José Luis Galán durante una ponencia de formación dirigida a sacerdotes de la provincia de Toledo. ARCHIVO

TOLEDO.- Este martes se sienta en el banquillo de los acusados José Luis Galán Muñoz, el sacerdote de Talavera de la Reina acusado de abusar sexualmente de la hija de su amante, una joven que entonces solo tenía 15 años.

Los hechos se remontan a enero de 2011, cuando el padre Galán fue designado director espiritual de la joven en medio de la crisis matrimonial de sus padres, por la que la niña vivía una situación de "angustia y confusión". El cura se acabó convirtiendo en una "persona de referencia" para ella.

Publicidad

Los "comportamientos lascivos" se produjeron en el despacho parroquial que tenía Galán en la iglesia de San Ildefonso, donde oficiaba misa. Se repitieron de forma continuada hasta junio de 2013, aprovechándose del "aislamiento familiar" al que se había sometido a la menor tras el divorcio de sus progenitores.

En una ocasión, la víctima fue sometida a un "exorcismo" de varias sesiones a iniciativa del cura y de su madre, que le llegaron a decir que estaba enferma porque "tenía el demonio dentro". También necesitó ser atendida en el Hospital de Toledo por otra agresión.

Publicidad

A causa de las vejaciones, la menor sufrió de anorexia e incluso intentó suicidarse. La joven acabó denunciando las agresiones a finales de 2017, cuando se querelló penalmente con el cura y llegó a escribir varias misivas al Papa Francisco.

Sin embargo, no se le retiró la condición de sacerdote, al que se le prohibió solamente oficiar misas en público. Además, Galán estuvo dando clases como profesor de Moral y Ética en el Instituto Teológico de San Ildefonso hasta enero de 2018, cuando fue enviado a un convento de clausura en Toledo.

"TAPADO" DURANTE AÑOS

La abogada de la víctima de abusos sexuales presuntamente por parte de un sacerdote de Talavera de la Reina, María Victoria Vega, confía en que "por fin" se haga justicia en el juicio que comienza este martes en la Audiencia Provincial de Toledo.

La letrada de la acusación particular ha señalado que afronta este juicio "con muchas ganas", sobre todo por la dilación en el tiempo hasta llegar a este momento, ya que ha lamentado que les ha "costado mucho" llegar a este punto por la persona a la que se enfrenta y porque el Arzobispado de Toledo lo ha "tapado y ocultado" durante años, pese a que el Papa Francisco haya instado a luchar contra los abusos sexuales en el entorno eclesiástico.

Vega ha explicado que, después de "muchos esfuerzos", ha conseguido el apoyo de la Fiscalía tras comprobar que los abusos se habían producido, para lo cual han sido "claves" los informes periciales forenses tras evaluar a la víctima durante años y ver que "hay pruebas que no se pueden ocultar".

Por parte del acusado, su defensa sigue manteniendo "un móvil de venganza y celos inventado" que, a juicio de la abogada, es "imposible e incompatible" con las consecuencias que han tenido los hechos en la víctima en relación a una serie de episodios de autolesiones.

Por todo ello, Vega se ha mostrado confiada en que el cura procesado pueda ser condenado y "que pague por lo que ha hecho", al tiempo que ha pedido que se haga justicia "por las que callan y por las que no".

"Para mí no hay otro escenario posible", ha sentenciado la letrada, que ha augurado que la víctima -que no entrará en contacto en ningún momento con el acusado en el juicio- "va a declarar con toda la fortaleza del mundo", porque ahora se siente "más fuerte" e intenta "superarlo, continuar con su vida y que se haga justicia, aunque nadie borra nunca algo tan brutal y forma parte de sus heridas".

La víctima tiene una serie de "padecimientos psiquiátricos" compatibles con "haber experimentado acontecimientos traumatizantes, como pueden ser los abusos-agresiones sexuales continuados en el tiempo, que la víctima vivió en soledad durante años en una situación de vulnerabilidad", expone el fiscal.

Galán se enfrenta a la petición de 17 años de cárcel por parte de la Fiscalía y de 22 por parte de la acusación particular.

Además de la pena de prisión, la Fiscalía quiere que se inhabilite al acusado para cualquier profesión u oficio que conlleve el contacto regular con menores, que se le someta a libertad vigilada durante 10 años y que se le prohíba durante 20 años comunicarse con la víctima, cuya "vulnerabilidad" ha tenido en cuenta para formular su petición.