TOLEDO.- La Fiscalía General del Estado ha informado que tiene abiertas al menos 38 investigaciones penales a otras tantas residencias de mayores de todo el país por la gestión de la pandemia del coronavirus, cinco de ellas en Castilla-La Mancha, y otras 124 diligencias dentro del ámbito civil.
En el caso de las fiscalías provinciales de Castilla-La Mancha son cinco las diligencias de investigación penal abiertas a residencias de mayores, dos de ellas en la provincia de Ciudad Real y las otras tres en las provincias de Albacete, Cuenca y Toledo.
Así lo ha dado a conocer este viernes en una nota de prensa la Fiscalía de Castilla-La Mancha, que no ha precisado de qué residencias se trata con el fin de preservar el carácter reservado de la investigación.
Asimismo, ha indicado que estas diligencias se han abierto por hechos ocurridos en las residencias de ancianos durante el estado de alarma, de los que ha tenido conocimiento la Fiscalía por diversas vías, "y que, por su gravedad, han merecido una atención especial y han dado lugar a la apertura de una investigación, con el objetivo de aclarar las circunstancias de cada caso".
Y ha puntualizado que "no siempre son denuncias presentadas contra los responsables o gestores de las residencias de ancianos".
Una vez terminen las investigaciones, la Fiscalía evaluará su resultado y decidirá si debe enviar el caso al juzgado correspondiente para que inicie un proceso penal.
Desde la declaración del estado de alarma, las fiscalías provinciales de Castilla La Mancha "han venido prestando especial atención al desarrollo de los acontecimientos y al desenvolvimiento de las residencias de personas de edad avanzada, públicas y privadas".
Para ello, han venido pidiendo informes sobre la evolución y la situación de los residentes y del personal laboral, sanitario y no sanitario, a la Dirección General de Salud Pública de Castilla La Mancha, "y en los casos más graves directamente a los directores de las residencias", ha señalado la Fiscalía.
Por otra parte, ha explicado que tras denuncias en relación con la asistencia sanitaria prestada en algunos hospitales de la región se han abierto también diligencias de investigación por parte de Fiscalía y ha apuntado que en estas denuncias "se recoge, además de la asistencia sanitaria, la forma en que se han facilitado los medios de protección personal a los trabajadores".
Datos que ha dado a conocer en nota de prensa, después de que desde la Fiscalía General del Estado avanzara que son al menos 38 las investigaciones penales que se están llevando a cabo en el conjunto del país. Investigaciones que, sin embargo, no muestran "una foto fija" de lo que está sucediendo en los centros de mayores, un sector especialmente golpeado por el virus.
Por comunidades autónomas, a 15 de abril, la Fiscalía General ha "constatado abiertas" investigaciones a 19 residencias de Madrid; 7 de Cataluña; 5 de Castilla-La Mancha; 2 de Castilla y León y otras tantas de Murcia; y 1 de Canarias, de la Comunidad Valenciana y de Cantabria.
Sin embargo, admite que la cifra puede ser mayor porque estos datos provienen de las Fiscalías Provinciales, que remiten la información a las Superiores y éstas a la Fiscalía General, por lo que es posible que se hayan abierto nuevas diligencias y no se haya recibido dicha información.
Por ello, la Fiscalía se ha comprometido a actualizar los datos el próximo martes.
El ministerio público no ha precisado cuáles son los presuntos delitos por los que se investiga a dichos centros ni los nombres de los mismos.
En el orden civil, las Fiscalías Superiores han abierto 124 expedientes, tanto a residencias como a usuarios en el ámbito de protección de sus derechos.
Por otra parte, el Defensor del Paciente ha presentado más de 200 denuncias por fallecimientos de mayores en residencias en la que pide investigar si se ha podido cometer un delito de omisión del deber de auxilio, entre otras, precisan a Efe fuentes de esta institución.
Dichas fuentes explican que se trata de personas que no han derivado a hospitales y a quienes no se les hizo prueba de COVID, ni se le facilitó asistencia sanitaria y tampoco se permitió a sus familiares que se los llevasen a casa. "Se les ha dejado morir" y "la responsabilidad es doble, de las empresas que las gestionan y de las Comunidades Autónomas", han aseverado las fuentes.
Cabe recordar que esta misma semana el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, anunciaba que una vez que finalice la crisis sanitaria generada por la pandemia del coronavirus, se auditará la gestión realizada por las residencias de la región, tanto públicas como privadas, pero especialmente a estas últimas.
