TOLEDO.- La necesidad de protegerse frente a los aranceles del 25 por ciento con los que amenaza Donald Trump al sector agroalimentario europeo ha obtenido refrendo en el Comité de las Regiones del territorio comunitario, donde se ha aprobado una declaración impulsada por Castilla-La Mancha, que ha recabado el apoyo de todas las comunidades autónomas que forman parte de la delegación española, para articular una estrategia conjunta con el fin de plantar cara a la Administración estadounidense.
Un texto que ha obtenido luz verde este martes en el marco de la decimoséptima Semana de las Regiones y las Ciudades que se ha celebrado en Bruselas, en la que desde el Ejecutivo que preside Emiliano García-Page se han reclamado medidas que eviten los "injustos" efectos que esta política arancelaria tendría para la industria agroalimentaria.
Resolución que desde el Gobierno castellano‑manchego se valora "muy positivamente", dada la preocupación existente en la región, ya que "un buen porcentaje de las exportaciones de productos agroalimentarios van a Estados Unidos" y de cumplirse las amenazas de Trump, "afectaría negativamente a nuestros productos, a nuestras exportaciones y, por ende, a nuestra economía y al empleo".
Así lo ha reconocido hoy la portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, quien ha valorado la decisión del presidente autonómico de abanderar una resolución conjunta de toda la delegación española para iniciar conversaciones y negociaciones desde la Unión Europea con el Gobierno estadounidense de cara a "intentar buscar un acuerdo bilateral", de modo "que no se lleven a efecto esos aranceles que serían tan perjudiciales", especialmente para España, Italia y Francia.
Asimismo, y en el caso de que no se lograra ese acuerdo, tal y como recoge la resolución aprobada, por parte de la Unión Europea se impulsarían "medidas compensatorias" a las regiones "más duramente afectadas por la política arancelaria" anunciada por Estados Unidos.
Una línea en la que, según ha destacado Fernández, también se está moviendo el Gobierno de España en funciones, en coordinación con las comunidades autónomas, para contrarrestar las futuras pérdidas económicas si finalmente el próximo 18 de octubre entran en vigor los aranceles de Estados Unidos.
No obstante, desde el Ejecutivo castellano-manchego están convencidos que la Unión Europea tiene aún "margen de negociación" para evitar que Estados Unidos aplique los aranceles anunciados a diversos alimentos, en especial el queso manchego, pero también el vino, el aceite y los productos de porcino, cuatro sectores que en Castilla-La Mancha suponen alrededor de 266 millones de euros de facturación anual en la exportación a Estados Unidos, más de un tercio de lo que exporta el conjunto de España.
Así lo señalaba este lunes el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, antes de participar en la reunión convocada en el Ministerio con los consejeros del área para abordar este asunto, así como los efectos del 'Brexit' y el futuro de la Política Agraria Común.
En este sentido, el consejero recordaba que la Denominación de Origen de Queso Manchego aglutina el 62 por ciento de la facturación de este alimento en España, y que el estadounidense es un mercado "fundamental" para su negocio. "Estamos hablando de un efecto muy real", incidía el consejero.
MEDIDAS FRENTE A LOS ARANCELES
Sobre este tema, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, cifra en 765 millones de euros el impacto económico que tendrían los aranceles en el conjunto de la nación, en una estimación elaborada a partir de las ventas de España a Estados Unidos en 2018 de los alimentos que aparecen en el listado arancelario.
Entre las medidas que se plantea solicitar a la Unión Europea, si se mantiene la decisión estadounidense, está el almacenamiento privado de aceite, el apoyo a la promoción para buscar terceros mercados y ayudas para el sector, como las que ya se otorgaron en casos como el veto ruso a productos comunitarios.
Aunque "no es bueno para nadie" entrar en una "guerra comercial", los intereses "deben ser defendidos firmemente" y eso requiere "consenso", ha afirmado el ministro. Un consenso que está consiguiendo materializar Castilla-La Mancha en Europa.
