Hacia un acuerdo histórico en Castilla-La Mancha entre PSOE y PP sobre agua… ¿sin el fin del trasvase?

Emiliano García-Page y Francisco Núñez anuncian tras dos horas de reunión que por primera vez en la historia ambos partidos van a cerrar una postura conjunta en la región en materia hídrica, aunque los 'populares' titubean respecto al cese de las derivaciones del Tajo al Levante y podría ser el principal escollo en las negociaciones.

TOLEDO.- Dispuestos a buscar una posición común en materia de agua para poder defenderla a nivel nacional, así se han mostrado el presidente de Castilla-La Mancha y secretario regional del Partido Socialista, Emiliano García-Page, y el líder del Partido Popular en la región, Francisco Núñez. Un punto de partida para un entendimiento en torno al agua hasta la fecha inédito.

Se fragua así un hito en la trayectoria de posiciones encontradas que hasta la fecha se habían mantenido desde ambas formaciones que, tras la reunión celebrada este miércoles entre los líderes de socialistas y 'populares' en el toledano Palacio de Fuensalida, abre una puerta a la búsqueda de una posición común sobre el agua.

Una novedad que ha subrayado también el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, José Luis Martínez Guijarro, quien tras las cerca de dos horas de reunión comparecía ante los medios de comunicación para retirar la intención de llegar a un posicionamiento conjunto en materia de política de agua en la región para poderla defender a nivel nacional, algo que ocurriría por "primera vez".

En este sentido, Martínez Guijarro ha reconocido el "giro importante" en el planteamiento de los actuales responsables regionales del PP con respecto "a la actitud que existía anteriormente".

Así, el vicepresidente regional ha explicado que se retomará la actividad de la Mesa regional del Agua con la que ya se estuvo trabajando en la anterior legislatura, con los grupos parlamentarios y agentes sociales y económicos, a la que ahora se incorporará el Partido Popular.

Incorporación a la Mesa del Agua que será convocada en los próximos días, tal y como se encargaba Núñez de anunciar en declaraciones a los medios.

Un órgano en el que considera que además de los partidos políticos con representación parlamentaria ‑PSOE, PP y Ciudadanos‑, deben sentarse aquellos colectivos a los que también afecta la política hídrica de la región, como son los ayuntamientos, agricultores y ganaderos, empresarios, regantes y los municipios ribereños.

"Todas las entidades que operan en materia de gestión hídrica", precisaba Núñez, "con el objetivo de blindar una posición común que defienda los intereses de Castilla-La Mancha en materia de agua para acudir al Pacto Nacional por el Agua".

En este sentido, el presidente regional del PP ha considerado que el tema del agua no puede seguir siendo un elemento de confrontación, por lo que es necesario buscar una solución para que el agua se convierta en motor de desarrollo, riqueza y oportunidades en Castilla-La Mancha.

EL TRASVASE, PRINCIPAL ESCOLLO

Sin embargo, a pesar de los buenos propósitos, la situación del Tajo y el trasvase se ha confirmado una vez más el principal escollo para alcanzar ese acuerdo. Así ha quedado patente después de que, preguntado por los periodistas sobre si la posición común que se busca incluiría el fin del trasvase, el vicepresidente de la Junta de Comunidades haya señalado que cambiar el actual sistema de gestión del trasvase es "condición sine qua non" para fijar ese posicionamiento, de modo que el trasvase "tiene que dejar de funcionar como está funcionando hasta este momento".

Y es que si para el Gobierno de García-Page esa es "una de las claves de bóveda" en la búsqueda de una posición común, desde el PP parece que no lo tienen tan claro.

Así, preguntado al respecto, Núñez hacía hincapié en que durante el encuentro no se había hablado de pedir el fin del trasvase, sino de garantizar que Castilla-La Mancha cubra sus necesidades hídricas y de tener una posición "fuerte y firme" como comunidad autónoma para que, ante un debate nacional, la región tenga una respuesta "coherente y pactada".

ACERCAMIENTO SOBRE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Pero además del agua, la intención de buscar consensos y una voz unánime con la que presentarse en el debate a nivel nacional se ha extendido también a otras cuestiones, como la financiación económica.

Para ello, según detallaba el vicepresidente regional, desde la Junta de Comunidades se va a crear un grupo de trabajo en el que junto al Ejecutivo autonómico estén los tres grupos parlamentarios que cuentan actualmente con representación en las Cortes. Un grupo que versará sobre financiación y despoblamiento, al estar ambas cuestiones "estrechamente relacionadas" en una región, precisaba, en la que las condiciones sociales y demográficas repercuten en el coste que tiene para la Administración la prestación servicios básicos como la sanidad o la educación, así como la puesta en marcha de infraestructuras que "faciliten la igualdad de oportunidades".

En este contexto, el Gobierno regional se ha mostrado partidario de la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) e incluso el presidente García-Page ha trasladado a Núñez la posibilidad de solicitar la reunión de la Comisión de Comunidades en Senado.

"La financiación autonómica es uno de los problemas más importantes que tiene nuestro país porque se empieza a poner en riesgo la viabilidad financiera de servicios públicos demandados diariamente por los ciudadanos y que prestan las comunidades autónomas", ha apostillado Martínez Guijarro.

REFORMA DEL ESTATUTO

Al margen de estas dos cuestiones, durante el encuentro, en el que además de García-Page y Núñez han participado el vicepresidente Martínez Guijarro; la portavoz del Ejecutivo, Blanca Fernández, así como la secretaria regional del PP, Carolina Agudo, y su compañera la diputada regional Ana Guarinos, también se han abordado otras cuestiones como la reforma del Estatuto de Autonomía.

Asunto sobre el que Martínez Guijarro ha reiterado la intención por parte del Gobierno regional de iniciar "de una manera tranquila y sosegada" conversaciones de cara a la redacción del nuevo Estatuto, así como del resto de legislación que se derivaría del mismo, como la ley Electoral y la ley del Gobierno.

Todo ello, precisaba, teniendo presente que el Estatuto de Autonomía tiene que ser aprobado definitivamente por las Cortes Generales, a las que se pretende llegar "con el máximo consenso".

Un "camino de pactos" el iniciado con el que se ha mostrado satisfecho el líder de los 'populares', al considerar que es bueno para el futuro de Castilla-La Mancha.

A pesar de los puntos en común, ha lamentado que no se haya podido llegar a un acuerdo en materia impositiva, ya que según Núñez el presidente regional no habría aceptado la propuesta del PP de aplicar una bajada generalizada de impuestos "para equipararnos con la comunidad vecina de Madrid", algo que, sin embargo, los conservadores aseguran que seguirán reclamando en sede parlamentaria.

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