TOLEDO.- La Junta de Comunidades se pronuncia ante la situación en Ceuta, derivada de la relajación por parte de Marruecos de los controles fronterizos con el enclave español en el norte de África, y que ha supuesto la entrada de más de 8.000 migrantes en el territorio nacional.
En respuesta a las preguntas planteadas este miércoles por los periodistas durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Blanca Fernández ha calificado la situación en la ciudad autónoma de "crisis sin precedentes", mostrando además su disconformidad con la actitud del reino alauita, que para la portavoz del Ejecutivo regional "deja bastante que desear".
A su juicio, "las personas no somos mercancía ni somos moneda de cambio" para abordar un conflicto diplomático, incidiendo en que no se pueden utilizar "a menores, niños y niñas, para conseguir absolutamente nada". La también consejera de Igualdad ha continuado marcando distancias con "la actitud que tiene el Gobierno de Marruecos", la cual no le parece "razonable".
Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha esperan "que todas las fuerzas políticas, esta vez sí, ante una crisis de estas características estemos unidas y apoyemos al Gobierno en la gestión de esta crisis" ya que es en estos momentos "cuando se demuestra la altura de miras y el patriotismo del que a veces tanto hablamos y tan poco ejercemos".
Un ejercicio de "patriotismo serio" que iría más allá del apoyo al Ejecutivo de Pedro Sánchez, ya que trataría de "la defensa de los intereses de España" en una situación "extremadamente compleja" que la oposición debería abordar desde la "lealtad institucional".
También ha tratado Blanca Fernández la cuestión humanitaria, defendiendo que los menores de edad "tienen que ser correctamente atendidos". En ese sentido, ha manifestado que "España no se puede permitir el lujo de tratar a niños y niñas como algo distinto a lo que son, niños y niñas cuyos derechos tienen que ser protegidos".
El tema de las devoluciones en caliente, sobre todo en el caso de los menores de edad, ha tensado las relaciones en el seno del Gobierno central, llevando a que se produzcan declaraciones contradictorias entre los socios de la coalición. Mientras que el ministro del Interior ha asegurado que su prioridad es "proceder a la devolución inmediata" de los ciudadanos irregulares en suelo ceutí, desde Unidas Podemos han insistido en el "estricto cumplimiento de la legalidad internacional".
La crisis en Ceuta ha llevado a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales a convocar una reunión de urgencia para abordar las posibles acciones conjuntas entre Moncloa y las comunidades autónomas, con especial énfasis en la cuestión de los niños y niñas no acompañados.
La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha mostrado en la reunión la disposición de Castilla-La Mancha de asumir su responsabilidad ante la "emergencia humanitaria", sumándose al resto de comunidades "en la búsqueda de un esfuerzo común, solidario y armonizado".
Asimismo, la consejera ha destacado que "la protección de las personas, pero sobre todo de la infancia y de sus derechos, debe ser una máxima de cualquier gobierno". Y en este sentido, ha ofrecido "la colaboración" de Castilla-La Mancha, "en cumplimiento de la Declaración de los Derechos Humanos y de la Convención sobre los Derechos del Niño".
