GUADALAJARA.- Farah, de nacionalidad española y confesión musulmana, no podrá asistir a clase durante diez días al negarse a cumplir las normas de su instituto, las cuales prohíben que los estudiantes puedan entrar a las aulas con la cabeza cubierta.
El director del IES Liceo Caracense de Guadalajara, Alejandro Mediavilla, ha comunicado formalmente a los padres la expulsión temporal de la alumna por la presunta comisión de una conducta "gravemente perjudicial para la convivencia escolar".
Finalmente, el centro ha cumplido su advertencia tras la polémica suscitada hace varias semanas, cuando el instituto público notificó mediante apercibimientos verbales y partes de amonestación que la niña de 12 años no podía entrar con el hiyab puesto en clase.
Incluso el pasado 28 de octubre, el Consejo Escolar del instituto se reunió para tratar la posible modificación de la norma de su centro por la que no pueden asistir los alumnos con la cabeza tapada, pero se aprobó por unanimidad mantener dicha prohibición.
En la nota entregada a los padres de Farah, el Liceo destaca la existencia de "agravantes" en base al artículo 20 del Decreto 3/2008 –de Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha- y de las normas del centro, como son "la premeditación, la reincidencia y la publicidad".
Asimismo, el texto destaca la "ausencia de atenuantes" en base a la misma normativa, como son el "reconocimiento espontáneo de una conducta incorrecta, la ausencia de medidas correctoras previas y la falta de intencionalidad".
El director considera que los hechos acaecidos constituyen "un acto de indisciplina que altera gravemente el normal desarrollo de la actividad del centro", motivo por el que se ha procedido a la suspensión temporal de la asistencia a clase de la menor.
La alumna no podrá asistir a clase desde este lunes hasta el viernes 19 de noviembre, aunque su expulsión no implicará la pérdida del derecho a la evaluación continua y podrá asistir a los exámenes que se realicen en esos días.
Durante la audiencia, Mediavilla ha preguntado a la familia si la alumna tiene la intención de corregir la conducta por la que está siendo sancionada, cuestión que responderá el abogado del padre más adelante.
También se les ha recordado la propuesta de la Consejería de Educación, que ha tratado de mediar entre la familia y el centro para que ninguna parte saliera perjudicada. La Delegación de Guadalajara ha ofrecido la opción de que la alumna pueda cambiar de centro, opción que ha sido rechazada por los padres.
Desde el centro también se hizo llegar estos días una carta a los alumnos en la que salía al paso de un asunto que había trascendido al ámbito público, pese a la vocación del centro de preservar la privacidad de la menor.
En esta misiva, la dirección señala que "se ha tratado de que parezca que existe un conflicto de discriminación religiosa o incluso racista", cuando, "muy al contrario, se trata de un conflicto de soberanía democrática, esto es, de quién y de cómo se deciden las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento (NCOF) en nuestro instituto".
Por su parte, fuentes de la Consejería de Educación han trasladado que respetan la autonomía del centro y, por tanto, su decisión, dando así por concluida la polémica.
"ACTITUD RACISTA"
Desde la Plataforma Feminista de Guadalajara han expresado su apoyo a la familia de Farah y han hecho un llamamiento al Liceo Caracense y a la Consejería de Educación para que la niña, que inició este año el primer curso de ESO, sea inmediatamente readmitida.
El colectivo ha sostenido que la alumna "no podrá acudir a clases por llevar hiyab", una prenda que "es parte de su vestimenta habitual". Además, han acusado a la dirección del centro de aislarla "en un 'aula de convivencia' que ni siquiera tiene ventanas, donde solo los profesores aparecen un momento para proporcionarle la tarea o los exámenes […] cual celda se tratara".
Igualmente, la plataforma afirma que el caso de Farah se configura como "un típico ejemplo de racismo contra una mujer de religión islámica", incidentes que "en los últimos veinte años se han hecho más frecuentes con motivo de los atentados terroristas".
"Las mujeres musulmanas son más visibles con respecto a sus correligionarios varones por su vestimenta, que ha sido transformada en el símbolo de su supuesta inferioridad y falta de voluntad en adecuarse a las costumbres de una supuesta cultura occidental superior" declaran desde la asociación feminista.
La organización insiste en que los casos como los de Farah "siguen el mismo patrón", aludiendo a "unas normas cuya existencia no había sido advertida antes" y que las mismas "nunca incluyen la prohibición de llevar o exponer símbolos de otras religiones".
Sin embargo, el centro ha advertido desde el inicio a la alumna de las normas de convivencia, que han sido aprobadas y ratificadas por el Consejo Escolar. Reglamentos que tampoco hacen mención a ninguna religión o género en particular, prohibiendo exclusivamente que los alumnos se cubran la cabeza.
La plataforma también ha acusado al centro y a la Consejería de Educación de tener una "actitud racista" hacia Farah, privándola de "su derecho a recibir una formación escolar y a ver respetada su identidad personal y religiosa". Consideran que la Junta y el Liceo están "causando un gran daño a ella, a su familia y la toda la comunidad".
AL DEFENSOR DEL PUEBLO
Desde el pasado 22 de octubre se han realizado varias protestas frente a las puertas del instituto, a las que han asistido decenas de mujeres de confesión musulmana con carteles contra la discriminación y favorables al uso del velo islámico.
La última concentración tuvo lugar el jueves 4 de noviembre, día en el que anunciaron que la familia de la adolescente ha trasladado su queja ante el Defensor del Pueblo, requiriendo que se analice la normativa del Consejo Escolar.
La intención es que el centro reconsidere una norma que consideran "discriminatoria", según señaló ante la prensa el secretario nacional de Partido Renacimiento y Unión de Europa (Prune), Ismail Cuellar.
Cabe recordar que Cuellar fue investigado por la Guardia Civil junto al presidente y otro integrante de la formación islamista por usurpar la identidad de 27 personas residentes en la provincia de Toledo para completar la lista que presentó el partido en Sevilla durante las últimas elecciones municipales.
