TOLEDO.- La Audiencia Provincial de Toledo ha condenado a ocho años y medio de prisión al sacerdote de Talavera de la Reina José Luis Galán, como autor de un delito continuado de abusos sexuales con acceso carnal, cometido sobre una menor, hija de la mujer con la que el religioso mantenía una relación.
Una sentencia que reduce de forma considerable las penas que para él solicitaban tanto la Fiscalía como la acusación particular, que pedían 17 y 22 años de cárcel, respectivamente.
Peticiones con las que se llegaba al juicio celebrado a puerta cerrada los pasados 29 y 30 de junio, y 1 de julio. Sesiones en las que se pusieron de manifiesto los hechos ocurridos desde enero de 2011, cuando el sacerdote fue designado director espiritual de la joven, inmersa entonces en una "situación de angustia y confusión" por la crisis matrimonial que vivían sus padres.
Se convertía así en una persona de confianza de la joven, que sin embargo tuvo con ella "comportamientos lascivos" en el despacho parroquial de la iglesia de San Ildefonso. Abusos que se repitieron hasta junio de 2013, aprovechándose del "aislamiento familiar" al que se había sometido a la menor tras el divorcio de sus progenitores.
Vejaciones que llevaron a la menor a padecer anorexia y tener un intento de suicidio, antes de terminar denunciando todo lo sucedido a finales de 2017. Fue entonces cuando la joven se querelló contra el sacerdote. Condición que a Galán no le fue retirada en ningún momento, prohibiéndosele únicamente oficiar misas en público.
Una 'protección' por parte del Arzobispado de Toledo - en el que se había tenido conocimiento de la denuncia y de las cartas remitidas por la joven al Papa Francisco - que hizo que Galán siguiera dando clases como profesor de Moral y Ética en el Instituto Teológico San Ildefonso hasta enero de 2018, cuando se decidió enviarle a un convento de clausura en Toledo.
Finalmente se conseguía llegar a juicio el pasado mes de junio, con la confianza en que "por fin" se hiciera justicia en este caso, al haber costado "mucho llegar" por ser la persona denunciada un miembro de la Iglesia y haberse "tapado y ocultado" durante años lo sucedido por parte del Arzobispado de Toledo, pese a la insistencia del papa Francisco a luchar contra los abusos sexuales en el entorno eclesiástico, tal y como destacó en su momento la letrada de la acusación particular, María Victoria Vega.
Recordaba entonces que "hay pruebas que no se pueden ocultar" y que los informes periciales forenses tras evaluar a la víctima durante años, no dejaban lugar a dudas.
Mientras, desde la defensa del acusado, mantenían que todo respondía a "un móvil de venganza y celos inventados", algo que para la acusación era "imposible e incompatible" con las consecuencias que los abusos tuvieron en la víctima.
Además de la pena de cárcel, la sentencia de los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo establece para el sacerdote la inhabilitación especial para el ejercicio de toda profesión u oficio, retribuido o no, que suponga el contacto regular con menores de edad durante la condena.
Asimismo, se le prohíbe comunicarse con la víctima y aproximarse a ella, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar a menos de 300 metros, durante un periodo de 18 años.
Por último, se impone al condenado el abono de una indemnización de 50.000 euros a la víctima en concepto de responsabilidad civil.
Ante esta sentencia, cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
