Imagen del interior de una bodega de Castilla-La Mancha. ARCHIVO

CIUDAD REAL.- Continúa la incertidumbre en torno a la industria vitivinícola de Valdepeñas. A la guerra entre las principales empresas del sector por el control de la Denominación de Origen Protegida y las quejas de los agricultores a causa de los precios, se suma ahora el desarrollo de las investigaciones judiciales.

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha admitido a trámite una denuncia de la Fiscalía en la que se señala a grandes bodegas de la zona, como Félix Solís o García Carrión, por los presuntos delitos de estafa, publicidad engañosa y falsedad documental.

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El tribunal, que ya ha instado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) a "practicar diligencias", trata de averiguar si las multinacionales vitivinícolas habrían vendido vinos que no cumplían con los requisitos mínimos exigidos por el sello de calidad.

Además de las mencionadas, se encuentran bajo investigación las bodegas de Navarro López y Fernando Castro. El objetivo de la investigación es conocer el volumen de ventas de vinos de DOP Valdepeñas que realizaron todas ellas durante la pasada década, además de sus categorías, ya sean crianza, reserva y gran reversa, y de los precios de compraventa.

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La denuncia hace mención a varios casos en los que se observa que los datos aportados por las cuatro compañías sobre la cantidad de vino vendida bajo su sello de calidad son inferiores a las compras registradas por sus principales clientes.

En el auto, se señala que durante el ejercicio de 2018 Félix Solís habría vendido a seis de sus principales cliente 615.000 litros de vino más que los declarados oficialmente a la Denominación de Origen de Valdepeñas. Del mismo modo, la bodega de García Carrión habría comercializado en el mismo año 880.000 litros más de los notificados al órgano regulador en la categoría de gran reserva.

Con las cifras obtenidas, el Ministerio Público ve factible la existencia de un desacople entre las ventas oficiales y las reales, dato que además estaría "avalado" por los expedientes sancionadores que habría emitido la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha.

En el documento del órgano judicial se expone que "el hecho de que las bodegas declaren a la administración autonómica una cantidad de vino vendida a los clientes y que estos clientes declaren cantidades diferentes, muy superiores a las declaradas por las bodegas" podría llegar a suponer "un indicio de falta de trazabilidad, así como de irregularidades en la comercialización".

El juez de la Audiencia Nacional apunta a que los hechos podrían constituir "una posible defraudación o estafa", que tendría consecuencias "exclusivamente económicas". A este delito se le sumaría el de publicidad engañosa y el de falsedad documental.

Junto a las propias bodegas en forma de sociedad jurídica, han sido llamados como investigados, la figura antes conocida como "imputado", los administradores de las cuatro empresas: Félix Solís Yáñez, José García Carrión Jordán, Francisco Navarro López, Fernando Castro Alcarazo y Fernando Castro Parrilla.