Antonio Román, antiguo alcalde del PP por Guadalajara, señalado por presuntos delitos de prevaricación

  • El Ayuntamiento ha concluido tras una comisión de investigación que, tanto el ex alcalde como su número dos, Jaime Carnicero, habrían cometido dos delitos en relación a la gestión del Mercado de Abastos.
  • El presidente de la Comisión, Israel Marco, ha anunciado que el Consistorio trasladará los hechos a la Fiscalía después de que se aprueben las conclusiones de la investigación en el Pleno del próximo viernes.

Titular alternativo: Guadalajara llevará a la Fiscalía a Antonio Román, ex alcalde del PP, por presuntos delitos de prevaricación

GUADALAJARA.- Parte de la gestión del Partido Popular en Guadalajara pasará por la lupa del Ministerio Público. Así lo ha anunciado el Ayuntamiento de la capital provincial, que después de varios meses de investigación, ha concluido que en los últimos meses del gobierno conservador en la ciudad se podrían haber cometido sendos delitos de prevaricación.

El encargado de hacerlo público ha sido el presidente de la Comisión de Investigación, el edil de Ciudadanos Israel Marco. Los hechos indagados tienen que ver con la polémica apertura del Mercado de Abastos tras su remodelación, realizada por Antonio Román dos días antes de las elecciones municipales.

En aquel momento, el dirigente del Partido Popular fue denunciado por la empresa adjudicataria de las obras, que les acusó tanto a él como a su número dos, el concejal Jaime Carnicero, de ocupar ilegalmente las obras antes de que estas hubieran finalizado. La constructora también manifestó que se puso en riesgo la seguridad ciudadana, debido a que, en el momento de la apertura, "no estaban terminados los sistemas de protección contra incendios".

La Comisión entiende que en este caso se aprecia la existencia de dos posibles delitos de prevaricación, uno que afectaría al ex teniente de alcalde como parte proponente, y otro al propio Román como responsable último de la firma del Decreto.

Uno de los aspectos el los que más ha fijado la atención la Comisión es el "uso partidista" que se hizo de las instalaciones municipales. Con la obra sin recepcionar, el Partido Popular celebró una rueda de prensa en el Mercado, sirviéndose de su función de gobierno, y "produciéndose una inauguración de facto" en la que se realizó una visita de la prensa con las instalaciones de hostelería ya instaladas.

Sin embargo, no se trata del punto más grave al que ha llegado la Comisión. Además, desde el Ayuntamiento han podido comprobar que la gestión del Mercado de Abastos se le concedió a una única empresa "sin concurso público", pliegos o procedimientos administrativos adecuados..

El teniente de alcalde, que ni siquiera tenía competencias para conceder la gestión, se habría valido de una "licencia de ocupación en la vía pública" que habitualmente se usa para la instalación de mesas informativas. Para Marco, queda acreditado que Carnicero actuó "de forma arbitraria y de manera consciente, dando a un procedimiento erróneo la apariencia de normalidad".

El presidente de la Comisión insinuó además en que "ya existía un acuerdo previo entre el anterior equipo de Gobierno y la empresa elegida para prestar el servicio mucho antes de que finalizase la obra".

Por todo ello, la Comisión de Investigación ha pedido en sus conclusiones finales que el Ayuntamiento traslade de inmediato los hechos a la Fiscalía. El veredicto de la Comisión se votará en el Pleno del próximo viernes. Un trámite que se realizará sin muchos problemas, dado que el PSOE y Ciudadanos cuentan con una mayoría absoluta en el municipio.

EL PP HABLA DE "CACERÍA POLÍTICA"

Los conservadores no han tardado en negar las graves conclusiones a las que ha llegado la investigación del Ayuntamiento. Para el portavoz del PP y principal afectado, Jaime Carnicero, todo se trataría de "un circo mediático" orquestado por el actual alcalde, el socialista Alberto Rojo, con el fin de "lincharles".

El antiguo vicealcalde ha defendido su honorabilidad en una rueda de prensa de urgencia, y ha sostenido que el único objetivo de la comisión ha sido el de iniciar una "cacería política", con el fin de "desprestigiar" al anterior Gobierno de Antonio Román.

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