TOLEDO.- Las licencias de enterramiento expedidas por los registros civiles de Castilla-La Mancha en el mes de junio disminuyeron un 25,2 por ciento respecto al mismo mes del año anterior. En total se tramitaron 1.152 licencias de enterramiento frente a las 1.541 registradas doce meses antes.
Licencias tramitadas en junio de este 2020, en 142 de las cuales aparece como causa del fallecimiento COVID o supuestos en los que existe sospecha de esta infección, lo que representa el 12,3 por ciento del total.
Un dato que muestra cómo el número de fallecimientos por esta causa ha disminuido de forma importante respecto al mes de mayo.
Así se desprende de los datos publicados hoy por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, desde el que apuntan que entre el 1 de marzo y el 30 de junio de este año se han expedido en los registros civiles de la región 9.951 licencias de enterramiento, de las cuales el 52,9 por ciento (5.267) recogen como causa de la muerte COVID o sospecha compatible con ella.
Del total de licencias de enterramiento expedidas en estos cuatro meses, en marzo fueron 3.458, mientras que en el mes de abril se sumaron otras 3.902. Por su parte en mayo ya se constataba un notable descenso, con 1.439 y en junio se han seguido reduciendo hasta 1.152.
En cuanto a los fallecimientos señalados con el COVID como causa, mientras que en el mes de marzo fueron 1.953 y en abril se incrementaron hasta las 2.716 muertes por este motivo; en mayo se señalaron 456 y en junio 142.
Respecto a la distribución por provincias, los datos del TSJ muestran cómo en la provincia de Albacete se expedían en junio 265 licencias de enterramiento, en las cuales 17 (6,4 por ciento) la causa era el COVID o sospecha de ello. En total se registraban un 10,5 por ciento de fallecimientos menos que en junio de 2019, cuando según la estadística del INE se produjeron 296 muertes en la provincia y 281 en el mismo mes de 2018.
Por su parte en la provincia de Ciudad Real se registraban 46 fallecimientos por coronavirus o sospecha de poder ser ésta la causa, para un total de 350. Un 12,5 por ciento menos que el año anterior, cuando fueron 400 las muertes y 438 en 2018.
En la provincia de Cuenca la disminución en el número de muertes respecto a junio de 2019 ha sido del 51,8 por ciento, al haberse expedido 96 licencias de enterramiento frente a las 199 muertes de 2019 y las 192 registradas el año anterior. De estos 96 fallecimientos en 36 de ellos la causa señalada fue el COVID.
Respecto a la provincia de Guadalajara, el TSJ señala cómo en junio de 2020 se han expedido 99 licencias de enterramiento en la provincia, de las cuales 13 (13,1 por ciento) por coronavirus. En total un 34 por ciento menos de fallecimientos que en junio de 2019, cuando se registraron 150, siendo 164 en junio de 2018.
Por su parte en la provincia de Toledo se han expedido 342 licencias de enterramiento, de las cuales el 8,8 por ciento (30) con el COVID como causa de la muerte. Se registraba así un 31 por ciento menos de fallecimientos respecto al mismo mes de 2019, cuando el INE constata 496 muertes y 467 en 2018.
Datos a los que se ha referido también el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien durante la inauguración del consultorio de Yuncos (Toledo), ha destacado la reducción del número de fallecimientos registrado en el mes de junio, mientras que en abril "se disparó a más del doble".
Algo que en su opinión viene a confirmar que el virus "atacó" principalmente a las personas que "ya estaban en peor situación".
Se refería así a los datos actualizados del expediente gubernativo de la Presidencia del TSJ de Castilla-La Mancha que se abría en el mes de abril tras constatar con datos el incremento sustancial de licencias de enterramiento y defunciones registrados durante el mes de marzo. Algo que estaba provocando dificultades en la gestión de los trámites para la inhumación de los cuerpos.
Asimismo, también desde el primer momento, se pusieron de manifiesto dificultades para la gestión de las licencias e inscripciones de defunción debido al significativo aumento de la mortalidad, así como en la consignación de las causas de la muerte en las certificaciones médicas, en las que no siempre aparecía referenciada la infección por el virus.
Todo ello, precisan desde el TSJ de Castilla-La Mancha en un comunicado, debido fundamentalmente al no sometimiento a muchas de las personas afectadas a test o analíticas que acreditaran cumplidamente dicho contagio, si bien en muchos supuestos los indicios y síntomas de las patologías inmediatamente causantes de la muerte apuntaban a dicha infección como causa principal o determinante de la misma.
Ante estos datos, el acuerdo dictado por la Presidencia del TSJ dirigía prevención a los jueces encargados de los registros civiles para que, en lo sucesivo, se velara por hacer una identificación "lo más precisa posible" de la causa inicial o fundamental de la muerte en todos aquellos casos en los que aparecieran procesos patológicos o causas que pudieran considerarse compatibles o sospechosos con la COVID-19.
Para ello establecía que si se consideraba necesario, se solicitara el dictamen del médico forense del correspondiente Instituto de Medicina Legal y acudiendo si fuera preciso al forense de guardia en el Partido Judicial.
Constatada la considerable disminución del número de fallecimientos registrados a causa del coronavirus, desde la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha se considera que a día de hoy el objetivo del expediente gubernativo para garantizar la seguridad jurídica del proceso de inscripciones "se ha cumplido fundamentalmente". Por ello establece que se seguirán incorporando los datos al expediente, pero con una periodicidad menor, de forma trimestral.
Del mismo modo, y para conseguir una mayor agilidad, ha recomendado a los jueces encargados de los registros civiles que "solo soliciten, si así lo consideran oportuno, a los médicos forenses el visado de los supuestos en que aparezcan dudas o sospechas".
