TOLEDO.- El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al decreto que regula la zonificación de Castilla-La Mancha según siete indicadores y que establece las áreas a las que se dirigen las medidas de lucha contra la despoblación, que suponen el 80 por ciento de los municipios en los que viven el 20 por ciento de los habitantes.
El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno en el que se han aprobado los decretos que desarrollan la ley de medidas frente a la despoblación.
Martínez Guijarro ha explicado que para realizar la zonificación de Castilla-La Mancha se han tomado como punto de partida las áreas de salud y se han aplicado siete indicadores: la población a 1 de enero de 2020, la densidad de población, la evolución poblacional desde 2001, el grado de envejecimiento, los porcentajes de afiliados a los distintos sectores productivos, el uso del suelo y el aislamiento geográfico y la accesibilidad.
En función de ello se establecen las zonas y dos de ellas, las escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, son a las que se dirigen las medidas y agrupan un total de 721 municipios, que representan el 78 por ciento del total de Castilla-La Mancha, donde viven 438.000 habitantes, esto es, el 21 por ciento de la población.
Lo que significa, según ha señalado el vicepresidente regional, que en el 80 por ciento de los municipios vive el 20 por ciento de la población castellanomanchega.
En Castilla-La Mancha se han catalogado 14 zonas de extrema despoblación, en las que se incluyen 523 municipios donde viven 197.762 personas; y las zonas de intensa despoblación, son 10 en las que se incluyen 173 municipios donde viven 208.569 habitantes.
A estas se les suman las zonas en riesgo de despoblación, que son dos, con 25 municipios en los viven unas 31.693 personas; 5 zonas intermedias con 78 municipios; y seis zonas periurbanas con 51 municipios.
Por último, destacan las siete zonas urbanas con sus siete municipios, entre los que se incluyen las cinco capitales de provincia, la localidad de Talavera de La Reina y la urbe industrial de Puertollano.
La aprobación de esta zonificación posibilitará aplicar las medidas contra la despoblación, algunas ya de forma directa, como por ejemplo las desgravaciones fiscales al cumplimentar los impuestos, ha indicado Martínez Guijarro, quien ha destacado que Castilla-La Mancha es la primera comunidad autónoma en tener realizada esta división por zonas para dirigir las actuaciones.
En ese sentido, el vicepresidente ha manifestado que de esta forma ya se podrán incorporar medidas de acción positiva dirigidas a las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación en todas las convocatorias públicas de ayudas, bien mediante convocatorias exclusivas para estas áreas, o incrementando los porcentajes de la subvención, o con puntuación adicional para los proyectos en las zonas despobladas.
El Consejo de Gobierno también ha aprobado los decretos que regulan los órganos de participación previstos en la ley contra la despoblación, como son el consejo regional del medio rural y la comisión interdepartamental.
Con ello, ha explicado el vicepresidente de la Junta, se espera que antes de fin de año se pueda aprobar la estrategia contra la despoblación que incorporará más de 200 medidas.
Las actuaciones contra la despoblación se plantean en un horizonte de diez años y transcurridos los cuatro primeros se hará una revisión para comprobar la situación de cada una de las zonas.
Martínez Guijarro ha recordado que la ley contra la despoblación contempla medidas en el ámbito educativo como que los colegios se puedan mantener abiertos con al menos cuatro niños, además de garantizar el transporte escolar.
Asimismo, en el apartado sanitario, se establecen tiempos máximos para atender urgencias médicas en puntos de atención continuada, el transporte aéreo sanitario está disponible las 24 horas durante todos los días del año, y se prevé el refuerzo de profesionales del Sescam y de servicios como la telemedicina.
El texto aprobado el pasado mes de mayo por las Cortes de Castilla-La Mancha también refuerza los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia, además de reordenar el transporte interurbano sensible a la demanda.
