Page abre el debate sobre las lenguas cooficiales en el acceso al empleo público de las autonomías

El presidente de la Junta considera que la diversidad y pluralidad de España no puede ser excusa para "cercenar derechos básicos" de quienes solo hablan castellano, por lo que va a presentar este tema ante la próxima Conferencia de Presidentes regionales para evitar "que el idioma signifique una diferencia de igualdad de trato o de derechos".

TOLEDO.- El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, quiere que sobre la mesa de la próxima Conferencia de Presidentes autonómicos se hable no solo de armonizar la fiscalidad, sino también el uso de las lenguas cooficiales.

Así lo ha avanzado este jueves durante su intervención en el acto de toma de posesión de los miembros del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha en las Cortes regionales, donde ha señalado que, además de la "evidente" necesidad de analizar la armonización fiscal en todo el territorio nacional, se podría abrir una reflexión "colectiva e institucional", para evitar que se produzcan "contradicciones", especialmente en el uso de las lenguas cooficiales del Estado.

Concretamente, García-Page ha asegurado que no es contrario a que el catalán se hable en Cataluña, pero sí "a que el idioma signifique una diferencia de igualdad de trato o de derechos" hacia aquellos ciudadanos que solo hablan castellano, como por ejemplo en el acceso al empleo público. Situaciones que se producen en todas las comunidades autónomas en las que hay lenguas cooficiales ‑ha precisado‑, aunque considera que la protección a la diversidad y la pluralidad "no puede ser a costa de cercenar derechos básicos" de quienes no hablan esas lenguas cooficiales.

Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo autonómico también ha defendido la necesidad de avanzar en la armonización de la fiscalidad, puesto que hay algunas normas que se han desarrollado en las comunidades autónomas que generan "distorsión", como por ejemplo aquellas relacionadas con la recaudación de los impuestos transferidos a las regiones.

Considera que existe mucha normativa planteada "sobre la base de la competencia mal entendida entre comunidades autónomas o la envidia insana", las cuales producen contradicciones e incluso "demagogia".

Por esta razón, García-Page ha denunciado la petición, por parte de determinadas regiones, de más fondos de financiación autonómica, al tiempo que abogan por bajar los impuestos que tienen transferidos.

Por ello el presidente regional apuesta por realizar "un mínimo examen de conciencia" para abrir una etapa en la que ni la cesión de impuestos a las comunidades autónomas ni el idioma "cercenen o limiten" el principio de igualdad entre españoles.

ENCOMIENDAS AL CONSEJO CONSULTIVO

Al margen de estos planteamientos que trasladará a la Conferencia de Presidentes, García-Page ha hecho referencia a las primeras encomiendas que desde el Ejecutivo regional se trasladarán al Consejo Consultivo de la región, cuyos nuevos consejeros tomaban hoy posesión del cargo. Cuestiones entre las que ha planteado la posibilidad de "ahondar en la legislación europea", de forma proactiva, para estudiar si esa normativa puede servir a la región en situaciones de conflicto jurídico con otras administraciones.

García-Page se refería de esta manera al asunto del agua, señalando que "la legislación en Europa va mucho más en la dirección que planteamos en esta tierra que la que se aplica en España". Y es que, ha recordado, aún está pendiente la adaptación de los planes hidrológicos del país a la legislación europea, "que exige otras condiciones más avanzadas, que por cierto coinciden con las nuestras". Algo, ha avanzado, sobre lo que "vamos a tener importantes noticias" a lo largo del mes de septiembre.

Asimismo, el presidente de Castilla-La Mancha también se refería a la modificación del Estatuto de Autonomía, que se planteará durante este mandato. Una reforma sobre la que se deberá pronunciar el Consejo Consultivo y en la que García-Page espera alcanzar "un consenso razonable" tanto con los partidos políticos con representación en las Cortes como con los que no llegaron a entrar.

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