Castilla-La Mancha pide al Gobierno la moratoria de alquileres y una renta garantizada ante el coronavirus

  • El Ejecutivo que preside Emiliano García-Page va a reclamar oficialmente este martes las medidas al ministro José Luis Ábalos en la Sectorial de Transportes que se reúne por videoconferencia.
  • La Junta adelanta que, si el Estado no acepta la propuesta, va a decretar el aplazamiento en sus 6.700 viviendas de titularidad pública, e insta a que el ingreso mínimo pueda ser complementado por autonomías y ayuntamientos.

TOLEDO.- La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha va a pedir esta tarde al Gobierno central una moratoria en el pago de los alquileres y una renta garantizada en el conjunto de España. Una petición que tiene previsto trasladar al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, durante la reunión por videoconferencia de los responsables en esta materia en el marco la Sectorial de Transportes, en la que se abordará la coordinación de las medidas adoptadas tras la declaración del estado de alarma.

Una propuesta que ha adelantado el vicepresidente  regional, José Luis Martínez Guijarro, durante la rueda de prensa que ha ofrecido para informar sobre los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno, presidido por Emiliano García-Page, que se ha celebrado a lo largo de la mañana de este martes.

Se pedirá así al ministro la aprobación de una importante moratoria de los alquileres en todo el país, de modo que "se obligue a los grandes tenedores de vivienda" a acogerse a ella. Así, ha precisado Martínez Guijarro, "las familias verían aliviada su situación económica".

No obstante, y si desde el Ministerio no se aceptara esta propuesta, el vicepresidente regional ha apuntado que el Ejecutivo autonómico analizaría la implementación de esta medida en las 6.700 viviendas que son propiedad de la Comunidad Autónoma y tiene alquiladas a familias castellanomanchegas.

Desde el Ejecutivo autonómico consideran importante "anticiparse" a los efectos de esta crisis, partiendo de la base de que "no se puede dejar a nadie tirado". Para ello se trabaja ya en diversas medidas en materia de recuperación económica y social para las familias afectadas, en coordinación con otras administraciones como las diputaciones, pero a la vez creen necesario que el Gobierno de Pedro Sánchez tome decisiones en este sentido.

Por este motivo, la Junta de Comunidades también es partidaria de la implementación de una renta de garantía al conjunto de familias afectadas por esta crisis en el país, algo que también se va a solicitar hoy al Gobierno central. Una renta que tanto comunidades autónomas como ayuntamientos puedan "complementar" con otro tipo de medidas.

Planteamiento en el que ya está avanzando el Gobierno regional, en cuyo seno se ha constituido un grupo de trabajo entre las distintas consejerías para "estudiar las distintas alternativas en esta materia" e ir tomando algunas decisiones al respecto.

MÁS DE 15.000 FAMILIAS AFECTADAS

Para Martínez Guijarro se trata de encontrar entre todas las administraciones la forma para "sacar la máxima rentabilidad a los recursos públicos", ofreciendo ayuda a aquellas familias trabajadoras y autónomos que han visto paralizada su actividad y mermados sus recursos como consecuencia de la crisis del coronavirus.

En este sentido el vicepresidente de la Junta ha detallado que se han recibido hasta el momento 3.053 solicitudes de expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE) en la comunidad, que afectan a un total de 15.034 personas.

ERTEs de los cuales 728 se han presentado en la Delegación de Albacete, que afectan a 3.283 personas; mientras que otros 790 se han presentado en Ciudad Real, afectando a un total de 3.829 personas.

Por su parte en la Delegación de Cuenca han sido 370 las solicitudes presentadas, afectando a 1.551 trabajadores, y en Guadalajara ascienden a 306 los ERTEs planteados para 1.634 personas. En la provincia de Toledo los afectados por los 773 expedientes de regulación temporal planteados son 3.861 trabajadores.

A ellos se suman los 86 ERTEs que se han presentado directamente en la Dirección General de Trabajo al afectar a varias provincias, con un total de 876 personas.

Más de 15.000 familias, ha insistido el vicepresidente Martínez Guijarro, que van a verse afectadas económicamente y a las que es necesario dar una respuesta.

Se trata de "garantizar que nadie se quede en el camino" como consecuencia de esta crisis sanitaria y de sus implicaciones desde el punto de vista económico.

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