CIUDAD REAL.- Fueron maltratadas y abandonadas por su dueño y este jueves, 8 de agosto, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha procedido a su sacrificio. Este ha sido el fatídico final del medio centenar de vacas halladas por la Guardia Civil en la localidad ciudadrealeña de Navalpino a últimos de 2017, donde se encontraron también diez cadáveres de reses en avanzado estado de descomposición, mientras que las supervivientes sufrieron caquexia, por falta de alimentación y de agua.
Un desenlace que se produce tras la pretensión inicial del Gobierno regional, que en mayo de 2018 solicitó al Juzgado de Instrucción número 1 de Ciudad Real el sacrificio e incineración de las vacas. Intención para la que recibió autorización a través de una resolución judicial, dictada el 6 de junio de ese mismo año, pero que fue recurrida por el colectivo castellano‑manchego Proanimal, que todo este tiempo ha luchado en los tribunales para evitar la muerte de los animales, alcanzando incluso un acuerdo con la Junta de Comunidades el 10 abril de 2019.
Dicho pacto, recogido en un informe emitido por parte de la Dirección Provincial de Agricultura con fecha 6 de mayo ‑revelado por PeriódicoCLM hace dos semanas‑ y por el Juzgado en forma de providencia con fecha 30 de mayo, mostraba la conformidad de esta Consejería para que Proanimal fuese nombrada depositaria de las reses con el fin de entregarlas a diversos santuarios de animales que se habían ofrecido a acogerlas, previa calificación sanitaria por parte de la Administración regional, la cual nunca se llegó a efectuar pese a que era obligatoria para poder realizar el traslado.
Mandato que, sin embargo, fue dejado sin efecto el pasado 19 de julio, cuando el Juzgado emitió una nueva providencia, a la que tuvo acceso en exclusiva la redacción de este diario, autorizando al Ejecutivo autonómico al "sacrificio, decomiso y destrucción" de los animales, y urgiendo seguidamente a que lo hiciera "de manera inmediata".
DENUNCIA ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL
Ayer se produjo este triste desenlace, según ha desvelado hoy Pronanimal y ha podido confirmar este medio a través de vecinos de Navalpino, pero todo apunta a que el caso no va a tocar su fin con la muerte de las vacas, ya que el colectivo acaba de anunciar que estudia interponer una denuncia penal ante la Audiencia Nacional contra altos cargos y funcionarios de varias comunidades autónomas porque el sacrificio de las reses "ha estado envuelto en una serie de actuaciones irregulares" por parte de dichas autoridades.
Así lo ha adelantado Proanimal en un comunicado, en el que explica que existen "contradicciones en la actuación de solicitud de traslado de estas vacas" a los santuarios.
En primer lugar, destacan que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, previo a conocer la situación sanitaria de las vacas, se comunicó, de manera informal ‑a través de correos electrónicos y sin apertura de ningún expediente administrativo‑ con funcionarios de diferentes comunidades autónomas, concretamente con Jefes de Servicios de Sanidad Animal, para "saber qué requisitos tenían que cumplir estos animales para autorizar su traslado", poniendo de relieve que los bovinos de Navalpino provenían de una calificación "de alta prevalencia de tuberculosis".
En este punto cabe recordar que a la explotación se le llegaron a realizar dos saneamientos, en el primero tres vacas dieron positivo en tuberculosis y fueron sacrificadas, y en el segundo el resto de animales dieron negativo a dicha infección. Solo faltaba una tercera comprobación del estado de salud de los animales que hubiese permitido que viajasen a los santuarios y no se llevó a cabo.
Por este motivo, Proanimal entiende que el Gobierno regional "actuó de mala fe", ya que, lejos de cumplir con su obligación de proceder al último saneamiento antes de solicitar el traslado a otras comunidades, "dejó constancia de la situación de infección en el primer saneamiento", aunque sin matizar que solo se trató de tres bovinos y éstos ya habían sido sacrificados.
Además, el colectivo castellano‑manchego también pone bajo sospecha la actuación de diferentes Jefes de Servicio de las Administraciones de destino, quienes decidieron directamente no dar el permiso a los santuarios para recibir a las vacas, pese a las anomalías de la solicitud formulada por la Junta.
PRUEBAS DE LAS IRREGULARIDADES
Según Proanimal, la gravedad del asunto se centra en que, "a diferencia de lo que mantiene el Ejecutivo de Castilla-La Mancha, algunas administraciones autonómicas no denegaron la acogida de los animales", sobre lo que aseguran tener documentos oficiales que lo acreditan.
Ponen como ejemplo el caso de ‘Frente L.A. Santuario Animal’, que recibió acta de inspección de la Consellería Do Medio Rural de la Xunta de Galicia en la que expresamente admitía incorporar las reses vacunas procedentes de la explotación de Navalpino, y el de la ‘Asociación Vacaloura Santuario Animal’, que tras requerir a la Xunta de Galicia información relativa a la tramitación de la solicitud obre la autorización del certificado sanitario de movimiento, recibió comunicación de la Consellería Do Medio Rural donde informa literalmente de que "no se recibió ninguna solicitud de autorización sanitaria de traslado por parte de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por lo que no puede haber la denegación, así como ningún expediente con resolución desestimatoria alguna".
Asimismo, este periódico ha conocido que Proanimal registró el 11 de junio de 2019 un escrito dirigido a la directora general de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla‑La Mancha, Cruz Ponce Isla, solicitando documentación sobre las actuaciones de su Consejería relativas al saneamiento ganadero obligatorio y a su comunicación con las diferentes administraciones de destino, con el propósito de llevar a efecto el movimiento de las vacas a los santuarios de animales ‑además de los gallegos ya mencionados, también iban a acoger a los animales la 'Protectora y Santuario Scooby', de Castilla y León; la 'Fundación Santuario Gaia', en Cataluña, y el 'Santuario Compasión Animal', de la Comunidad Valenciana‑.
Una respuesta por parte de la Consejería de Agricultura que no llegó, señalan desde la asociación, al tiempo que denuncian que se les ha "negado el derecho de información, reconocido en la Ley". "Nunca han procedido a remitirnos comunicación alguna al escrito que presentamos, por lo que entendemos que el motivo de esta omisión del deber de informar se debe a que no les interesa que se sepa la verdad", han criticado.
DOCUMENTO | Solicitud de Proanimal que no fue respondida por la Junta de Castilla-La Mancha
Ante esta situación, para Proanimal "resulta obvio que se ha falseado la realidad de la situación y ello ha impedido hacer efectiva la salvación de estas vacas". Todo ello, "con la connivencia de los altos cargos responsables en esta materia y la colaboración del Juzgado de Instrucción número 1 de Ciudad Real", ya que la asociación explica que dio traslado a este tribunal de los documentos públicos que acreditan que, al menos, a dos santuarios no se les ha denegado el traslado, "haciendo caso omiso a ellos".
Actuación de las administraciones que desde el colectivo castellano‑manchego tildan de "intolerable", debido a que "lejos de velar por el bienestar animal", pone en evidencia su "incapacidad y falta de voluntad" para hacer frente a las situaciones de maltrato, abandono y sufrimiento como el de las vacas de Navalpino.
POSTURA DE LA JUNTA
Por su parte, tras conocer la denuncia que está preparando Proanimal, fuentes de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha han explicado a PeriódicoCLM que el Gobierno regional, a partir del abandono de las reses, "ha intentado en todo momento buscar la mejor solución a este asunto" y que, con su sacrificio, "se ha ejecutado" la última providencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ciudad Real, de 19 de julio de 2019, con el objeto de "salvaguardar y evitar riesgo para la salud pública".
Recuerdan estas mismas fuentes que el Ejecutivo autonómico se hizo cargo de la custodia de los animales desde el 23 de febrero de 2018, responsabilizándose desde entonces de la gestión y el mantenimiento de la explotación ganadera abandonada, motivo por el que ha trasladado al juzgado un informe de los gastos ocasionados "a los efectos de una posible responsabilidad civil".
Este medio ha intentado ponerse en contacto con la directora general de Agricultura y Ganadería de la Junta, Cruz Ponce Isla, para conocer de primera mano la posición de su departamento respecto a las acusaciones de irregularidades que Proanimal estudia llevar a la Audiencia Nacional, pero al cierre del presente artículo no se ha recibido respuesta al respecto.
