TOLEDO.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ve "inviable" el curso presencial si se plantea que tenga que haber "dos metros de distancia entre los niños en el colegio", puesto que "no hay espacio físico, ni se puede contratar a tanta gente, ni se pueden bajar las ratios de esa manera".
Así lo ha señalado el presidente del Ejecutivo castellanomanchego, Emiliano García-Page, durante una entrevista en el programa 'Hoy por Hoy' de la Cadena Ser, quien ha pedido que en el decreto que se aprueba mañana por parte del Gobierno, "se eviten algunos extremos".
Y es que aunque considera que debe seguir existiendo una coordinación nacional "hasta que se levante la barrera por completo en materia de coronavirus", también cree que hay cuestiones en las que se debe buscar el consenso "lo máximo posible".
En este sentido para García-Page resulta "incoherente" que mientras se plantee la exigencia de dos metros de distancia entre alumnos en las aulas, cuando "ya los niños pueden ir con sus padres sentados al lado, no ya en el coche, sino en el tren o en el autobús".
Para el presidente castellanomanchego "hay que ponderar todo", puesto que se pueden plantear "medidas perfectamente tranquilizadoras" tanto de higiene como sobre el uso de mascarillas, sin tener que llegar a ese extremo.
Así ha recordado cómo desde la Junta hay "muchas cosas previstas", como el despliegue de hidrogeles que se van a distribuir entre los alumnos que van a los centros para preparar la EVAU y quienes se tienen que examinar.
"Hay que ser razonables en esto y dejar a las comunidad autónomas, que somos las que tenemos experiencia de gestión", ha subrayado.
Para el jefe del Ejecutivo castellanomanchego las comunidades autónomas, que "las responsables y competentes", son las que deben ocuparse de organizar la vuelta a las aulas de cara al mes de septiembre. En su opinión "no tendría mucho sentido" que las medidas adoptadas excepcionalmente en función del estado de alarma, siguieran "interfiriendo en el desarrollo normal de los cursos".
En este sentido, García-Page ha subrayado que cada comunidad autónoma "es un mundo aparte" y que "no es lo mismo tener a todos los chicos y chicas concentrados en un área de 20 kilómetros cuadrados, a tenerlos en un área de 80.000 kilómetros cuadrados como es Castilla-La Mancha".
Y es que, tal y como ha recordado, los ministerios tanto de Sanidad como de Educación, "llevan ya décadas sin gestionar", haciéndolo tan solo "muy de lejos" y "la realidad de España es muy distinta de la M-30 para dentro que de la M-30 para fuera", ha sentenciado García-Page.
INJUSTO CAMBIO DE CRITERIO
Una entrevista en la que García-Page también ha sido preguntado por el reparto de los 16.000 millones de euros para hacer frente a los gastos ocasionados por la pandemia. Fondos de compensación sobre cuyo reparto se ha producido un cambio de criterio, que el presidente castellanomanchego considera "injusto".
Y es que para García-Page se debe mantener "la coherencia con la que lo estamos planteando en Europa", marco en el que se van a obtener más fondos que otros países "no porque tengamos más población solo, sino porque realmente hemos tenido más afección".
En este sentido ha recordado que se trata de un fondo existente por el impacto del virus, que no se trata de financiación autonómica para el conjunto de los servicios públicos, sino para compensar ese impacto.
El presidente castellanomanchego ha apelado a ser "coherentes" atendiendo al impacto que ha tenido la pandemia y a los esfuerzos que se han realizado para poder atenderla.
Por su parte, y preguntado sobre el fondo para la educación que también se ha puesto sobre la mesa, García-Page asegura "no entenderlo".
Y es que, por una parte si de lo que se trata es de tener en cuenta la repercusión en los servicios públicos, "se han visto afectados todos, no solo el educativo", en el que, por otra parte, se "ha ahorrado" en gastos como algunos derivados de los comedores o del transporte escolar.
Sin embargo también considera "rarísimo" que se plantee un reparto del gasto en educación "solo por criterio poblacional", pasando además "del 20 por ciento al 35 por ciento" en este criterio, por lo que considera que se trata de "una forma de arrimar más dinero por la puerta de atrás". Lo que supone, apostillaba, que las autonomías con más impacto, también salgan más perjudicadas.
