Licencia para conducir de la República Bolivariana de Venezuela. ARCHIVO

TOLEDO.- La Policía Nacional, en colaboración con la DGT, ha interceptado en poco más de un año 807 permisos de conducir venezolanos falsificados y preparados para ser canjeados por carnés españoles, en una operación contra este tipo de fraude en la que han sido detenidas 800 personas en diecinueve provincias, entre ellas Ciudad Real y Toledo.

Debido a la extensión de este actividad ilegal y a la operación que mantenía abierta la Policía Nacional, la DGT suspendió el pasado 15 de marzo el canje general de permisos de conducción entre Venezuela y España, salvo para conductores profesionales de ese país latinoamericano residentes en España.

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La Operación Driver se ha desarrollado en tres fases iniciadas a principios del pasado año y ha concluido con la detención de 802 personas en todo el territorio nacional. Del total de los detenidos, 38 residían en la provincia de Toledo y 16 en la de Ciudad Real.

Según informa la Dirección General de la Policía, además de los detenidos y de los documentos falsos, los investigadores también han intervenido en el transcurso de la operación 296 permisos españoles que ya habían sido canjeados.

Los poseedores de los mismos no han podido acreditar que dispongan de un permiso de conducir legal, con el consiguiente peligro que ello supone para la seguridad vial.

La Policía detalla que los detenidos obtenían la documentación falsa a través de redes sociales, donde grupos criminales ubicados en Venezuela les cobraban una media de 90 dólares y se comprometían a entregarles en dos o tres días, vía postal, la licencia venezolana para conducir.

Los ciudadanos interesados recurrían a estos criminales para conseguir una falsificación de carnés de conducir venezolanos anteriores a agosto de 2017, fecha en la que la DGT suspendió los canjes de nuevos permisos con el Gobierno de Nicolás Maduro debido a un cambio en el formato más propenso a presentar fallos en los sistemas de verificación del país caribeño.

El fraude se había extendido por todo el territorio español debido a que en las ciudades con mayor presencia de ciudadanos venezolanos tenían muchas dificultades para conseguir una cita en la Jefatura de Tráfico, por lo que las solicitaban en jefaturas limítrofes menos masificadas.