TOLEDO.- Siete resoluciones aprobadas -de las cuales tres sin ningún voto en contra- y catorce rechazadas, ha sido el resultado de las votaciones con las que este jueves se ha puesto punto final al debate sobre el estado de la región celebrado durante los últimos dos días en las Cortes de Castilla-La Mancha.
Cita parlamentaria en la que el grupo parlamentario socialista ha sacado adelante sus siete propuestas de resolución -el máximo establecido para cada grupo-, unas contando también con el apoyo de los cuatro diputados de Ciudadanos y otras haciendo valer su mayoría de diecinueve escaños en el Parlamento regional.
Un PSOE que no ha dado tregua a la oposición, pasando el rodillo y votando en contra de todas y cada una de las propuestas de resolución planteadas tanto desde el Partido Popular -que se ha abstenido en cinco de las siete iniciativas del PSOE y en otras tantas de Ciudadanos- como desde la formación naranja, cuyos cuatro diputados han votado a favor de cuatro resoluciones socialistas y otras cuatro populares.
Propuestas de resolución en las que los socialistas recogían las medidas anunciadas por el presidente regional, Emiliano García-Page, durante su intervención ante el Pleno ayer miércoles, entre las que se encuentran la reducción de impuestos, el impulso al desarrollo económico y al empleo, así como políticas contra la despoblación.
Así, en materia de reducción de impuestos, armonización fiscal y administraciones públicas, la propuesta del PSOE que ha sido aprobada incluye mantener el compromiso adquirido por García-Page con los agentes económicos y sociales de no incrementar la presión fiscal durante la legislatura y aprobar en 2022 un conjunto de desgravaciones fiscales de carácter progresivo y solidario, con el objetivo de favorecer a las familias, a las personas con discapacidad y a las empresas de la región.
También plantea suprimir 19 tasas y tarifas, elaborar unos presupuestos de la Junta para 2022 que consoliden el gasto público llevado a cabo en 2021, continuar con la aprobación anual de ofertas de empleo público, que permita al acabar la legislatura haber convocado más de 20.000 plazas desde 2016 y movilizar más de 2.400 millones de euros a través del nuevo programa operativo Feder 2021-2027.
Y, además, presentar antes de acabar 2021 su propuesta para un nuevo modelo de financiación autonómica, a fin de que sea debatida y aprobada de manera urgente en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y reclamar la inclusión en los presupuestos generales del Estado para 2022 de un fondo adicional covid para las comunidades autónomas, como lo hubo en 2020 y 2021.
En cuanto al desarrollo económico y el empleo, el grupo socialista planteaba una batería de iniciativas para crear empleo, impulsar la seguridad laboral y la formación profesional, apoyar a los autónomos, empresas y entidades de economía social, y apostar por el turismo, el comercio y la artesanía.
Respecto a las políticas contra la despoblación, la propuesta del PSOE apoya a la Junta para que solicite al Gobierno que aborde de forma "urgente" un nuevo modelo de financiación autonómica que incorpore la solidaridad en su funcionamiento y, que permita disponer de más recursos, que se distribuyan de acuerdo con el coste real que a cada comunidad autónoma le cuesta prestar los servicios.
En materia de sanidad, se mantiene el compromiso de invertir en Atención Primaria al menos el 25 por ciento del presupuesto y propone elevar al Gobierno la necesidad de incrementar el presupuesto teniendo en cuenta las necesidades asociadas a la prestación de servicios en territorios con baja densidad demográfica, así como el envejecimiento de la población, la cronicidad y los cuidados.
En cuanto a agua, el PSOE presentaba para su aprobación seguir avanzando en la recuperación del Tajo e instar al Gobierno a que cumpla las sentencias de los tribunales respecto al caudal ecológico de este río; en fomento recoge reivindicaciones como la línea férrea, convencional y AVE, entre Madrid y Extremadura/Lisboa o la ampliación de la A-43 por el trazado sur por la comarca de Almadén, y en Vivienda destaca aprobar el proyecto de ley de Medidas Integrales para la Protección del Patrimonio Inmobiliario, la Seguridad Ciudadana y la Convivencia Vecinal y contra la Ocupación Ilegal de Viviendas.
En educación y cultura, propone trasladar al Gobierno que incremente paulatinamente el gasto estatal en materia educativa hasta que la inversión suponga el 5 por ciento del PIB nacional como forma de garantizar la cohesión social, la erradicación de desigualdades y una educación inclusiva, desarrollar en Castilla-La Mancha un plan de renovación de colecciones para los museos de titularidad estatal y reducir el IVA a los sectores culturales, bajo criterios de racionalidad y competitividad.
Y respecto a políticas de igualdad y bienestar social, apuntan distintas líneas de apoyo y atención a mayores, personas con discapacidad, dependencia, familias y personas en situación de vulnerabilidad.
REHACER EL ESTATUTO
Por su parte desde el PP, se presentaban otras siete propuestas de resolución en las que planteaba una bajada de impuestos a ciudadanos, pymes y autónomos, las defensa del marco constitucional y un nuevo Estatuto de Autonomía, un nuevo texto "adaptado a los tiempos" y a las necesidades de la región.
Este nuevo Estatuto debería redactarse en base a varias premisas, entre ellas que permita bajar los impuestos a los ciudadanos ejerciendo el derecho al autogobierno y sin armonizaciones fiscales, que impida el aumento de políticos en las instituciones y que defienda "activamente" la unidad de España.
Sobre la bajada de impuestos el PP proponía reducir de inmediato la escala autonómica del IRPF; deducir la cuota para los autónomos que hayan emprendido una actividad económica desde el 1 de enero de 2019, y bonificaciones para deducir el 15 por ciento de lo invertido en rehabilitación de inmuebles en centros históricos y para los menores de 35 años que adquieran su primera vivienda habitual en zonas en riesgo de despoblamiento.
Además, proponía bonificar al cien por cien del impuesto de patrimonio, eliminar el impuesto de actividades y establecer el abono inmediato de subvenciones y medidas complementarias para reducir el coste de la energía eléctrica.
Respecto a medidas de apoyo a la agricultura y la ganadería y en defensa de la igualdad de derechos en el mundo rural, el grupo popular pedía al Gobierno regional en su resolución el cumplimiento "de inmediato" de los acuerdos y compromisos del Pacto del Agua, la agilización de la estrategia de la Agenda 2030 y ampliar los beneficios fiscales especiales para los habitantes de zonas rurales con crisis demográfica.
En materia educativa, proponían implantar la educación gratuita de cero a tres años en toda la región, respetar la autonomía de los centros educativos en la gestión de sus recursos, implementar medidas para conseguir una plena digitalización de la enseñanza, contratar personal de enfermería en los centros educativos y aumentar la financiación de la Universidad de Castilla-La Mancha estableciendo un contrato-programa de, al menos, 200 millones de euros de subvención nominativa.
En sanidad, las propuestas de resolución del grupo popular pedían aumentar las plantillas de sanitarios en todas las categorías, dotar a la Atención Primaria de los recursos personales y técnicos suficientes y elaborar un plan específico de reducción de listas de espera sanitaria dotado con, al menos, 20 millones de euros.
La puesta en marcha "urgente" de un Plan de Rescate del Tercer Sector de Castilla-La Mancha que aporte seguridad, estabilidad y certidumbre al funcionamiento de sus entidades era una de las propuestas en el área de bienestar social que incluía adelantar las convocatorias y reducir la burocracia.
Asimismo, en su propuesta sobre la defensa del marco constitucional, el PP pedía instar a las Cortes de Castilla-La Mancha a expresar su respaldo "incondicional y absoluto" a la Constitución, reconocer el espíritu y los valores de la Transición y defender la monarquía parlamentaria y la independencia del Poder Judicial.
ACABAR CON LOS PRIVILEGIOS
Por su parte desde el grupo parlamentario Ciudadanos se solicitaba, entre otras cuestiones, una reforma del sistema educativo en la región, la bajada de varios impuestos y que la sanidad, al menos, tenga el mismo presupuesto que ha tenido en 2021.
Una de las propuestas de resolución de Cs, pedía así impulsar la pluralidad de modelos educativos, diseñar una evaluación externa de los centros educativos sostenidos con fondos propios de la región para identificar las prácticas educativas más adecuadas y asegurar la efectiva gratuidad de la enseñanza básica, así como elaborar un nuevo Plan de Formación Profesional.
En materia de impuestos, la formación naranja solicitaba la creación de una "tarifa plana" para autónomos, un plan de reducción de la carga fiscal para las Familias Jóvenes y desarrollar una estrategia para dinamizar la Economía con medidas para el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación; en el ámbito fiscal, para el fomento del tejido productivo y con políticas de empleo.
La reforma del sistema de financiación autonómica y reforma del sistema de financiación local eran otras de las medidas propuestas por Cs en este apartado.
Para la sanidad, proponían reactivar la comisión sobre la gestión y efectivos del covid-19 en Castilla-La Mancha, mantener en 2022 la inversión recogida en el presupuesto de 2021, aprobar un catálogo de pruebas diagnósticas que aumente las posibilidades de diagnóstico en la Atención Primaria y desarrollar un plan de coordinación y colaboración entre el personal de Atención Primaria y el personal de Atención Especializada y Atención Sociosanitaria, entre otras iniciativas.
En materia de administración pública, la formación naranja pedía "acabar con el maltrato burocrático" al que a su juicio se ven sometidos los ciudadanos en sus relaciones con estas entidades y, entre otras iniciativas, ha planteado la creación de una "Ventanilla Única" para los trámites del ciudadano con la administración.
También proponía la creación de canales de comunicación para que cualquier persona pueda informar, de forma confidencial y con protección, sobre indicios de corrupción o fraude en la comunidad autónoma, que se realice una evaluación independiente del gasto y de las políticas públicas y una auditoría integral del gasto de la Junta, así como la aprobación de una ley de Evaluación de Políticas Públicas y se trabajara para eliminar los aforamientos de políticos y los privilegios de los expresidentes de Castilla-La Mancha.
Asimismo, sugerían la creación un plan de carrera profesional de los empleados públicos, un plan de racionalización del sector público y que se elimine el abuso de la temporalidad en la gestión de los recursos humanos de la Junta.
La ocupación ilegal de viviendas ha centrado otra de las propuestas presentadas por Cs y en ella se pedía remitir con urgencia al Congreso la ley aprobada en la región en 2020.
Sobre las infraestructuras del transporte, Cs solicitaba el "inminente comienzo" de las obras de la A43/A32 de Albacete a Cuenca y la Autopista de la Alcarria, de nueva construcción, para que en 2026 pudiera entrar en servicio; el cumplimiento del III Plan de Carreteras y la puesta en marcha programas de comercialización de suelo industrial infrautilizado.
En materia de agricultura y agua, la formación naranja pedía invertir en regadíos, aprobar un nuevo Plan Hidrológico Nacional y suprimir el canon medioambiental del agua en el Proyecto de Ley de Aguas de Castilla-La Mancha.
Todo ello, al igual que las iniciativas planteadas por los populares no han encontrado apoyo -ni siquiera el comodín de la abstención- en la bancada socialista, que se ha opuesto a todas y cada una de las propuestas realizadas desde la oposición.
