TOLEDO.- La auditoría practicada sobre la actuación de las residencias de mayores de Castilla-La Mancha durante la pandemia, en cuyo marco se han realizado un total de 329 inspecciones, se ha saldado con un único expediente sancionador al centro residencial de Elder en Tomelloso (Ciudad Real). Dato que confirmaba la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, en una entrevista concedida a EuropaPress, en la que señalaba que "no hay más" sanciones al margen de la establecida para esta residencia.
Una sanción que se sumaría al proceso judicial que se encuentra abierto contra el director del centro, José Manuel Sampedro, quien está llamado a declarar ante el juez en calidad de investigado por lo sucedido en la residencia en el inicio de la pandemia, el próximo 27 de julio, a las 9.30 horas, tras la suspensión de la anterior citación, tal y como ha podido saber en primicia PeriódicoCLM.
Y es que según la consejera, en líneas generales los resultados de esta auditoría "han sido buenos" y "no se han visto grandes problemas", más allá del "problema principal" que ha sido el virus, que atacaba principalmente a las personas mayores y que era "incontrolable".
Reconoce no obstante que "no todo es perfecto" y que se han detectado "deficiencias" y "procesos" que habrá que abordar, "pensando en el bienestar de los mayores y en la buena atención a las personas que residen en los centros". No obstante, subrayaba el "esfuerzo y trabajo" que de forma generalizada se ha desarrollado en las residencias.
Pero este expediente sancionador por parte de la Administración regional a la residencia Elder de Tomelloso no es el único procedimiento que apunta a una mala praxis en el centro, puesto que sobre el mismo y su dirección, que aún sigue ostentando José Manuel Sampedro Lara, sigue abierta una causa judicial tras la denuncia interpuesta por un grupo de familiares de residentes fallecidos en la residencia en el inicio de la pandemia, con el objetivo de esclarecer qué sucedió en el centro y que, en su caso, se asuman responsabilidades.
Cabe recordar que durante los primeros meses de la pandemia en la residencia Elder de Tomelloso se contabilizaron más de 70 muertes entre sus residentes, de las cuales 15 en apenas seis días.
Una situación por la que el director del centro era llamado ante el juez el pasado mes de abril en calidad de investigado por presuntos delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro, derivados de su gestión al frente del centro sociosanitario, tal y como adelantaba PeriódicoCLM. Declaración que si bien estaba fijada para el 16 de abril, quedó suspendida y aplazada hasta nueva fecha una vez que se hubieran podido completar las declaraciones de todos citados como testigos. Fecha que ahora se ha fijado para el 27 de julio, a las 9.30 horas.
Una declaración que forma parte de las actuaciones planteadas desde el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Tomelloso, con el objetivo de tratar de determinar "la relevancia penal" que se pudiera derivar de la actuación del director del centro.
Días antes también estaban llamados a declarar como testigos responsables sanitarios y varios trabajadores de la residencia de mayores en el momento en los primeros compases de la pandemia, parte de los cuales también vieron aplazada su comparecencia ante el juez varias semanas.
Según relataban los familiares de varios residentes fallecidos en la Elder, durante aquellas primeras semanas de pandemia se les decía que en el centro "covid cero", mientras que la realidad era bien distinta, tal y como explicaron el pasado diciembre a PeriódicoCLM.
Una situación sobre la que el propio director de la residencia, José Manuel Sampedro, situaba el foco mediático al entrar en un programa de televisión denunciando un supuesto "abandono" por parte de la Administración regional, señalando que para entonces ya eran 14 los residentes fallecidos -era el 18 de marzo de 2020- y los contagios iban en aumento.
Una versión completamente distinta a la que tan solo días antes ofrecía a las familias de los residentes a través de las redes sociales, en las que aseguraba que en el centro se trabajaba "con normalidad" y que estaba "todo bien".
Acusaciones de abandono que ese mismo día salía a desmentir el director general de Salud Pública, Juan José Camacho, quien explicaba cómo desde hacía varios días -desde el mismo momento en que Sampedro había comunicado que había residentes con síntomas y fallecimientos- se habían puesto a disposición desde el Sescam, enviando un equipo para las primeras labores de triaje. Era el 15 de marzo, y horas después se enviaban tres equipos más para completar el triaje a los 75 pacientes con síntomas.
Del mismo modo Camacho explicaba cómo desde el Sescam se proporcionaron equipos de protección individual (EPI) a los trabajadores de esta residencia de titularidad privada, puesto que hasta entonces no habían dispuesto de ellos ya que la empresa no los había proporcionado.
Toda una serie de situaciones que deberán ser analizadas por los tribunales para dirimir si la actuación del director del centro fue la correcta o si se podría derivar alguna responsabilidad.
Por el momento la sanción administrativa ya está confirmada -aunque desde el Gobierno regional no se han ofrecido detalles precisos sobre el alcance de la misma-, ahora deberá ser el juez el que señale si de la gestión del centro sanitario se pudo derivar un presunto delito de homicidio imprudente y otro de omisión del deber de socorro.
