TOLEDO.- Una enmienda del grupo parlamentario socialista relativa a la consolidación de cargos destinada a los empleados públicos en servicios especiales que se dedican a la política y vuelven a la Administración una vez terminada esa etapa ha sido el centro de la polémica en el debate del proyecto de ley de Medidas Administrativas y

Tributarias que ha seguido este martes al debate y votación de las 237 enmiendas al proyecto de ley presupuestos para 2020.

Una enmienda del PSOE que para los populares responde a un intento de aprobar ”de tapadillo” privilegios vitalicios para altos cargos de la Junta ”entregados a la causa socialista”, con el dinero de todos los castellanomanchegos, algo que desde el grupo socialista niegan rotundamente.

Acusaciones que realizaba en rueda de prensa la portavoz del grupo parlamentario popular en las Cortes, Lola Merino, momentos antes de la comisión de Economía y Presupuestos, donde lamentaba que, ”por la puerta de atrás, con premeditación, alevosía y nocturnidad” Page pretendiera ”aprobar privilegios económicos para todos los altos cargos de nuestra región”.

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Algo que calificaba de ”maniobra maquiavélica”, una estrategia ”enrevesada y torticera” para ”colar por debajo de las alfombras”, aprovechando la comisión de Presupuestos y posterior debate de medidas tributarias, ”los privilegios vitalicios de los que han sido, son y serán altos cargos de Castilla-La Mancha”, todo ello a través de una enmienda del PSOE.

Considera Merino que a García-Page ”se le ha subido la mayoría absoluta a la cabeza”, ya que el grupo popular ”no puede enmendar una enmienda del PSOE y el resultado final sería la modificación de la ley de Empleo Público en la que se recuperarán privilegios de altos cargos, con carácter retroactivo, desde el año 2007, por vía de hecho”.

Una enmienda en la que se indicaba que ”el personal funcional de carrera con destino definitivo o en adscripción provisional en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que pase a la situación administrativa de servicios especiales por desempeñar cargos en la Administración regional comprendidos en el ámbito de aplicación de la ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, o asimilados a estos, consolidará por el desempeño de dichos cargos públicos el grado personal en idénticos términos a los previstos en la regulación de la carrera profesional para los funcionarios en el desempeño de puestos de trabajo con carácter definitivo”.

Pero al margen del fondo, los populares centraban también sus acusaciones en las formas, al asegurar que se han encontrado dicha enmienda ”publicada en el Boletín Oficial de las Cortes el pasado 5 de diciembre -en vísperas del puente de la Constitución-, para ser introducida de manera torticera en la comisión de Economía y Presupuestos”, han criticado en nota de prensa.

Para Merino se trata de ”una cacicada sin precedentes”, un ”derroche de dinero público”, así como un ”insulto a todos los funcionarios de la región”, que además se ha hecho con ”secretismo y oscurantismo”, sin negociar con los sindicatos, saltándose la Mesa de la Función Pública, de espaldas a las Cortes y al Consejo Consultivo, lo que constituye ”una auténtica vergüenza”.

Acusaciones a las que desde el grupo parlamentario socialista daba respuesta su portavoz, Ana Isabel Abengózar, quien calificaba todo lo dicho por Merino de ”mentiras”, puesto que lo que se hace es ”igualar la ley regional a la estatal al reconocer la consolidación de nivel cuando regresan a su puesto de trabajo”.

La socialista aseguraba que no hay ”ni un solo privilegio para los altos cargos, pero tampoco ni una sola desventaja”.

Asimismo recordaba que fue Cospedal quien quitó el complemento que tenían los empleados públicos que son altos cargos; un complemento específico ”que ella sí cobra”, pero quitó para el resto. ”Sus altos cargos, esos que gobernaron en Castilla-La Mancha pero que eran de Madrid, cuando volvieron a Madrid lo cobraron”, apostillaba.

De este modo Abengózar ha insistido en que de lo que se trata con esta enmienda es de ”consolidar nivel de los altos cargos que están en política”, en ningún caso de privilegios, sino de que ”tengan las mismas condiciones que tiene una persona que no se mete en política”.

Por ello, ha retado a los ex altos cargos del Partido Popular que no están de acuerdo a que ”presenten por escrito la renuncia a esa consolidación de nivel”, al tiempo que ha negado que la medida vaya a tener carácter retroactivo.

La portavoz socialista ha criticado que el PP de Castilla-La Mancha se dedique a lanzar mentiras y no hable de un presupuesto que lo que persigue es ”seguir avanzando, recuperando derechos y la calidad en los servicios públicos de esta región, que aumenta en sus partidas más importantes, en Educación, Sanidad y Servicios Sociales”.

Ya en la comisión, la diputada regional del PP Ana Guarinos anunciaba que su grupo mantendrá un voto particular a esta enmienda, de la cual se aprobaban por unanimidad algunos de los apartados, mientras que PP y Ciudadanos votaban en contra de tres de ellos.

Guarinos tildaba de ”casualidad” que al Gobierno regional se le haya ”olvidado” incluir la modificación de la Ley de Empleo Público en los presupuestos y que haya tenido que ser el grupo socialista el que haya presentado una enmienda a la ley de Medidas Administrativas y Tributarias para este fin.

Para el PP, el Ejecutivo autonómico en realidad ”no ha querido dar publicidad de ningún tipo a esta propuesta” sino ”ocultar los privilegios” que se suprimieron por parte del Gobierno de María Dolores de Cospedal durante su mandato, en concreto el complemento para exaltos cargos y ”funcionarios afines a la causa del PSOE”.

La parlamentaria del PP criticaba así que el Ejecutivo presidido por Emiliano García-Page quiera ”volver a instalar” este complemento y que para ello ”se ampara en su mayoría absoluta” y lo hace a través del grupo parlamentario y sin pasar por el trámite del Consejo Consultivo.

De hecho, ha recordado que el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, dijo en su día que esta modificación iba a pasar por la Mesa de la Función Pública pero ”ni se ha negociado ni ha habido intención”, sentenciaba Guarinos, sino que el Gobierno ”trata de imponerla” con ”nocturnidad y alevosía”.

Durante la comisión Guarinos instaba al grupo socialista a retirar la que ha denominado ”la enmienda de la vergüenza”.

Palabras que tampoco quedaban sin respuesta por parte del grupo socialista, cuyo presidente, Fernando Mora, acusaba a los populares de hacer ”demagogia” con este asunto y desmentía que la enmienda trate de establecer complementos para altos cargos.

Asimismo ha recordado que Cospedal cobra ese complemento en el Tribunal Supremo, y también el exconsejero de Hacienda, Arturo Romaní, en la Inspección de Hacienda en Madrid así como la exconsejera de Fomento, Marta García de la Calzada, como abogada del Estado y del Supremo.

”No se va a cobrar el complemento de exalto cargo ni se resucita, y el PSOE no tiene nada que ocultar”, sentenciaba Mora.