CIUDAD REAL.- El próximo miércoles 7 de julio la Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará al propietario de una explotación agraria de la localidad de Socuéllamos acusado de un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, para el que la Fiscalía pide una pena de tres años de prisión.
El acusado, que responde a las iniciales F.J.L.S.R., habría abusado durante tres años de la confianza de M.E.A., un migrante de origen marroquí al que tuvo trabajando en su plantación de melones sin recibir ningún salario a cambio, sin contrato de trabajo y sin darle de alta en la seguridad social. También carecía de descansos semanales, vacaciones y otros beneficios laborales.
Según se indica en el escrito de acusación, los hechos se remontan al año 2016, cuando el procesado acordó verbalmente con el migrante que trabajara en la preparación, siembra, crianza y recogida de los melones de su propiedad, "comprometiéndose a darle comida, tabaco, cerveza y, de forma esporádica algún billete de 10 o 20 euros".
Unas condiciones que impuso el propietario de la explotación agraria con la clara intención de "obtener un beneficio patrimonial ilícito", y siendo completamente consciente del "desprecio a las normas laborales" vigentes.
Asimismo, la Fiscalía señala que el acusado era conocedor de la "situación de carencia" en la que se encontraba el trabajador. Una persona que desconocía el idioma, carecía de recursos económicos, tenía un bajo nivel cultural y contaba con la dificultad de encontrar, debido a su escasa cualificación, otro trabajo con el que subsistir.
En 2017, el procesado acordó con su empleado que las ganancias derivadas de la venta de los melones durante las campañas de ese año y de 2018 se repartirían a partes iguales entre ambos.
Y para garantizar la seguridad del producto y evitar robos, pactaron también labores de vigilancia y control en el campo, para lo cual el acusado le cedió el uso de un bombo situada en la parcela "que carecía de las más mínimas condiciones de habitabilidad, higiene y salubridad" por la escasez de suministros de agua y electricidad , así como la falta de baño. La víctima vivió en ese bombo durante un periodo aproximado de dos años.
El fiscal sostiene que en esos dos años el acusado obtuvo unos beneficios derivados de la venta de los melones de 73.767 euros, de los cuales la mitad corresponderían al trabajador migrante empleado en virtud del acuerdo alcanzado, aunque finalmente no le entregó nada.
El represente del ministerio público considera al procesado autor de un delito contra los derechos de los trabajadores, por el que pide que sea condenado a tres años de prisión, se le imponga una multa de 10 euros diarios durante doce meses y se indemnice a la víctima con 40.000 por los daños y perjuicios ocasionados.
