Juzgados de Guadalajara en los que se está llevando a cabo el proceso penal por la muerte del menor. PeriódicoCLM

GUADALAJARA.- Este jueves está prevista una nueva sesión del juicio que se celebra desde ayer en el Juzgado de lo Penal número 2 de Guadalajara contra tres técnicos de la sección de Protección de Menores de esta provincia y la bisabuela de un niño de 13 años que murió en estado de desnutrición en 2014 en Alovera por falta de atención y complicaciones de la diabetes que padecía.

Un proceso en el que desde la Fiscalía Provincial se piden 2 años y seis meses de cárcel tanto para los técnicos como para la bisabuela del menor a los que se acusa de un delito de homicidio imprudente. El fallecimiento se producía en octubre de 2014, cuando el menor a sus 13 años y 1,51 metros de estatura, pesaba tan solo 26,5 kilos.

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Juicio cuya primera sesión se celebraba este martes, con la declaración de varios técnicos, que aseguraron ante el juez que no existían indicios del mal estado de salud del menor y que fue solo dos días antes de que muriera cuando alertaron desde el centro educativo al que asistía el niño sobre la situación que presentaba. Así lo relataban en su declaración la técnico del servicio de Menores de la Junta y la técnico de acogimiento de familia.

Antes de escuchar sus testimonios, abría el turno de las declaraciones la bisabuela del menor, de 82 años, que era la encargada de la acogida del niño, quien explicaba cómo le había afectado negativamente al niño la relación con su padre tras salir de la cárcel, pese a estarle prohibida por parte de los servicios sociales.

La acusada, que tenía encomendada la guarda del menor por acogimiento familiar permanente desde 2009, relataba que cuando quiso llevarle al médico "no me hacía con él, me daba golpes" y que el mismo día del fallecimiento del menor llamó al 112 y al centro médico alertando de que su bisnieto necesitaba ayuda, si bien ha sostenido que los servicios médicos no le hicieron caso hasta que el menor había fallecido.

Por su parte, la técnica acusada encargada de acogimiento de familias de la ACTIA, asociación sin ánimo de lucro encargada de este servicio por parte de la Junta de Comunidades, entonces en manos del Partido Popular de María Dolores de Cospedal, relataba ante el juez que sus tareas eran de acompañamiento y apoyo a la familia de acogida y que toda la información que a ella le llegaba se la comunicaba al servicio de Menores de la Junta, que tenía la tutela del niño.

Explicaba así que desde su llegada en julio de 2013 a este servicio solo tuvo constancia de alguna incidencia de este menor cuando le informaron de la salida de la cárcel del padre, quien tenía retirada la patria potestad y con quien no tenía relación desde el inicio del acogimiento, una circunstancia que les preocupaba.

Además, aseguraba que en las periódicas visitas a la vivienda no constató malas condiciones ni higiénicas ni de salud del menor ni otras incidencias en sus seguimientos telefónicos.

A preguntas de la Fiscalía sobre que los profesores del niño habían alertado de su estado de salud y que el padre les había dicho que el menor no había acudido al médico, la técnico de acogimiento ha señalado que tan sólo en una reunión mantenida en mayo de 2014 con motivo de aclarar la situación del menor con el padre, quien se había dirigido al centro, y el próximo cambio del menor al instituto, la profesora le trasladó "su preocupación por el estado del menor". Por ese motivo, llamó a la bisabuela para que lo llevara al médico.

No fue sin embargo hasta septiembre de ese año cuando, tras detectar el absentismo no motivado del niño, cuando ambas técnicas solicitaron una reunión con la orientadora del instituto al que acudía el menor, donde supuestamente no les manifestaron ninguna información sobre el mal estado de salud del niño. No obstante, el 6 de octubre el centro educativo informó a las técnicas que el menor no estaba en buen estado, por lo que le habían mandado a casa y que a su entender necesitaría atención médica urgente.

Ante esta situación, ambas técnicas han declarado que ese mismo día llamaron a la bisabuela para instarle a llevarle al médico, si bien aunque ésta concertó una cita médica para el 8 de octubre, no se produjo la visita y el niño murió el 9 de octubre.

A preguntas de la Fiscalía, la técnico de Menores de la Junta, administración con la tutela del niño fallecido, ha reconocido que pese a tener competencias para solicitar informes al Sescam o pedir información para comprobar las visitas médicas no lo hizo, si bien ha afirmado que los datos médicos que tenían no alertaban de ninguna enfermedad ni las revisiones médicas habían detectado indicios de mal estado de salud.

En este sentido, han manifestado que el fallecimiento les impactó, más cuando luego supieron que la bisabuela llamó a varias asistencias médicas alertando del estado del menor e "inexplicablemente" no fue atendida.

También han señalado que el director del instituto en el que estaba el menor podría haber requerido asistencia médica para el menor si consideró que era urgente que el niño recibiera atención médica.

Según la Fiscalía, los tres empleados del servicio de Menores, en cuanto encargados del seguimiento del menor, "omitieron ante las noticias recibidas sobre el estado del mismo, las más elementales normas de vigilancia y cuidado, haciendo caso omiso a las advertencias que recibían tanto de los centros donde el menor cursaba sus estudios, como de su padre, sobre el estado de salud del fallecido, así como del abandono al que le tenía sometido su bisabuela, persona designada como adecuada para atender al menor, y que lejos de esto omitía cualquier vigilancia sobre su bienestar y salud".

El menor falleció el 9 de octubre de 2014 como consecuencia de parada cardiorrespiratoria secundaria a shock hipovolémico, siendo la causa del mismo la cetoacidosis diabética, por diabetes mellitus y sus complicación a dicha enfermedad, enfermedad ésta que no fue detectada en ningún momento anterior a su fallecimiento por falta de asistencia médica del menor.

Según la Fiscalía, en caso de que se hubiera detectado a tiempo y con el tratamiento adecuado, se hubiera impedido su muerte.

El juicio, que se reanuda mañana jueves, proseguirá los días 13, 15 y 20 de julio.