas como en el Gobierno de España "se apliquen" en cumplir la ley y "rectificar las estrategias de gestión hidráulica", porque de lo contrario se estaría cometiendo "conscientemente" una vulneración de las leyes. Algo, apostillaba, que "no se puede consentir por más tiempo".
El jefe del Ejecutivo castellano-manchego aseguraba que "no hay más tiempo que perder", al tiempo que se mostraba a favor de un "diálogo" después de las elecciones con otras comunidades autónomas y con el Gobierno de España "para buscar alternativas".
No obstante, García-Page se mostraba "muy satisfecho" por la sentencia del tribunal Supremo que anula parcialmente el Plan Hidrológico del Tajo por no fijar caudales ecológicos para Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina, al haber estimado el recurso planteado por varias plataformas y colectivos ciudadanos en el año 2016.
"Que te den la razón los tribunales es siempre trascendente, pero que sea después de una lucha sostenida en el tiempo, a veces tan solitaria y a veces aguantando tantos insultos de insolidaridad o de acusaciones falsas es especialmente gratificante", aseguraba Page por su parte.
Junto al presidente castellano-manchego acudía hasta la Oficina del Comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marinos y Pesca la consejera de Fomento, Agustina García, quien explicaba que desde el Gobierno regional se ha pedido por carta a través del propio Ministerio para la Transición Ecológica que "automáticamente" se paren y paralicen los trasvases al Levante. "No puede decir una sentencia del Tribunal Supremo que tenemos que garantizar unos caudales ecológicos y a la vez aplicar de manera automática eses Memorándum firmado por Cospedal, por el PP, a espaldas de los intereses de Castilla-La Mancha". Un Memorándum al que "hay que poner fin", no solo por la sentencia del Supremo, sino también teniendo en cuenta las directivas marco y la normativa europea que se ocupa de garantizar esos caudales ecológicos para el río, subrayaba.
Asimismo, también formaba parte de la comitiva del Gobierno regional el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, quien subrayaba por su parte "la necesidad de tener en cuenta a todos", puesto que "siempre que hablamos de agua" se hace "desde la solidaridad y la mano tendida".
Recordaba el consejero que la posición del Gobierno regional desde el inicio de legislatura ha sido "la más coherente", "la del sentido común, la de la solidaridad y la de la necesidad de que el agua que está en Castilla-La Mancha nos ayude a generar desarrollo en nuestra región".
También acompañaba a la comitiva en Bruselas el presidente de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, Francisco Pérez Torrecilla, para quien el trasvase Tajo-Segura "tiene que acabar", "no puede continuar llevando más agua de la que lleva el propio río".
Señalaba que les hubiera gustado que el final del trasvase llegara por una decisión política, aunque finalmente tenga que ser por una sentencia judicial, que "obliga al Gobierno a poner un poco de orden en el Tajo". Pedía así al presidente del Ejecutivo central que "ponga orden en esto" y se cumpla la sentencia "lo antes posible".
