Imagen de archivo de una joven portando una maleta. EFE

TOLEDO.- Para el 54 por ciento de los hogares de Castilla-La Mancha los gastos de acceso a la vivienda suponen "una carga pesada" y, en el caso concreto de la juventud, teniendo en cuenta que el precio medio de alquiler en la región es de 436 euros mensuales, dichos gastos equivalen el 74 por ciento del salario anual de los jóvenes de 18 a 25 años y al 35 por ciento del de los de 26 a 35 años.

Éstos son algunos de los datos que han ofrecido este miércoles en rueda de prensa la secretaria regional Empleo y Políticas Sociales de Comisiones Obreras, María Ángeles Castellanos, y el responsable de Jóvenes del sindicato, Juan Carlos del Puerto, durante la presentación de la campaña '#ViviendaXDerecho. Por una Ley de Vivienda para la mayoría'.

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Dicha campaña, que reúne a nivel estatal a más de 40 organizaciones sindicales, políticas y de la sociedad civil, tiene como objetivo "presionar" a los gobiernos para que tomen conciencia de que un derecho básico, como el de la vivienda, "no puede resolverse desde el mercado", sino que debe garantizarse una vivienda digna y un precio asequible para la mayoría, porque, en el caso de Castilla-La Mancha, para más de la mitad de las familias, los gastos relacionados con la vivienda suponen "una carga pesada", ha resaltado Castellanos.

Y ha detallado que esta carga varía en función del perfil de quién la soporta, de manera que si el sustentador principal del alquiler es una mujer, la carga es del 77 por ciento, si es un hombre baja al 52 por ciento y si es un desempleado sube hasta el 69 por ciento.

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En este mismo contexto, Castellanos ha incidido en que el 29 por ciento de los inquilinos de Castilla-La Mancha pagan un "precio excesivo" por él, al dedicar más del 30 por ciento de su salario a pagar la renta de la vivienda.

En el caso de la juventud, los datos son aún "más espeluznantes", ha resaltado el responsable de Jóvenes de CCOO, ya que, según los datos de la Agencia Tributaria, el salario medio de los jóvenes de 18 a 25 años en 2019 fue de 7.082 euros al año, con lo que teniendo en cuenta que el alquiler medio de la región es de 436 euros, un año de alquiler supone una carga de 5.232 euros, lo que equivale al 74 por ciento de su salario.

Y ha puesto como ejemplo la ciudad de Toledo, donde el precio del alquiler se sitúa en 550 euros mensuales, lo que equivaldría a que un joven de entre 18 y 25 años tendría que destinar el 93 por ciento de sus ingresos a pagar el alquiler, "algo imposible", ha enfatizado Puerto.

Esto explica que, según el Observatorio de la Emancipación del Consejo de la Juventud, , en el segundo trimestre de 2020, apenas el 15,50 por ciento de la juventud castellanomanchega se había emancipado y vivía fuera de su hogar de origen.

En este punto, Juan Carlos Puerto ha abogado por que el Gobierno de Castilla-La Mancha "redoble esfuerzos y se marque objetivos en torno a la necesidad de regularizar el mercado del alquiler y poner límites a su incremento, para garantizar que el derecho a una vivienda digna y asequible sea una realidad".

En la misma línea, la secretaria regional de Empleo de CCOO ha demandado a la administración regional "mayor transparencia sobre el parque público de alquiler social, en el que cada vez tienen mayor presencia los fondos de inversión", ha criticado, y que vuelva a realizarse la Encuesta de Calidad de Vida que la Universidad regional hizo en 2018, para que afloren datos como, por ejemplo, el de que en Castilla-La Mancha viven 150.000 personas con carencia material severa.

"Queremos gobiernos valientes, que garanticen que la vivienda sea un derecho y no objeto de especulación", ha enfatizado Castellanos, quien ha apostado también por que "los fondos europeos se aprovechen para impulsar una economía productiva, para regular y rebajar las hipotecas y alquileres y fomentar la vivienda como un bien de uso y no como un negocio".

Puerto ha concluido que todas las medidas propuestas en esta iniciativa serán debatidas a partir de hoy en una serie de contactos con otras centrales sindicales como UGT, el Sindicato de Inquilinos, asociaciones de vecinos y movimientos estudiantiles y, posteriormente, se trasladarán al Gobierno regional, que es la administración con potestad para tomar las decisiones en materia de vivienda.