Repobladores del pueblo de Fraguas durante la rehabilitación viviendas y espacios comunes. ARCHIVO

GUADALAJARA.- Ha pasado casi una década desde que el colectivo de repobladores "Fraguas Revive" se instalara en el antiguo pueblo situado en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadajalara, con el fin de rehabilitar un espacio que fue desalojado por primera vez durante el franquismo para maniobras militares. Unos años en los que el sueño de recuperar un enclave abandonado mediante una experiencia autogestionada, se ha visto truncado por el peso de la ley y la posición ambivalente de la Administración regional.

Fueron seis los jóvenes condenados en 2018 por los delitos de usurpación y contra la ordenación del territorio. No hubo clemencia. La Junta consideraba que los riesgos que suponía la 'okupación' del monte público eran mayores que las ventajas que pudiera otorgar la iniciativa emprendida por el colectivo de repobladores, convertidos desde entonces en un símbolo de la lucha frente a la 'España vaciada'.

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La sentencia, que condena a los activistas al cumplimiento de sendas sanciones económicas y contempla la privación de libertad en caso de ser estas insatisfechas, también abordaba la demolición de las construcciones e instalaciones que se habían realizado en Fraguas, teniendo que cargar los seis condenados con los costes.

Visto que la vía judicial, con un recurso de por medio rechazado por la Audiencia Provincial de Guadalajara, se había convertido en un auténtico calvario para los jóvenes repobladores, estos se centraron desde entonces en llegar a un acuerdo con la Junta de Comunidades. Un diálogo que consiguiera evitar la ejecución de las penas de prisión y les permitiera seguir llevando a cabo sus actividades en el mismo terreno.

A lo largo de 2020, tanto la Consejería de Desarrollo Sostenible, comandada por José Luis Escudero, como los afectados por la sentencia de junio de 2018, se sentaron a hablar sobre las posibles opciones que permitieran llegar a una solución amistosa. Fruto de esas conversaciones, en las que también se comentó la posible regularización de los edificios construidos, los 'okupas' consiguieron que Fraguas fuera incluida en la lista de 'despoblados' de la Consejería de Cultura, con la correspondiente protección patrimonial.

No obstante, los jóvenes repobladores se encontraron de nuevo con la negativa de los tribunales, que ahora rechazaban el posible acuerdo con el Ejecutivo regional y además, abrían un proceso judicial más en el que se incluyen a nuevos identificados. Igualmente, a la actitud del poder judicial se le sumó un nuevo cambio de criterio de la Junta, que volvía a encaminar sus pasos hacia la demolición del complejo.

En marzo de este año, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicaba una resolución de la Consejería de Desarrollo Sostenible en la que se da luz verde a la "recuperación de oficio de la posesión" por parte del Gobierno autonómico. Dicho de otra manera, el desalojo de los nuevos pobladores. Del mismo modo, se declaraban "contrarias a derecho" las intervenciones realizadas sobre el Monte de Utilidad Pública nº 277, correspondiente al del despoblado de Fraguas y perteneciente al municipio de Monasterio.

En la resolución firmada por el delegado provincial, José Luis Tenorio, se ordenaba paralizar las obras "sobre cualquiera de las construcciones existentes", y se trasladaba la mencionada resolución a las autoridades judiciales con el fin de iniciar la "restitución del monte al estado en el que se encontraba con anterioridad a la ocupación".

El colectivo de "Fraguas Revive" no tardó en reaccionar a lo que ven como "un peligro de desalojo", aunque hasta el momento, no se ha ejecutado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En sus redes han publicado diversos comunicados y han iniciado campañas dirigidas, entre otros, al arqueólogo que ha avalado la demolición y al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para que cambien de criterio mediante la presión ciudadana.

Sus palabras sí consiguieron la respuesta de Podemos Castilla-La Mancha, antiguo socio de gobierno de los socialistas en la pasada legislatura. Su coordinador autonómico, José Luis García Gascón, presentó en las Cortes de Castilla-La Mancha una Proposición No de Ley en la que se instaba al Ejecutivo regional a "detener el sinsentido" que supone la demolición del poblado de Fraguas.

Ante el movimiento de los morados, el colectivo recordaba en sus redes sociales las palabras de José García Molina, primer secretario general de Podemos en la región, en las que afirmaba que la iniciativa de Fraguas era una "buena" idea que "había ido a parar a un mal lugar". Los activistas también le espetaron respecto a la actuación que después tuvo desde el Gobierno, señalando que el "buen lugar" era el "sillón" que ocupó entonces en que fuera vicepresidente segundo de la Junta.

Pero lo que de verdad ha vuelto a llevar el debate de Fraguas a alcanzar repercusión nacional ha sido el escrito de un órgano dependiente del CSIC contrario al criterio de la Junta. En una carta registrada el 26 de marzo y dirigida al Juzgado de lo Penal nº1 de Guadalajara, el director del Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPIT), Felipe Criado-Boado, ha pedido que se paralice el derribo para "llevar a cabo una investigación independiente" que pueda determinar los bienes patrimoniales con los que cuenta el espacio.

En el escrito, acordado por unanimidad entre el claustro científico del INCIPIT, su director informa de que "en el pueblo existen elementos susceptibles de ser protegidos por la ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha en las categorías de patrimonio histórico y patrimonio etnográfico". El organismo dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas precisa que "la arquitectura negra, a la que pertenece la iglesia de la localidad", es mencionada en la ley de 2013 como Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.

Pero el INCIPIT va más allá. En la misiva dirigida al juzgado guadalajareño, afirman que "el pueblo en su conjunto" podría considerarse como parte del patrimonio arqueológico. Para ello, se apoyan en el artículo 49 de la ley de Patrimonio autonómica, donde se entiende como tal "el conjunto de los bienes muebles e inmuebles y las manifestaciones con valores propios del patrimonio cultural susceptibles de ser estudiadas con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídas y tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo".

La respuesta del organismo dependiente del CSIC no se ha quedado solo en los tribunales. Las consideraciones del INCIPIT han sido recogidas por el senador de Compromís Carles Mulet, que ha registrado una pregunta escrita en la Cámara Alta sobre el tema. En ella, se dirige directamente al Gobierno de España para pedirle, "dentro de sus competencias y en colaboración con la administración autonómica", que se adopten las medidas oportunas para que se evite lo que considera "una pérdida irreparable del patrimonio cultural, arquitectónico, histórico y etnológico español".

De este modo, el futuro de Fraguas vuelve a quedar en mano de las administraciones y de los tribunales, de los valores que se quieran hacer prevalecer o de la voluntad de encontrar un punto de equilibrio entre los intereses de todos.