TOLEDO.- Los empleados públicos de la Administración regional podrán denunciar los posibles casos de abusos o corrupción de altos cargos u otras personas que trabajen en dicha administración, a través de un canal de alertas y denuncias que se habilitará específicamente para ello.
Un canal que permitirá plantear las denuncias con garantías de seguridad y anonimato para el denunciante, tal y como ha avanzando hoy el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, José Luis Martínez Guijarro, durante su intervención en las IV Jornadas ‘Revista Gabilex’, que se celebran entre hoy y mañana en la Escuela de Administración Regional, ubicada en Toledo, organizadas por el Gabinete de los Servicios Jurídicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Martínez Guijarro ha explicado que esta nueva herramienta, que tiene como objetivo proteger la figura de los alertadores de posibles represalias y se deriva de la entrada en vigor en diciembre de 2019 de la nueva Directiva Europea del Parlamento Europeo, estará en marcha a lo largo del próximo mes de diciembre.
Aunque esta directiva la tiene que trasponer el Gobierno de España a una Ley a nivel estatal, el Gobierno regional se anticipará modificando el Decreto 77/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Presidencia de la Junta de Comunidades, asignando a la Oficina de Transparencia, Buen Gobierno y Participación de la Vicepresidencia la responsabilidad de poner en marcha dicho canal interno de alertas.
De esta forma, se garantizará la recepción segura de alertas que realicen los trabajadores y trabajadoras de la Administración autonómica y la confidencialidad de las mismas y su verificación, dando traslado al órgano competente en caso de que existan suficientes indicios de veracidad.
Magistrados del Tribunal Supremo, catedráticos y expertos en el sector jurídico se dan cita en estas IV Jornadas para debatir sobre cuestiones de actualidad en los ámbitos penal, civil y administrativo. Participan además directores de Servicios Jurídicos como el de Extremadura y letrados y letradas de otras comunidades autónomas como Andalucía, Murcia, La Rioja, Galicia, Cataluña o Madrid tanto presencial como telemática.
