TOLEDO.- El Parlamento castellanomanchego ha aprobado por unanimidad la ley de Evaluación Ambiental, cuyo objetivo es regular la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
Una nueva ley que sale adelante con el voto unánime de los tres grupos parlamentarios, como ya sucediera la pasada semana con la ley del Tercer Sector Social, después de que desde el PP se hayan retirado las dos enmiendas parciales que había mantenido vivas para el pleno tras la comisión de Desarrollo Sostenible.
El nuevo texto legislativo permitirá agilizar los trámites de evaluación ambiental en la región, beneficiando así a todos los sectores de la sociedad "desde el rigor del medio ambiente", contribuyendo a la creación de "cohesión social, progreso y sostenibilidad", al tiempo que introduce medidas para "corregir" los impactos negativos que puedan tener los proyectos que se propongan, arbitrando además los mecanismos adecuados para combatir la contaminación.
Aspectos de la nueva ley que ha destacado durante su intervención en el pleno el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, quien ha subrayado el "inequívoco" compromiso del Ejecutivo autonómico con la protección del medio ambiente.
Escudero ha asegurado que esta norma no solo satisface las necesidades de la generación actual en relación al medio ambiente, sino también a las generaciones futuras.
Asimismo defendía la necesidad de aprobar esta ley para adecuar la normativa a la legislación comunitaria y estatal, y porque además simplifica el marco normativo regional tanto para la Administración como para el administrado, facilitando la relación entre ambas partes.
En este sentido, el consejero ha valorado que con esta nueva norma se podrán coordinar aspectos actualmente dispersos en la normativa estatal, como la evaluación de proyectos o la evaluación y control integrado de la contaminación, lo cual tendrá una incidencia positiva y beneficiará "a muchos expedientes" para la instalación de industrias y modelos de creación de riqueza.
Desde la aprobación de la primera ley de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha en el año 1999 han sido más de 23.000 los procedimientos de evaluación de impacto ambiental que se han tramitado, de los cuales un millar lo fueron en 2019.
Datos que muestran la "trascendencia" de esta ley en la actividad económica, dada su "relación directa" con la economía. Una norma que es la segunda de carácter medioambiental que se aprueba en lo que va de legislatura, después de que a finales de noviembre se diera luz verde a la ley de Economía Circular.
Y es que, ha subrayado, el objetivo del Gobierno regional es que "el proceso de evaluación de impacto ambiental no sea un obstáculo para el desarrollo socioeconómico de esta región, sino una garantía de que los procesos productivos cumplen los criterios ambientales".
El diputado del PSOE y ponente del dictamen, Francisco Pérez Torrecilla, subrayaba durante su intervención la tramitación "ejemplar" de esta ley, con un "excelente" índice de participación ciudadana y de los colectivos implicados. Grupos ecologistas, federaciones y asociaciones de empresarios y todas las consejerías implicadas han participado en la elaboración de este proyecto de ley, incorporando sugerencias o aportaciones, al tiempo que se ha contado con el respaldo unánime del Consejo Asesor de Medioambiente.
Trabajo que tenía como fruto un proyecto de ley compuesto por 71 artículos, dispuestos en tres títulos, dos disposiciones adicionales, una transitoria, dos derogatorias, dos finales y seis anexos, orientados a regular la evaluación ambiental de aquellos planes y proyectos que pudieran tener "efectos significativos" en el medio ambiente, con el objetivo de garantizar la protección ambiental y el desarrollo sostenible.
Aspecto éste que para el Partido Popular es "una de las cuestiones más importantes", tal y como ha subrayado durante su intervención el diputado Juan Antonio Moreno.
El parlamentario popular destacaba también el "esfuerzo" que va a suponer para la Administración llevar a cabo la labor de "consultoría" a los ayuntamientos que contempla esta ley, para ayudarles a resolver "cuestiones dificultosas".
Por su parte desde Ciudadanos, el presidente del grupo, Alejandro Ruiz, apuntaba que se trata de una "mera trasposición de una ley nacional", y aunque "llegue con retraso" desde la formación naranja celebran que Castilla-La Mancha vaya a contar con esta normativa.
En este sentido incidía en que la nueva norma no va a ser el bálsamo de Fierabrás de los problemas medioambientales de la región, pero es "un comienzo".
Por otra parte desde Ciudadanos mostraban su preocupación por el hecho de que esta nueva ley no haya recogido cuestiones "importantes" relacionadas con los acuíferos, la minería o el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos radiactivos.
El respaldo unánime a la ley se escenificaba minutos antes del arranque de la sesión plenaria con una fotografía en la que participaban el presidente del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page, así como los consejeros con competencias en esta cuestión, el propio Escudero y el titular de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo; parlamentarios de los tres grupos y representantes de colectivos sociales que participaron en la redacción del proyecto.
