TOLEDO.- El Ejecutivo castellanomanchego inicia este martes los trámites jurídicos para demandar al Estado por los 130 millones que adeuda a la región correspondientes a la devolución del IVA de diciembre de 2017.
Cumplida la semana hábil que el presidente regional, Emiliano García-Page, daba al Ejecutivo de Pedro Sánchez para mover ficha y proceder al pago de la deuda, el Consejo de Gobierno dará luz verde al inicio de los trámites para interponer la correspondiente denuncia ante los tribunales.
Aunque Castilla-La Mancha no ha sido la única comunidad autónoma en exigir la devolución de lo que la reforma del impuesto practicada por el entonces ministro de Rajoy, Cristóbal Montoro, dejó sin repartir, y la posterior inestabilidad en el Gobierno ha impedido presupuestar, sí se ha mostrado como una de las más tajantes en sus planteamientos.
Al frente de la reclamación se ha situado el propio García-Page, quien este lunes durante un acto celebrado en el Palacio de Fuensalida, sede del Gobierno regional, subrayaba que se debe "a los intereses de Castilla-La Mancha" por encima de los de su partido, al tiempo que ha lamentado que las comunidades autónomas sean las primeras víctimas de las crisis políticas.
Y a pesar de que este martes el Consejo de Gobierno autoriza la presentación de aquellos recursos jurídicos "que haya lugar" contra la decisión del Estado de no proceder a la devolución de las liquidaciones del IVA adeudadas, García-Page espera que "en el curso de la discusión jurídica a la que nos vemos obligados, pudiera haber entendimiento" con todas las comunidades autónomas.
En este sentido advertía que "mientras llegue el dinero, bien", pero que le "molestaría" que acabara pagándose el IVA a las comunidades autónomas "porque lo pida un diputado de alguna parte de España o porque se le ocurra a los independentistas. Confía así un "buen entendimiento" con todas las comunidades autónomas, independientemente de su representación en la Cámara Baja, algo que "no podría concebirse de otro modo".
Y es que para Emiliano García-Page "esto no tiene vuelta de hoja, independientemente de que siempre se pueden buscar triquiñuelas para escaparse de las responsabilidades".
Por otra parte lamentaba que haya "muchas causas pendientes y mucho dinero" aún por aclarar, "más de mil millones en el conjunto" -precisaba- "al menos en la relación con Castilla-La Mancha, en este retraso patológico que tiene la financiación autonómica en España".
El jefe del Ejecutivo castellanomanchego insistía en esta línea en la necesidad de cumplir la ley y por ello "de la misma manera que exigimos que la cumplan los independentistas, se tiene que cumplir por todos los lados".
Así incidía en que la financiación de los servicios públicos esenciales que prestan las autonomías lleva en lista de espera "una barbaridad", siendo así las comunidades las principales víctimas de la inestabilidad.
Del mismo modo recordaba que al igual que él no puede dejar de pagar una nómina de un mes, no se puede dejar de liquidar los impuestos de un mes, que es precisamente lo que está pasando con el IVA, ya que en 2017 -cuando aún gobernaba el PP de Mariano Rajoy- las comunidades autónomas solo recaudaron once meses de IVA, de enero a noviembre, quedando pendiente diciembre.
Una 'pérdida' debida a la reforma del impuesto, que pasaba de tener que cerrarse el día 20 a hacerlo el día 30, de modo que no pudo quedar computada la recaudación de ese mes de diciembre de 2017 hasta enero de 2018, por lo que de cara a la financiación del año siguiente las autonomías contaron con un mes menos de IVA de lo que les correspondía.
Una reclamación que desde el Gobierno de coalición, sin embargo, se ve como "fomentar el España nos roba o el Gobierno nos roba", sirviéndose de "expresiones que suenan a otras cuestiones que han sido reprochadas por parte de las fuerzas políticas democráticas en relación con la bandera que algunos han intentado aupar para darse justificación respecto al fin independentista".
