Amnistía Internacional ha pedido que las pistolas de descarga eléctrica estén sujetas al mismo criterio de uso que las armas de fuego. Foto: AYTO. FUENSALIDA

TOLEDO.- Preocupación por el uso de las pistolas táser en los cuerpos de Policía Local de Castilla-La Mancha. Amnistía Internacional ha denunciado la falta de información sobre la compra de estos dispositivos por parte de los ayuntamientos de Albacete, Alcázar de San Juan, Fuensalida y Talavera de la Reina.

En una nota de prensa, la organización defensora de los derechos humanos ha advertido del riesgo que supone el uso de las armas de electrochoque sin una regulación o mecanismos de control adecuados, recordando que su empleo puede llegar a causar graves daños e incluso la muerte.

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Anmistía Internacional ha solicitado que las pistolas y porras de descarga eléctrica estén sujetas al mismo criterio que se aplica al uso de las armas de fuego, ante los efectos que pueden tener sobre la integridad física y mental de las personas sobre la que se emplean.

Del mismo modo, la organización ha explicado que hay perfiles de personas que por determinadas condiciones físicas son más vulnerables frente a este tipo de armas, como es el caso de los menores de edad, ancianos, personas con riesgos cardiacos o mujeres embarazas.

También ocurre con los consumidores de drogas o medicamentos asociados a dolencias psíquicas. Desde la asociación han expresado su preocupación por las declaraciones del Ayuntamiento de Fuensalida, que ha justificado el uso de los táser para "incapacitar neuromuscularmente a individuos que opongan resistencia a los agentes y se encuentren bajo la influencia de las drogas, sean peligrosos o tengan enfermedades contagiosas".

Con estas reticencias a su uso, Amnistía considera que las armas táser "deberían ser parte del armamento policial solo si existe una necesidad operativa real" y si su uso se limita a "situaciones en las que exista un riesgo para la vida o integridad física del agente o de terceras personas".

Además, consideran necesario que se elaboren protocolos públicos para su uso, garantizando que los agentes que vayan a emplearlas estén debidamente formados en su utilización y riesgos, así como en las precauciones que deben tomarse para evitarlo.

Por último, la organización lamenta que ninguno de los cuatro ayuntamientos ha respondido a sus solicitudes de información sobre los protocolos y la formación previa de los agentes.

UNA REGULACIÓN EXHAUSTIVA

El uso de este tipo de armamento se ha extendido en los últimos años entre más de 200 cuerpos de policías locales, la Ertzaina, los Mossos d'Esquadra y en la Policía Nacional, aunque su introducción no ha estado exenta de polémica. En España, al menos tres personas han muerto desde el 2018 en el marco de actuaciones policiales con pistolas táser.

El Defensor del Pueblo ha solicitado al Ministerio de Interior que regule de forma "exhaustiva y detallada" el uso de las armas de descarga eléctrica, exigiendo unos criterios comunes entre todos los cuerpos policiales, proponiendo que los agentes reciban formación específica y las actuaciones sean grabadas.