Jon Alexis Parra, edil de Ciudadanos en Pozo de Guadalajara, junto a la presidenta nacional del partido, Inés Arrimadas. ARCHIVO

GUADALAJARA.- La polémica está servida en la localidad alcarreña de Pozo de Guadalajara, donde su Ayuntamiento ha anunciado que estudia emprender acciones legales contra uno de sus concejales, el edil de Ciudadanos Jon Alexis Parra, al considerar que ha allanado una propiedad municipal, al acceder sin permiso al colegio y facilitar la entrada a las instalaciones deportivas al club de fútbol sala en el que entrena, poniendo así en peligro la salud del alumnado y del personal del centro educativo.

Desde el club acusan al Consistorio de "acoso" y de hacer "lo imposible" para que no puedan seguir adelante con sus actividades, al haber denegado el uso de las instalaciones deportivas, según ellos, "vulnerando derechos constitucionales como el que viene reflejado en el artículo 43.3 de la Constitución Española". En su opinión, "se está aprovechando el estado de alarma y la excusa de la pandemia para tratar de eliminar" la actividad del club.

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Un contexto en el que, tal y como denuncia el Ayuntamiento, Parra, monitor de este club privado, decidió por su cuenta y riesgo acceder a las instalaciones del colegio Santa Brígida -de titularidad municipal- haciendo uso de una llave que tenía en su poder de años anteriores, y saltándose así el protocolo covid, a pesar de la negativa del centro escolar.

En este sentido explican que el colegio no consideró oportuno que este año se hiciera uso de las instalaciones debido a la situación sanitaria generada por la pandemia de coronavirus y a la procedencia de la mayoría de los miembros de este equipo de 17 municipios diferentes. Y es que frente a los 47 jugadores de la localidad, son 61 los que proceden de los pueblos de la zona.

No obstante, y aunque las pistas de entrenamiento habituales en años anteriores se encontraban cerradas por obras, el monitor (y concejal de Cs) tomó la decisión de entrar, "sin consultar a nadie en el Ayuntamiento o en el centro escolar".

Obras de reforma que, según el club, se han decidido realizar "en el momento crítico" en el que sus equipos de Deporte Escolar van a empezar a competir, "a sabiendas de que no hay otras instalaciones de acceso libre en Pozo de Guadalajara para que se pueda, al menos entrenar".

Consideran estar sometidos a un "atropello sistemático" por parte del Consistorio y critican que se intente "vender" al club "como un terrorista biológico".

Por su parte desde el Gobierno municipal, que preside el socialista Teodoro Baldominos, considera "gravísima" la actuación del edil de la formación naranja, por lo que estudiará medidas legales al respecto.

Para el Ayuntamiento, en estos momentos "la seguridad de los vecinos, especialmente de los niños, es prioritaria", y en este caso se ha atentado contra ella al acceder a unas instalaciones a las que cada día acuden los menores de la localidad.

Asimismo consideran este tipo de infracciones como "completamente intolerables", y más aún viniendo de quien, supuestamente, debe representar a sus vecinos.

Pero si el Consistorio amenaza con llevar lo sucedido a los tribunales, desde el club deportivo aseguran haber puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo la situación en la que se encuentran sus jugadores, al no tener acceso a las instalaciones deportivas, lo cual "les está obligando a pagar por entrenar y jugar en pistas deportivas de Guadalajara".

De ahí que Parra anunciara la decisión "unilateral" de usar las pistas al aire libre del colegio hasta que el Ayuntamiento "solucione el problema".

Por su parte desde el Ayuntamiento aseguran que también se van a analizar las manifestaciones realizadas en redes sociales por el concejal, así como las presuntas calumnias vertidas sobre el alcalde.

Recuerdan también que esta no es la primera ocasión en la que el edil de Ciudadanos se "extralimita" en sus funciones, puesto que hace más de un año habría solicitado la reparación de las trompetas del marcador electrónico del polideportivo "sin consultar con nadie" del equipo de Gobierno o del Ayuntamiento, en el que se enteraron solo al recibir la factura, de la que tuvo que hacerse cargo.