Efectivos de la Guardia Civil de Tráfico realizando un control para evitar traslados injustificados. Foto: Chema Moya / Archivo

TOLEDO.- El Presidente de Castilla-La Mancha ha avanzado que la intención del gobierno autonómico en la última fase del coronavirus, la posterior a la finalización del estado de alarma y con el aumento del número de vacunados, es la de "aligerar mucho las restricciones y las limitaciones" que afectan a los ciudadanos de la región.

Emiliano García-Page ha hecho estas declaraciones durante la presentación del Plan de Empleo de la Junta, el más ambicioso de la historia de la comunidad. El dirigente regional ha declarado que actualmente "estamos en un momento en el que el optimismo empieza a prender", y ha anunciado que en el próximo Consejo de Gobierno se definirán las líneas de acción del Ejecutivo, siempre en el marco de "nuestras competencias constitucionales".

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El presidente se ha mostrado empático con la ciudadanía, entendiendo que "se está portando muy bien" y que la actual situación "nos oprime mucho a todos". Sin embargo, ha querido dejar claro que no van a ir "más allá de lo que la Constitución Española permita a las comunidades autónomas".

"No vamos a pasar de cero a cien, ni del blanco al negro, ni del todo a nada de un día para otro", ha insistido Page, que ha pedido seriedad y prudencia a la oposición. La misma que asegura que pidió aligerar las restricciones "a la semana siguiente de declararse la pandemia".

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En cuanto al sector económico, el presidente ha afirmado que "está aguantando la crisis con resistencia y con resignación en algún caso", pero con el "aporte fundamental" de las ayudas de la administración pública.

SEGURIDAD JURÍDICA

Sobre este mismo asunto se ha pronunciado hoy la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno, pidiendo al Consejo Interterritorial de Salud que deje "muy claro" el margen de maniobra que tendrán las comunidades autónomas a la hora de implantar medidas como el cierre perimetral, el toque de queda o las limitaciones en las reuniones sociales.

Blanca Fernández ha indicado que estos tres son los "aspectos que afectan a derechos fundamentales de manera muy evidente", y ha afirmado que las comunidades  deben contar con la "seguridad jurídica" necesaria para aplicar este tipo de restricciones.

Por ese motivo, y aunque la intención de la Junta no pasa por confinar "indefinidamente" a la población, van a exigir al Ministerio de Sanidad que elabore un "marco jurídico solvente".