CUENCA.- La vida política en Quintanar del Rey se traslada al ámbito judicial. El alcalde la localidad conquense, el socialista Martín Cebrián, está siendo investigado junto a dos concejales de su equipo de gobierno por un presunto delito de prevaricación, al haberse saltado supuestamente la Ley de Contratos del Sector Público.
Un proceso que ha sido fruto de la querella presentada por el Partido Popular en el juzgado de Motilla del Palancar, al entender que desde el consistorio se han saltado "toda la normativa legal" en contratación pública.
En una nota de prensa, el Grupo Municipal Popular de Quintanar del Rey afirma que "no es plato de buen gusto" haber tenido que presentar la querella, pero "no les ha quedado más remedio" que hacerlo para cumplir con su "labor de fiscalización" al Gobierno local.
Desde la formación conservadora afirman que "es la tónica habitual" del equipo de gobierno "prescindir de los cauces y procedimientos legalmente establecidos" en lo referido a las contrataciones, añadiendo que se han aprobado "facturas en todas las juntas de gobierno con informes en contra de Intervención".
El caso que más ha indignado a los populares, y que ha llevado al inicio del proceso judicial, ha sido el de la adaptación del Pabellón de Santa Lucía como auditorio. El tema acabó siendo tratado en el pleno municipal realizado el pasado tres de diciembre, cuando el portavoz local del PP, José Talaya, habló de ello en el turno de ruegos y preguntas.
Mismo pleno donde el portavoz de los populares anunció que emprenderían acciones legales, y en el que pidieron la dimisión del primer edil. Como respuesta, Martín Cebrián aseguró en el Pleno que el contrato para la adaptación del pabellón no se trataba de una ilegalidad, sino de "un defecto de forma", en la medida que "se presentó todo a posteriori".
Un simple "error administrativo", en palabras del alcalde, que ahora ha quedado en manos de los juzgados. Un hecho que en ese momento no importó mucho a Cebrián, que respondió en su momento al portavoz del PP con un "que decidan los tribunales".
Los populares han justificado la querella, que ha llevado a que el alcalde y los dos concejales miembros de la Junta de Gobierno local pasen a estar investigados, la figura antes conocida como imputado. En el comunicado aseguran que, de no haberlo hecho, se convertirían "en cómplices de una actuación delictiva" e incurrirían en "dejación de funciones en su labor de fiscalización del gobierno".
Igualmente, los conservadores afirman que el regidor de Quintanar del Rey "había asumido la culpabilidad" en las decisiones que conciernen a este asunto y que sus dos compañeros de partido "eran conscientes" de que aprobando esa obra "cometían una ilegalidad".
