María Dolores de Cospedal junto a quien fue su asesor de seguridad en la Presidencia de Castilla-La Mancha, Andrés Gómez Gordo. ARCHIVO

TOLEDO.- Continúa el cerco judicial uno de los hombres de confianza de María Dolores de Cospedal. Junto a él, la Audiencia Nacional ha puesto bajo la lupa a varios altos cargos del Ejecutivo autonómico del Partido Popular de Esperanza Aguirre por la presunta trama de malversación en la construcción del Campus de la Justicia de Madrid (CJM).

El magistrado Santiago Pedraz ha enviado al banquillo a un total de seis acusados, entre los que se encuentra el exconsejero Alfredo Prada y Andrés Gómez Gordo, el policía que posteriormente desde 2011 hasta 2015 fue asesor de seguridad y director general de Análisis y Documentación de la entonces presidenta de Castilla-La Mancha.

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Para él la Fiscalía pide seis años de prisión por su etapa como director de Seguridad del ente madrileño, así como una fianza solidaria de 40 millones de euros a los seis encausados, con el fin de garantizar las responsabilidades civiles o económicas que pueden derivarse en caso de ser condenados.

Además, la Fiscalía Anticorrupción ofrece una calificación alternativa por delitos continuados de prevaricación y fraude a la Administración Pública, por los que pide otros tres años de cárcel para Gómez Gordo.

Por su parte, la Abogacía de la Comunidad de Madrid, que también ejerce de acusación en esta causa, solicita mayores penas por delitos continuados de malversación y fraude a la Administración Pública, pidiendo once años de prisión para el antiguo asesor de Cospedal.

En anterior titular del Juzgado, José de la Mata, acordó el procesamiento de los seis investigados y señaló que estos, liderados por Prada, "se pusieron de acuerdo con terceras personas y empresas para adjudicar irregularmente a su favor distintos contratos de CJM, elaboraron un plan criminal y pusieron en marcha distintos artificios para llevarlos a cabo".

Según explicaba de la Mata, Gómez Gordo, el consejero y el resto de directivos investigados "corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación de contratos de CJM, quedando afectada sustancialmente su operativa y los resultados económicos, menoscabando así los bienes jurídicos que tutela el tipo penal de la malversación de los caudales públicos".

La investigación se centra en varios contratos bajo sospecha, como la redacción del proyecto, la dirección facultativa de las obras, la creación de la marca representativa, el asesoramiento jurídico o la estrategia de comunicación.

En ese sentido, de la Mata señala que en este caso "no estamos ante autoridades o funcionarios que hayan sustraído para su lucro personal el dinero de la administración en perjuicio del patrimonio público: la conducta aquí perpetrada afecta al sistema de funcionamiento de una entidad pública, que ha resultado deteriorada, dañada y menoscabada, tanto en su imparcialidad, probidad y prestigio, como en su eficacia y en su integridad patrimonial, hasta el punto de haber sufrido perjuicios el erario público de cientos de millones de euros".

El anterior titular sostiene que los investigados "conocieron perfectamente la ilegalidad de su actuación", afirma que existe "un buen conjunto de contratos" donde se concertaron con grupos empresariales "para fijar un precio arbitrario" y conseguir la adjudicación, y añade que también prescindieron de procedimiento de contratación y fraccionaron contratos, entre otras irregularidades señaladas en este proceso judicial.

IMPUTADO EN 'KITCHEN'

Un proceso que no es el único en el que se investiga a Gómez Gordo. El antiguo asesor de Cospedal está imputado en la pieza 'Kitchen' del caso Villarejo por el presunto espionaje al que fuera tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. El policía llegó a reconocer ante el juez que pagó 2.000 euros mensuales con fondos reservados al chófer del tesorero, Sergio Ríos, en calidad de confidente.

Una supuesta trama de espionaje en la que también se investiga a la expresidenta de Castilla-La Mancha por cohecho, malversación y tráfico de influencias. Presuntos delitos que podría haber cometido desde su despacho en el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia regional.

Por otro lado, el policía, que ascendió a comisario y fue condecorado irregularmente por el Gobierno de Mariano Rajoy, fue señalado por el juez Enrique García Castaño, estrecho colaborador de Villarejo, como el redactor del informe PISA contra Podemos.