TOLEDO.- El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) cifra en 1.921 las licencias de enterramiento solicitadas en la región durante el mes de marzo por coronavirus COVID-19 o sospecha compatible con esta causa, un 57,9 por ciento del total de las inhumaciones. Este dato difiere sustancialmente de los 774 fallecidos confirmados hasta el 1 de abril (los datos se referían al 31 de marzo) por la Administración autonómica. Una diferencia de casi el triple, al ser 1.147 los muertos que no estarían contabilizados como víctimas de esta pandemia al no habérseles practicado la prueba que confirmase el diagnóstico.
Conclusiones que extrae el alto tribunal castellanomanchego de un informe sobre el número de licencias de enterramiento expedidas por los registros civiles de la región en el mes de marzo, que refleja un aumento del 96,3 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.
Según éste, en la región se tramitaron en marzo 3.319 licencias de enterramiento, cuando en marzo de 2019 fueron 1.691 las defunciones registradas y el año anterior 1.826.
En nota de prensa, el TSJCLM traslada así el resultado de las actuaciones e informaciones realizadas por la Presidencia en el ámbito de los registros civiles de Castilla-La Mancha con motivo de la situación originada por la pandemia del coronavirus COVID-19.
Actuaciones iniciadas a raíz de las informaciones solicitadas para garantizar el correcto funcionamiento de los registros civiles, en los que se apreciaba "un desproporcionado incremento" del número de licencias de enterramiento y defunciones, con las consiguientes dificultades en la gestión de los trámites para la inhumación de los cuerpos.
Atendiendo a los datos por provincias son especialmente significativos los aumentos relativos a Ciudad Real y Albacete, donde la variación en el número de licencias de enterramiento expedidas entre este marzo y el de 2019 supera el 147 por ciento.
En el caso de la provincia de Ciudad Real, el tribunal cifra en 1.163 las licencias totales de enterramiento expedidas en marzo de 2020, de las cuales 852 -el 73,3 por ciento- tienen como causa del fallecimiento el coronavirus o sospecha racional compatible con COVID afecciones de tipo pulmonar. Dato que contrasta con los 245 fallecidos que la provincia tiene declarados oficialmente en el marco de esta pandemia en el mes de marzo.
Según los datos del INE tomados como referencia por el TSJCLM, en marzo de 2019 el total de defunciones en la provincia fue de 470, lo que supone que en este 2020 se han incrementando un 147,4 por ciento.
Situación muy similar a la que se constata en la provincia de Albacete, donde en marzo de 2019 se contabilizaron 318 muertes, mientras que en este año han sido 786 las licencias de enterramiento expedidas, lo que representa un aumento del 147,2 por ciento.
Asimismo se señala que de ese total de licencias, 324 (el 41,2 por ciento) señala como causa del fallecimiento COVID o sospecha compatible con ello. Oficialmente son 156 las muertes producidas por coronavirus, según los datos ofrecidos por el Gobierno regional el 1 de abril.
Variación de un año a otro que también resulta significativa en el caso de la provincia de Guadalajara, que supone un incremento del 92,6 por ciento. Según los datos del TSJCLM en marzo de este año se han expedido 337 licencias de enterramiento, frente a las 175 defunciones registradas en marzo de 2019. De este total de licencias 222 -el 65,9 por ciento- indica como causa el coronavirus o sospecha de ello. Cifra superior a las 100 muertes con confirmación oficial que se han producido a causa del COVID-19 en marzo.
En la provincia de Cuenca la evolución al alza del número de licencias de enterramiento de marzo a marzo ha sido del 48,8 por ciento. Según el TSJ este año se han expedido 308 licencias, frente a las 207 defunciones que el INE contempla en marzo de 2019. Del total de licencias 185 (60,1 por ciento) señala como causa o sospecha el coronavirus. Cifra que contrasta con las 68 muertes contabilizadas oficialmente en el mes de marzo.
Por su parte en la provincia de Toledo en el mes de marzo se han expedido un total de 725 licencias de enterramiento, de las cuales 338 (46,6 por ciento) indican como causa de la muerte el COVID o sospecha compatible con la enfermedad, siendo 205 las defunciones confirmadas oficialmente.
De este modo se registraba un aumento del 39,2 por ciento respecto a marzo de 2019, cuando en la provincia se produjeron un total de 521 defunciones.
Pero desde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha también se han ofrecido datos relativos a las capitales de provincia, los cuales reflejan asimismo importantes incrementos respecto a la media de años anteriores.
En este sentido destaca el aumento del 627,5 por ciento experimentado en la ciudad de Toledo, donde frente a las 51 defunciones registradas en marzo de 2019, el mes pasado se expidieron 371 licencias de enterramiento. De todas ellas, 164 (el 44,2 por ciento) contempla como causa o sospecha del fallecimiento el coronavirus COVID-19.
Por su parte en Guadalajara capital el incremento se cifra en el 427,6 por ciento, con 306 licencias expedidas en marzo de 2020 frente a las 58 muertes registradas en el mismo mes del año anterior. De estas más de trescientas el 67 por ciento (205) señala como causa o sospecha el coronavirus.
También en Albacete capital el número de licencias de enterramiento expedidas en este mes de marzo cuadriplica los fallecimientos registrados en marzo de 2019, sumando un total de 525 frente a los 101 de hace un año. En este caso el TSJ precisa que son 188 los casos que señalan como causa o sospecha el COVID, registro que tan solo se lleva desde el 25 de marzo en esta ciudad, pero apunta sin embargo que el número de fallecidos en la capital entre el 15 y el 31 de marzo es de 464 personas.
Por su parte en Ciudad Real capital la evolución de las licencias de enterramiento de marzo a marzo ha experimentado un aumento del 360,3 por ciento, al pasar de las 58 defunciones contabilizadas por el INE en marzo de 2019 a las 267 licencias expedidas este año. De ellas, señala el TSJ, 174 señalan como causa o sospecha el coronavirus, lo que representa un 65,2 por ciento del total.
Finalmente en Cuenca capital la variación de un año a otro ha sido del 315,7 por ciento. En marzo de 2020 se han expedido un total de 212 licencias de enterramiento, mientras que en marzo de 2019 fueron 51 los fallecimientos registrados -en marzo de 2018 fueron 32-. De esas más de doscientas muertes, para 138 (65,1 por ciento) se señala el coronavirus como causa o sospecha.
Datos que ofrecidos por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha desde el que se pone también de manifiesto las "dificultades" para la gestión de las licencias e inscripciones de defunción que se produjeron desde el primer momento, debido al aumento significativo de la mortalidad, así como en la consignación de las causas de la muerte en las certificaciones médicas, "en las que no siempre aparecía referenciada la infección por el virus".
Todo ello, precisa el alto tribunal castellanomanchego en su comunicado, debido fundamentalmente "al no sometimiento a muchas de las personas afectadas a test o analíticas que acreditaran cumplidamente dicho contagio, si bien en muchos supuestos los indicios y síntomas de las patologías inmediatamente causantes de la muerte apuntaban a dicha infección como causa principal o determinante de la misma".
Circunstancias todas ellas que llevaron al presidente del TJSCLM, Vicente Rouco, a solicitar información a los jueces encargados de los registros civiles de Castilla-La Mancha sobre las licencias de enterramiento expedidas.
Información que ha sido remitida por la totalidad de los registros civiles de las cabeceras de partidos judiciales y una buena parte de las agrupaciones y juzgados de paz. Los que faltan de estos últimos se irán incorporando al registro.
IDENTIFICACIÓN LO MÁS PRECISA POSIBLE
Como consecuencia de los datos recopilados, la Presidencia del TSJ de Castilla-La Mancha ha dictado un acuerdo por el que previene a los jueces encargados de los registros civiles para que en lo sucesivo "se vele por que se haga una identificación lo más precisa posible de la causa inicial o fundamental de la muerte en todos aquellos casos en los que aparezcan procesos patológicos o causas o intermedias que puedan considerarse compatibles o sospechosos con el coronavirus".
Para ello si lo consideran necesario se solicitará dictamen del médico forense del correspondiente Instituto de Medicina Legal y si fuera preciso acudiendo al forense de guardia en el partido judicial.
Asimismo pide a estos jueces que auxilien en sus dudas a los juzgados de paz y personal de las agrupaciones en este tipo de cometidos.
En este sentido señala que se han considerado muy valiosos los criterios médicos y el procedimiento a seguir para la emisión de los certificados que se han aportado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) con fecha 28 de marzo de 2020, solicitando la colaboración de los Colegios Médicos de Castilla-La Mancha y del SESCAM para insistir en su aplicación.
Al margen de esto, la Presidencia del TSJ, en el expediente gubernativo abierto, encomienda a los institutos de Medicina Legal de Albacete, Cuenca y Guadalajara, así como de Ciudad Real y Toledo, y a los médicos forenses "la colaboración necesaria con los registros civiles para que pueda quedar constatada la causa inicial o fundamental del fallecimiento en los supuestos de las defunciones ya inscritas desde el día 1 de marzo de 2020 en los que aparecieran sospechas o factores racionales de probabilidad de COVID-19".
Además, señala que este acuerdo será trasladado al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
RECONOCIMIENTO
Por otra parte, el presidente del TSJCLM resalta y reconoce la función que están realizando los jueces encargados de los registros civiles, así como los funcionarios y personal a su servicio, así como la de los juzgados de guardia que ejercen como registros fuera del horario de los mismos, "muchas veces sin medios de protección individual".
Subraya así la garantía que su correcto desempeño supone "para una constatación numérica y absolutamente fiable y certera de las consecuencias de la enfermedad sobre las defunciones de las personas afectadas".
Institución del Registro Civil que constituye "un referente para la seguridad jurídica de todos los hechos concernientes al estado civil de las personas", como también "para el hecho final que es su fallecimiento, con su trascendencia personal y patrimonial, y garantía para la transmisión de sus derechos y constatación de la verdad de sus causas".
