TOLEDO.- El anteproyecto de ley de Participación Ciudadana impulsado por Podemos ha salvado el trámite de la toma en consideración por parte del Consejo de Gobierno y en los próximos días será remitida al Consejo Consultivo para que informe al respecto.
Así lo anunciaba este martes el vicepresidente segundo del Ejecutivo regional, José García Molina, quien comparecía junto a la consejera para la coordinación del Plan de Garantías, Inmaculada Herranz, tras la reunión del Consejo de Gobierno. Una ley sobre la que no ofrecía más detalles, puesto que este miércoles la presentará junto al director general de Participación Ciudadana, José Luis García Gascón, en rueda de prensa.
Lo que sí apuntaba es que se ha solicitado al Consultivo la emisión del dictamen con carácter de urgencia, para que de este modo la iniciativa legislativa pudiera dar algún paso más en su tramitación, aunque sea ya imposible que el texto llegue a las Cortes regionales en esta legislatura, al restar tan solo el pleno de esta semana.
Sin dar más detalles, lo que García Molina sí ha querido destacar hoy es que se trata del anteproyecto de ley "más participado de la historia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha", al haber recibido aportaciones de más de 700 personas y 70 entidades, lo que situaría a esta región "en la vanguardia" en cuanto a participación.
El vicepresidente segundo del Gobierno regional ha señalado que con esta ley se da cumplimiento a un mandato constitucional y del propio Estatuto de Autonomía, que aconseja que las administraciones públicas implementen todos los medios a su alcance para que la participación de la ciudadanía sea "plena y efectiva".
Una ley que como ya sucediera con la de Garantía de Rentas y Garantía Ciudadanas corre el riesgo de quedarse anclada en su tramitación, después de que el Consejo de Gobierno diera su visto bueno al proyecto y horas después el presidente del Ejecutivo regional decidiera paralizar su tramitación y no remitirla a las Cortes mientras la formación morada no resolviera sus disputas internas en el seno del grupo parlamentario.
Un proyecto de ley con el que los miembros de Podemos en el Gobierno consideran haber "cumplido" con su parte, por lo que si el texto normativo no llega a las Cortes no deben ser ellos quienes den explicaciones.
MÁS DE 153.000 PRESTACIONES
Así lo han reiterado este martes, antes de avanzar algunos de los datos recogidos en el II Informe de Seguimiento de 2018 del Plan Integral de Garantías Ciudadanas que se presentaba en la reunión del Consejo de Gobierno, y que desde este miércoles estará disponible en la web de la Junta.
Herranz recordaba que este informe da continuidad a la encomienda de evaluación de la implementación de las medidas integradas en el Plan, que permite medir el impacto de cada una de ellas y el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos. Resultados que han permitido definir una nueva estrategia dentro de la política regional que mejore la eficacia de las respuestas a las necesidades de las personas, lo cual quedaba plasmado en el proyecto de ley de Garantías.
Según informaban desde la Junta en nota de prensa, uno de los principales datos que ofrece este informe hace referencia al número total de prestaciones ofrecidas durante el 2018, que ascendieron a 153.466, correspondiendo el 92,9 por ciento de ellas a nuevas concesiones. Prestaciones que llegaron a 111.000 hogares de la región.
En este sentido, detallan que entre otras las prestaciones a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y la prestación del Ingreso Mínimo de Solidaridad. Asimismo destacan cómo la distribución de las prestaciones entre hombres y mujeres se encuentra equiparada en cómputos generales, aunque esconde diferencias significativas en el análisis detallado de alguna de las prestaciones.
Respecto a la distribución provincial de las prestaciones, en la provincia de Toledo se habría concedido el 37,9 por ciento del total, mientras que a Ciudad Real acaparaba el 24,4 por ciento de ellas y Albacete el 19,7 por ciento. Porcentajes que representan una correlación con los pesos de la población de cada provincia sobre la población total de Castilla-La Mancha, apuntaban desde el Gobierno regional.
Asimismo apuntaban algunas mejoras introducidas, acordadas a finales de 2017 y cuya entrada en vigor se producía en 2018, como son las relativas al Ingreso Mínimo de Solidaridad, con la no interrupción y extinción del mismo en determinados supuestos, así como el aumento de la cuantía media; la ampliación de la percepción de ayudas de emergencia para situaciones de pobreza energética, al posibilitar la percepción de dos ayudas al año por unidad familiar; y el acceso a determinadas ayudas educativas, que se traducen en exenciones y bonificacioes del pago de los precios públicos en función de la renta familiar.
"NADA" QUE DECIR
En otro orden de cosas, y preguntado por la admisión a trámite de la querella interpuesta por el portavoz de Podemos en las Cortes, David Llorente, contra nueve liberados de la formación morada en la región por las acusaciones de trato machista, García Molina -quien también es secretario regional del partido- se limitaba a señalar que no tiene "nada que decir" sobre el asunto.
"Tanto por respeto al partido como por respeto a las trabajadoras en las Cortes no tengo nada que decir de esto", ha señalado, convencido de que quien ha llevado adelante la querella "es quien tiene que dar cuenta" de la misma. Al tiempo que insistía en que él no tiene que dar cuenta "de esas cuestiones".
Un silencio, cabe recordar, que García Molina no consideró mantener hace casi un año, cuando se filtraban a los medios las acusaciones de discriminación y trato machista hacia Llorente, al remitirse a las declaraciones realizadas al respecto por la secretaria de Organización, María Díaz, dando completa veracidad a las acusaciones y tratándolo como "hechos". Momento que el secretario regional de la formación aprovechaba también para desautorizar al portavoz parlamentario.
