TOLEDO.- Los centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha ya tienen nuevas medidas complementarias para prevenir los contagios de covid-19. Medidas en las que, tras el revés recibido por parte de los tribunales respecto a algunas de ellas, la 'obligatoriedad' se convierte en 'recomendación' .
Nuevas indicaciones para los centros, servicios y establecimientos de servicios sociales de la región que hoy publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), marcando así su entrada en vigor.
Medidas que se mantienen respecto a la resolución del pasado 6 de agosto, como la limitación de las visitas a dos por semana o el uso de mascarilla para los residentes cuando se encuentren en espacios cerrados de uso común, pero también algunas de cambian tras el rechazo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSCLM) y posterior refrendo a la decisión por parte del Supremo.
Auto del Supremo del pasado día 19 -tan solo un día antes de que expirase la vigencia de las medidas complementarias, que siguieron vigentes hasta entonces- en el que, cabe recordar, ya se indicaba que esta sustitución de la obligación por la recomendación podía ser la vía a seguir por el Gobierno regional en aras de seguir apostando por este tipo de medidas.
Así, en la resolución publicada este lunes, desde la Consejería de Bienestar Social se plantea como recomendación -en lugar de obligación, como se establecía en la del 6 de agosto- la realización con carácter semanal de pruebas diagnósticas de infección activa a todas las personas trabajadoras vacunadas o que hayan pasado la enfermedad en los últimos tres meses. Pruebas que se realizarán a través del servicio de prevención de riesgos laborales o en el mismo centro residencial.
Del mismo modo, para aquellos trabajadores que no se encuentren vacunados, se recomienda que "no se les asigne el cuidado de las personas residentes no vacunadas y, en su caso, a las que aún no hubieran completado la vacunación".
Evitar contactos que también se plantea para aquellas personas trabajadoras que retornen de permisos y vacaciones de una duración superior a 15 días, para las que se recomienda que "no estén en contacto con personas residentes no vacunadas" durante 7 días.
Periodos vacacionales o ausencias, así como nuevas incorporaciones, tras las cuales se recomienda la realización de pruebas.
Por otra parte, la resolución recomienda que a aquellos trabajadores que "rechacen la vacuna o que no hayan completado su vacunación" se les realice control de temperatura diario y pruebas diagnósticas de infección activa "dos veces por semana", como medida específica de evaluación del riesgo y de prevención. Pruebas que serán realizadas, igualmente, por el servicio de prevención de riesgos laborales correspondiente o en el mismo centro residencial.
Asimismo, también se cambia la obligación por la recomendación en la otra medida que fue denegada por parte de los tribunales, relativa al aislamiento de quienes presentasen una clínica sospechosa de covid hasta la realización de las pruebas.
En este sentido, la resolución de Bienestar Social ahora recomienda proceder al aislamiento de quienes se encuentren en esa situación hasta que se realicen la correspondiente prueba, y en caso de confirmarse la infección activa, se proceda a la aplicación del protocolo para el manejo de caso confirmado, poniéndose inmediatamente en conocimiento de la autoridad sanitaria para su gestión y declaración.
Recuerdan asimismo, que la detección de un solo caso positivo, tanto entre los residentes como entre los trabajadores, se considerará brote a efectos e intervención.
VISITAS Y SALIDAS
Por otra parte, se mantienen las medidas complementarias respecto a las visitas en las residencias de mayores. Así, para quienes no estén en aislamiento o cuarentena ni hayan estado en contacto con un positivo ni tengan síntomas compatibles con la enfermedad, podrán recibir dos visitas semanales, aunque este régimen "podrá adaptarse en función de la valoración realizada por las personas responsables de salud pública, en coordinación con las personas responsables de servicios sociales de la Comunidad, dependiendo de la situación epidemiológica y de cada centro".
Asimismo, se recomienda que en caso de que exista un brote en el centro, quienes acudan preferentemente sean quienes hayan completado la pauta de vacunación.
Visitas que seguirán siendo concertadas, mediante un sistema de cita previa, y de las cuales se llevará un registro con los datos identificativos y de contacto de la persona visitante.
En lo que respecta a las salidas en las residencias de mayores, siguen permitidas en condiciones ordinarias, salvo para quienes sean positivos al virus, hayan tenido contacto con un caso o presenten síntomas compatibles con la enfermedad.
Por su parte en las viviendas de personas mayores, personas con discapacidad y centros de atención a personas con discapacidad grave y menores, se mantiene el régimen regular de visitas observándose todas las medidas preventivas generales, y se suspenden únicamente para los positivos o contacto estrecho con algún caso.
Medidas que tendrán vigencia hasta el próximo 8 de septiembre y con las que el Gobierno regional tiene como objetivo "proteger a toda la ciudadanía en el ámbito de la salud, en el ámbito social y en el ámbito económico", tal y como ha destacado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano.
El Ejecutivo regional acepta la decisión de los jueves y publica estas nuevas medidas, solo recomendando las pruebas preventivas, tratando así de ponerlas en marcha "dentro del marco legal".
En este sentido la consejera ha precisado que de forma independiente a aceptar la resolución del Tribunal Supremo, desde el Gobierno "no dejamos de lado seguir estudiando la posibilidad de nuevas medidas dentro del marco legal". Medidas a plantear "junto con las entidades que gestionan centros residenciales para personas mayores", las cuales "comparten con este Gobierno la necesidad de establecer medidas de carácter preventivo para proteger la salud de los residentes y trabajadores".
