TOLEDO.- El Gobierno central ha desistido en su recurso contra la legislación autonómica que permitió rebajar de nuevo la jornada laboral de los funcionarios de la Administración regional a 35 horas semanales, de modo que esta reducción "es firme para siempre".
Así lo ha asegurado este miércoles durante un desayuno informativo en Talavera de la Reina el presidente del Ejecutivo castellano-manchego y secretario regional del PSOE, Emiliano Garcia-Page, quien ha atribuido este logro al hecho de haber cumplido con el déficit, por lo que ahora considera importante que "no nos recurran otra por considerar que nos metemos en el terreno económico o penal".
Una ley aprobada el aprobada por unanimidad en el Parlamento regional el pasado 20 de diciembre que devolvía a 70.000 empleados públicos de Castilla-La Mancha la jornada laboral de 35 horas, modificando así la ley de medidas complementarias para la aplicación del Plan de Garantías de los Servicios Sociales impuesto por el anterior Ejecutivo de Cospedal, que establecía una jornada semanal de 37,5 horas.
Una medida con la que se cumplía un compromiso más del Gobierno de Emiliano García-Page, que tenía como objetivo revertir una de las medidas más polémicas adoptadas por su antecesora hacia los empleados públicos, pero sobre la que sobrevolaba la posibilidad de que el Tribunal Constitucional pudiera volver a tumbarla.
Y es que, cabe recordar, esta medida ya fue adoptada por el Ejecutivo castellano-manchego en 2016, pero fue recurrida por el Gobierno de Mariano Rajoy ante el Constitucional al considerar que esta ley regional contravenía una ley nacional.
A pesar de que otras comunidades autónomas entonces ya habían conseguido revertir esa medida, al no tenerla regulada por ley, sino por órdenes de sus respectivas consejerías responsables en materia de personal, en Castilla-La Mancha se hacía necesario recurrir a la derogación por ley.
Asimismo y puesto que los Presupuestos Generales del Estado para 2018 sí habilitaban la posibilidad de implantar de nuevo esa jornada laboral, se eliminaba la posibilidad de que el Gobierno central volviera a recurrirlo en la misma línea.
Acabar con las conocidas como 'horas Cospedal' era una medida "legítima y justa", tal y como defendió desde la tribuna de las Cortes el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, puesto que no se trataba de una reducción en la jornada de los trabajadores públicos sino de "una mejora de la calidad de la prestación de los servicios públicos; de una mejora en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los empleados públicos" y que además, generaba empleo.
Ahora tras la decisión del Ejecutivo central de desistir de su recurso contra la legislación autonómica, la reducción de la jornada a 35 horas ya no tiene marcha atrás.
"CONVERGENCIA Y ARMONIZACIÓN FISCAL"
En otro orden de cosas, el jefe del Ejecutivo castellano-manchego también avanzaba su intención de pedir una nueva convocatoria de la Conferencia de Presidentes Autonómicos en la próxima legislatura para abordar "un proceso claro de convergencia y armonización fiscal".
Y es que para García-Page "es el momento de que el péndulo, que ha pasado de ser muy centralista en España a muy descentralizado, vaya a un proceso moderado donde podamos encontrarnos todos".
En este sentido, el también candidato a la reelección en la Presidencia de la Junta ha incidido en la importancia de la cohesión social y territorial, dos conceptos "claves" para el momento actual que vive el país, los cuales deben ser asumidos "como un principio determinante por ideología, pero también por inteligencia económica", ha señalado el PSOE en nota de prensa.
Asimismo ha considerado que si se quiere estabilidad política y social en España, previamente debe haber un proceso de cohesión social.
A este respecto, el presidente castellano-manchego ha reconocido que el independentismo catalán representa "una forma más de ser egoísta en España", porque lo que hay de fondo en el problema soberanista "no es más que una pelea por el privilegio", ha aseverado. Por ello, García-Page ha advertido de que el problema catalán no va a acabar "en ningún caso" como quieren los independentistas, "pase lo que pase en las próximas elecciones".
Del mismo modo considera que es fundamental asegurar los servicios básicos esenciales, especialmente en medio del debate independentista, "que es lo que ha paralizado la financiación autonómica".
No obstante, García-Page ha negado la posibilidad de pactar una financiación autonómica "si no se sienta Cataluña a la mesa", del mismo modo que ha rechazado la idea de crear una mesa conjunta seguida de pactos bilaterales, puesto que "eso sería como ponerle precio a los sentimientos". Por ello a quien dice que los sentimientos en Cataluña tienen precio, ha recordado que "aquí sentimos igual".
